El segundo debate de la reforma laboral en la Cámara de Representantes fue controversial, incluso con ánimos caldeados entre las bancadas y fuertes tensiones entre los partidos de Gobierno y la oposición. La efervescencia de la discusión llegó cuando se eliminaron artículos clave relacionados con los derechos de los trabajadores rurales, lo que generó críticas del presidente Gustavo Petro.
Pese a esto, la plenaria avaló el proyecto en segundo debate el pasado jueves. Los cálculos en la Cámara indican que la reforma entraría en vigor en el segundo semestre de 2025. Ahora, el articulado pasa a tercer debate en el Senado.
Durante la discusión, la oposición alertó sobre los impactos negativos del proyecto en las empresas debido a las nuevas propuestas de contratos de aprendizaje. Por su parte, los gremios han advertido que el recargo nocturno que se aprobó hará que los costos laborales suban 9%.
Es así como la reforma laboral pasó con unas de cal y otras de arena en la Cámara para luego abrirse paso en el Senado, en donde la tendrá más difícil, teniendo en cuenta que el presidente Efraín Cepeda ha dicho que “difícilmente” pasará porque no genera empleo.
Entre los artículos aprobados se destaca la regulación de los contratos a término fijo, los cuales tendrán una duración máxima de cuatro años. Si no se formaliza un contrato por escrito, se asumirá una relación laboral indefinida. Otro cambio relevante es la modificación al recargo nocturno, que ahora comenzará a las 7:00 p.m.
En cuanto a los aprendices del Sena, se aprobó la división de su contrato en una fase teórica y otra práctica, con el pago de un salario mínimo. Asimismo, la plenaria aprobó una ampliación de la licencia de paternidad, que será gradual, alcanzando las cuatro semanas en 2026, en lugar de las seis propuestas inicialmente por el Gobierno.
EL COLOMBIANO presenta un abecé de los artículos más polémicos y llamativos aprobados en la Cámara que cambiarían las reglas de juego en el mercado laboral colombiano.
Uno de los cambios más destacados de la reforma laboral es la ampliación de la licencia de paternidad a cuatro semanas, convirtiéndose en la más alta de América Latina. Actualmente, los padres solo disfrutan de dos semanas remuneradas, mientras que las madres reciben 18 semanas. La propuesta inicial del Gobierno buscaba llegar a seis semanas en 2027, pero la Cámara decidió recortar este aumento, estableciendo cuatro semanas para 2026. Aunque esto posiciona a Colombia por encima de países como Uruguay y Perú, algunos empresarios temen que el incremento afecte la productividad y aumente los costos laborales.
La reforma laboral también aborda los contratos de aprendizaje para los estudiantes del Sena, quienes recibirán ahora un salario mínimo durante la fase práctica y el 60% durante la fase teórica, además de todas las prestaciones sociales. Esta medida ha generado controversia entre los empresarios, quienes argumentan que incrementa los costos y limita la disponibilidad de mano de obra calificada en formación. Sin embargo, defensores de los derechos jóvenes celebran el reconocimiento y mejora de las condiciones laborales para más de 440.000 estudiantes, garantizando una remuneración justa y seguridad social.
La reforma aprobó licencias para citas médicas, compromisos escolares y calamidades domésticas sin requerir permisos médicos certificados. Esta medida busca brindar mayor flexibilidad a los trabajadores, permitiéndoles ausentarse por razones personales importantes. Sin embargo, ha generado polémica, ya que algunos sectores empresariales temen abusos que puedan afectar la operatividad de las empresas. Críticos como la representante Catherine Juvinao califican la decisión de “antitécnica e irresponsable”, argumentando que podría dificultar la gestión laboral y aumentar las ausencias injustificadas.
A partir de 2027, trabajar en días festivos implicará un recargo del 100% sobre el salario, incrementándose progresivamente desde el 80% en 2025 y 90% en 2026. Este cambio busca recompensar adecuadamente a quienes laboran en fechas especiales, pero ha generado inquietud entre empresarios de sectores como comercio y turismo, que dependen de estos días para operar al máximo. La representante María Fernanda Carrascal señaló que la reforma aumentará los costos laborales en un 4,4%, lo que podría repercutir en los precios y la competitividad de las empresas.
La reforma redefine la jornada nocturna, comenzando a las 7:00 p.m. en lugar de las 9:00 p.m. y 10:00 p.m., lo que incrementa el recargo nocturno en un 25% para 2027. Este ajuste beneficia a los trabajadores que laboran en horarios extendidos, pero preocupa a los empresarios por el aumento en los costos operativos, estimado en un 8,95%. Aunque la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, defiende la medida como una mejora para los empleados, Fenalco advierte que podría afectar la productividad y competitividad de las empresas, especialmente en un contexto de débil rendimiento económico.
La reforma establece que los contratos a término fijo no podrán exceder los cuatro años y deben ser por escrito. Si no se formalizan correctamente, se considerarán indefinidos, obligando a los empleadores a pagar prestaciones sociales completas. Además, los contratos por obra o labor también deben detallar claramente la actividad y, de no hacerlo, se convertirán en indefinidos. Estas medidas buscan proteger a los trabajadores de relaciones laborales precarias, pero han sido criticadas por las mipymes, que ven aumentos en la burocracia y costos laborales como un obstáculo para la flexibilidad empresarial.
La reforma incluye un capítulo específico para repartidores de aplicaciones digitales, reconociendo su relación laboral y garantizando derechos como prestaciones sociales. Las plataformas deberán definir si la relación es dependiente o independiente, aportando el 60% de la cotización en este último caso. Esta normativa busca formalizar el trabajo en el sector digital, protegiendo a más de un millón de repartidores. Sin embargo, las empresas tecnológicas argumentan que esto podría afectar su modelo de negocio y aumentar sus costos operativos, mientras que los trabajadores celebran el reconocimiento de sus derechos laborales.
La reforma inicialmente buscaba regular a contratistas y subcontratistas, exigiendo especialización y experiencia para ser reconocidos como empleadores. Sin embargo, este artículo fue eliminado, lo que generó debate sobre la tercerización. El artículo 46 prohíbe a las empresas usuarias contratar a terceros para labores diferentes a las pactadas, y en caso de incumplimiento, la empresa se convierte en empleadora responsable. Aunque pretende evitar abusos, críticos señalan que puede limitar la flexibilidad empresarial y complicar las relaciones contractuales, afectando la dinámica de la tercerización en diversos sectores.
La reforma establece un límite de dos horas extras diarias y 12 semanales, además de exigir a los empleadores llevar un registro detallado de estas horas. El artículo 15 obliga a entregar un documento que precise las horas trabajadas, diferenciando entre diurnas y nocturnas. Estos cambios buscan evitar la sobreexplotación de los trabajadores y garantizar una remuneración justa por el tiempo adicional. Sin embargo, algunos empresarios temen que esto incremente los costos operativos y complique la gestión del personal, especialmente en industrias que dependen de la flexibilidad horaria para mantener su productividad.
La reforma también incluye artículos que refuerzan la estabilidad laboral para trabajadores en situaciones vulnerables, como madres cabeza de hogar, personas con discapacidad y empleados cerca de la edad de jubilación. Esto limita las posibilidades de despido sin justa causa en estos casos, lo que ha generado preocupación entre los gremios empresariales, ya que consideran que limita la flexibilidad del empleador en la administración de su personal. El artículo 10 toma las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo y estándares judiciales como los de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia.
En el segundo debate, la Cámara eliminó varios apartados clave de la reforma laboral, incluyendo los artículos 31, 32 y 33 que regulaban contratos agropecuarios y condiciones de vivienda para trabajadores rurales. Además, se suprimió el artículo 50 que buscaba crear licencias de maternidad y paternidad para parejas adoptantes del mismo sexo. Estas eliminaciones han generado críticas por parte de organizaciones campesinas y defensores de derechos LGBTQ+, quienes consideran que se pierden avances importantes en la protección laboral y social de estos grupos.