La aprobación en sexto debate, en el Senado, del proyecto de Acto Legislativo que busca fortalecer la autonomía de los departamentos, distritos y municipios, mediante la modificación del Sistema General de Participaciones (SGP), volvió a activar las alarmas por parte del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf).
De acuerdo con la entidad, en ausencia de medidas adicionales, la iniciativa que busca reformar las transferencias del SGP implica un aumento de la deuda pública a niveles de no retorno (por encima del límite de 71% del PIB) y un incumplimiento de la Regla Fiscal. “Esto comprometería la capacidad que tiene el Gobierno para honrar sus obligaciones, incluso las intransferibles”, anotó el Carf en su cuenta de X.
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Para el Comité, la situación fiscal actual, sin reforma al SGP, es ya retadora, por lo que cumplir con la Regla Fiscal en 2024 y 2025 requiere lograr las metas de recaudo tributario y, en caso de que no se cumplan, medidas para recortar el gasto público. Además, recordó que el 83% del gasto es inflexible.
En ausencia de la reforma al SGP, estas transferencias se incrementarán desde 4,2% del PIB en 2024 hasta 5,7% del PIB en 2035, el máximo nivel histórico. Esto representa un esfuerzo fiscal superior a una reforma tributaria promedio. Pero, con la reforma propuesta, las transferencias del SGP aumentarían hasta 8,2% del PIB, un incremento insostenible. “Compensar ese aumento implicaría ingresos adicionales equivalentes a tres reformas tributarias”, se agregó.
El Carf destacó que como porcentaje de los Ingresos Corrientes de la Nación, ya se prevé que el SGP represente 30,8% en 2027, es decir, 10,8 puntos más que lo observado en 2023. Y con este proyecto, el gasto de intereses se incrementaría en lo equivalente a una reforma tributaria promedio entre 2027 y 2035, restando espacio para la inversión pública y el gasto social.
Para el Comité, reducir la transferencia como % de los Ingresos Corrientes de la Nación (ICN) en 10 puntos porcentuales, ampliar el horizonte de la transición de 10 a 20 años o trasladar competencias por 1% del PIB, disminuye las presiones fiscales frente al proyecto aprobado en quinto debate (46,5% y 10 años). “Sin embargo, el déficit y la deuda seguirían siendo superiores al escenario base que es el consistente con el cumplimiento de la regla fiscal en el mediano plazo. La discusión de esta reforma inició por el final. Lo primero que habría que revisar es cuáles son las competencias que el Gobierno Nacional puede transferir a las entidades territoriales, cuál es su capacidad de ejecución y cuáles son las necesidades de gasto sectorial”, se lee entre las notas del Carf.
Para la entidad encargada de velar por el cumplimiento de la regla fiscal, postergar esa discusión impide una evaluación holística de los riesgos fiscales y de la propuesta de reorganización del Estado y mantiene una incertidumbre que preocupa de cara a las evaluaciones del riesgo país por parte de acreedores y agencias calificadoras. “Anoche, el Congreso aprobó en sexto debate, de los ocho reglamentarios, algunas modificaciones al texto del proyecto. Se redujo el porcentaje de la transferencia del 46,5% de los ICN al 39,5%. El esfuerzo fiscal entre 2026 y 2035 se reduce de 3,1 puntos a 1,7 puntos porcentuales del PIB con este ajuste. También se incluyó que la senda de crecimiento de los recursos del SGP debe ser compatible con el Marco Fiscal de Mediano Plazo”.
Si bien estas modificaciones son, en el margen, positivas, el Carf considera inconveniente la iniciativa por las razones ya expuestas y, adicionalmente porque las transferencias para financiar sectores no puedan reducirse en términos nominales de un año a otro; y que no exista un mecanismo de estabilización de las transferencias del SGP a las regiones.
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“En síntesis, el Carf manifiesta que cualquier modificación de SGP que incremente la rigidez de las transferencias e imponga nuevas obligaciones de gasto al Gobierno Nacional pone en peligro el cumplimiento de la regla fiscal. Además, se crea una situación de posible superación del límite de deuda en el mediano plazo. La situación actual de las finanzas públicas y de la rigidez del gasto del gobierno nacional es ya retadora en ausencia de este proyecto de reforma”, se insistió.
A la iniciativa legislativa, que tiene apoyo del presidente Gustavo Petro, le faltan dos debates en el Congreso para quedar en firme y su implementación está atada a la expedición de la llamada ley de competencias que también deberá tramitar el legislativo en los próximos dos años.