Este lunes se desarrolló una audiencia pública, citada por la Corte Constitucional, para analizar el monopolio de los licores en Colombia, un asunto que se revivió cuando en diciembre pasado la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) impuso una medida cautelar contra la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA) y le ordenó retirar del mercado y dejar de distribuir su Aguardiente Real amarillo por encontrar que guardaba gran similitud con el ya posicionado Aguardiente Amarillo de Manzanares, de la ILC.
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Reviven lío de monopolio de licores en Colombia
Fue luego de esta disputa que a la Corte llegaron dos demandas de inconstitucionalidad contra los incisos primero y segundo del artículo 28 de la Ley 1816 de 2016, norma que faculta a los departamentos que ejerzan el monopolio de licores. La razón es que consideran que estos vulneran la libre competencia, impiden la libre elección de los consumidores en el abastecimiento del aguardiente y desconocen la naturaleza rentística de los monopolios.
Pablo Felipe Robledo, uno de los demandantes, explicó que, desde 2016 hasta 2023, las ventas totales de aguardiente en los departamentos donde los gobernadores establecieron salvaguardias para favorecer a su empresa de aguardiente local cayeron 21%.
Por el contrario, sostuvo, en aquellos departamentos en donde “brilla la libre competencia” las rentas aumentaron 35 %, gracias al ingreso de todos los aguardientes.
“¿Cómo es posible que en Antioquia no pueda consumirse el aguardiente Cristal o el Aguardiente Amarillo de Manzanares, y otros tantos, y allí solo pueda consumirse el Néctar por unos años más y el aguardiente Antioqueño por el resto de la vida? (…) Cómo es posible que en Bogotá y Cundinamarca no pueda consumirse el aguardiente Amarillo de Manzanares. Y que en el Valle solo pueda consumirse Blanco del Valle, no Antioqueño, no Néctar”, expresó Robledo, quien representa a la Industria Licorera de Caldas.
Agregó que “jamás restringir la oferta en una categoría favorece a la categoría, al contrario, la merma y la socava. Desplaza al consumidor a otras categorías, como ron, tequila y whisky. La salvaguarda protege la ineficiencia de la industria local del aguardiente al eliminar la competencia con un plumazo”.
El abogado Julio Andrés Ossa, otro de los demandantes, advirtió que “lo que está en juego en esta demanda va más allá de un asunto económico. Es hasta dónde puede llegar el legislador en la restricción de la libertad humana y qué legitimidad tienen las entidades territoriales para prohibir la libre competencia, la iniciativa privada, la libertad económica y la propia libertad de la elección de los individuos”.
Según datos de Didier Tavera, director de la Federación Nacional de Departamentos, actualmente hay 24 departamentos que ejercen el monopolio de introducción de licores destilados, los cuales pueden decidir si otorgar o no permisos de introducción con una vigencia de 10 años, prorrogable por un término igual siempre se verifiquen los requisitos de la ley.
Del otro lado, dijo, hay 15 departamentos que ejercen monopolio de producción directa, de los cuales ocho lo ejercen mediante empresas donde tienen participación.
Como defensa, Juan Alberto Castro Flórez, director de la Asociación Colombiana de Empresas Licoreras, señaló que “las industrias licoreras locales constituyen un motor económico vital que deben ser protegidas con medidas de intervención económica del Estado, no solo proporciona empleo sino que también contribuye significativamente a la salud y la educación a través de las rentas endógenas derivadas del monopolio”.
Por su parte, Dillian Francisca Toro, gobernadora del Valle del Cauca, comentó que la salvaguarda, que hace referencia la Ley no ha sido obstáculo para el crecimiento del mercado en igualdad de condiciones.
“Pasamos de 13 millones de botellas a 20 millones de botellas en todo tipo de licores. Levantar la salvaguarda significaría para la Industria de Licores una afectación muy importante del plan estratégico establecido”, manifestó Toro.
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El ministro de hacienda, Ricardo Bonilla, inició su intervención argumentando que no tiene injerencia sobre los ingresos que reciben los municipios.
Pero añadió que, “desafortunadamente, para efectos de lo que hoy tiene discusión, la salud se financia con el vicio, eso no debería suceder en Colombia ni en ninguna parte del mundo (…) Lo claro es que tener el monopolio de los licores significa un ingreso que tarde o temprano una parte de él se va a financiar la salud, aunque la salud no sólo se financia con esto”.