Después de solo 43 días en el cargo, Carlos Diago, un experto en temas energético, fue removido como interventor de Air-e, la empresa de energía que opera en la Costa Caribe, en especial en los departamentos de Atlántico, La Guajira y Magdalena.
En su lugar, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios designó al abogado Edwin Palma Egea, quien fue posesionado este viernes en su nuevo rol, y quien, por su carrera sindical y cercanía al Pacto Histórico, llegó al Ministerio del Trabajo.
Palma Egea, quien tiene una trayectoria de más de 20 años en Ecopetrol y recientemente salió del Viceministerio de Relaciones Laborales en el Ministerio del Trabajo, cuenta con formación en Derecho Laboral y Constitucional. Además, sigue siendo miembro de la Junta Directiva de Ecopetrol.
Este movimiento se dio de manera paralela también al cambio de superintendente, tras la renuncia de Dagoberto Quiroga, quien en su reemplazo llegó Yanod Márquez Aldana, asumiendo como nuevo superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios.
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Según el comunicado de la SuperServicios, su experiencia en áreas de administración, política pública, recursos humanos y el sector energético lo posiciona como el perfil que la Superintendencia espera para enfrentar los retos de Air-e.
El desafío es grande. La empresa, que está bajo intervención desde el pasado 12 de septiembre, fue considerada incapaz de ofrecer un servicio de energía adecuado en Atlántico, La Guajira y Magdalena debido a problemas técnicos, operativos y financieros.
Según la Superintendencia, Palma tendrá como principales tareas estabilizar el servicio y garantizar tarifas más justas para la región.
La gestión de Diago, que duró apenas un mes y dos semanas, enfrentó varias críticas, desde una caída en el recaudo mensual hasta el incumplimiento en la eliminación de cobros a terceros en las facturas y problemas en los sistemas tecnológicos de la empresa.
Sin embargo, los motivos de su salida van mucho más allá. Fuentes cercanas al caso le dijeron a este medio que la relación cercana entre Alberto Ríos, dueño de Air-e, y el presidente Petro llevó a buscar un perfil más conocido por los dos, por eso la Superintendencia decidió hacer el cambio en la intervención de Air-e, ya que Palma es un alfil y pertenece del círculo estrecho de Petro.
Asimismo, sobre esta intervención ronda la tesis de que Ríos buscó la intervención para que el Gobierno se hiciera cargo de los compromisos financieros de la empresa comercializadora, como una forma de no asumir las deudas y librarse de los costos por pérdida de energía.
En otras palabras, una hipótesis que manejan conocedores del caso es que el Estado asumirá los compromisos financieros de Air-e y esta quedará libre de obligaciones con otros agentes del sector como las generadoras, es decir, Air-e no tendrá deudas con ninguno, mientras que el Gobierno sí asumiría esos riesgos con la intervención de la Superservicios.
Cabe recordar que la crisis de la luz en la Costa Caribe viene de tiempo atrás. El gobierno de Juan Manuel Santos intervino a Electricaribe, y el gobierno de Iván Duque, hace cuatro años, le entregó la operación en cuatro departamentos a Afinia y en otros tres a la firma Air-e. Afinia, para sobrevivir, ha recibido inyección financiera de EPM, su casa matriz. Mientras que Air-e, propiedad del empresario Alberto Ríos, no pudo superar la crisis que produjo la pandemia. El presidente Gustavo Petro le lanzó un salvavidas e intervino la empresa.
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El nuevo interventor de Air-e, Edwin Palma, no perdió tiempo en aclarar cuál será su mayor reto al frente de la empresa: reducir las tarifas de energía. “Las tareas están claras. Todos conocemos los problemas, tanto el país como la región. El principal desafío es bajar tarifas”, señaló Palma en una entrevista con Atlántico en Noticias.
Palma anunció que en los próximos días se reunirá con las generadoras de energía, empleados, usuarios y representantes sociales, buscando coordinar esfuerzos para sacar adelante a Air-e. “A los usuarios les digo que pondremos todo nuestro empeño para solucionar los problemas. Paciencia, porque no son problemas de este gobierno, sino de fondo”, comentó, haciendo un llamado a la cooperación de todos los involucrados en el sistema.
Air-e, que presta el servicio de energía a 1,3 millones de usuarios en Atlántico, La Guajira y norte de Magdalena, enfrenta un futuro complicado. La intervención de la Superservicios comenzó el 12 de septiembre, cuando el entonces superintendente Dagoberto Quiroga llegó a Barranquilla junto al ingeniero Carlos Diago, quien comparó la empresa a “un camión destartalado” en sus primeras declaraciones.
Diago, conocido en el sector por sus opiniones sobre temas energéticos, recibió elogios cuando asumió el cargo, pero su tiempo al frente de Air-e fue breve. Apenas 43 días después, el Gobierno Nacional, bajo la administración del presidente Gustavo Petro, decidió reemplazarlo, nombrando a Edwin Palma como el nuevo interventor.
Sobre el perfil de Palma, Julio César Vera, presidente de la fundación Xua Energy, precisó que los problemas de Air-e implican tener al frente una persona que tenga la capacidad de gestión suficiente con diferentes instancias del Gobierno Nacional, dado que dichas soluciones abarcan diferentes ópticas en materia fiscal, regulatoria, laboral, normativa (legal), social y regional.
“La llegada del Palma, por su liderazgo y cercanía con el Gobierno, da una gran garantía de poder abordar efectivamente dichas instancias y un trabajo coordinado con los Ministerios de Hacienda y Minas y Energía, la Creg, los gobernadores y alcaldes de la región, el Congreso de la República, las empresas del sector y los trabajadores de la empresa, entre otros”, dijo el analista.
A renglón seguido enfatizó en que el nuevo agente interventor deberá dar soluciones a temas estructurales como el pago de los subsidios y la opción tarifaria pendiente, el problema de las pérdidas y la necesidad de reducir las mismas, los pagos de cartera pendiente, las inversiones para mejora de la infraestructura y la eficiencia operativa de la empresa y la garantía de contratación a largo plazo y menor exposición al mercado de bolsa.
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Hoy la administración de la compañía comercializadora está en su totalidad en cabeza de la Superintendencia de Servicios, pero Santiago Posso, exgerente general de Air-e hizo un balance de la intervención.
“Vemos con preocupación el primer mes de intervención pues se ha reducido drásticamente el recaudo y no se han regulado los exorbitantes precios de la energía. Hoy el kilovatio en bolsa está a $1.800, cuando hace dos meses estaba a $120. Si no se regula el tema de la generación, nunca va a funcionar Air-e, ni Afinia ni ninguna empresa que atienda población pobre”, dijo Posso.
Agregó que solo el costo de la energía para Air-e este mes puede estar alrededor de los $500 mil millones y el recaudo no superará los $250 mil millones, un hueco de un cuarto de billón en un mes. Esos $500 mil millones es solo para energía, ahí no han pagado nómina, cuadrillas, materiales, etc.
“Es crítico bajar tarifa, pero esa reducción tiene que verse también en la reducción de los costos o va a haber un gran desbalance. No se trata de no pagarle a los generadores, lo que se requiere es que cobren lo justo y que permitan que la gente pobre de Colombia, de una vez por todas, tenga un buen servicio de energía a precios justos”, sentenció el exdirectivo.
También alertó que en dos semanas sacaron a 10 gerentes, especialmente, los que estaban en el área técnica, que habían llevado a mejoras de calidad, como la reducción de horas de interrupciones de más del 60%.
“Hacemos un respetuoso, pero urgente llamado al interventor para que termine de restablecer los sistemas que fueron afectados por el acto terrorista cibernético del cual fuimos víctimas. Afortunadamente, la contabilidad quedó intacta, pero otras áreas se vieron afectadas. Antes de mi salida, toda la información quedó lista y se entregó una hoja de ruta clara para restablecer los sistemas que faltaban, pero entendemos que, por falta de gestión, hay sistemas que aún no han puesto operativos”, aclaró Posso.
Insistió en que si no se toman medidas estructurales urgentes en toda la cadena de prestación del servicio (generación, transmisión) seguirá el perverso ciclo de intentos fallidos por partes de privados y posteriores intervenciones por parte del Estado.
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