La plenaria del Senado aprobó en sexto debate el proyecto de Acto Legislativo que prevé fortalecer la autonomía de los departamentos, distritos y municipios, mediante la modificación del Sistema General de Participaciones (SGP).
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Para el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, este paso será clave para impulsar la autonomía territorial y confió en que se abone el terreno para sacar adelante el proyecto de ley de competencias, que es requisito para que el cambio constitucional se pueda implementar en 2027.
Previo a la aprobación de la iniciativa legislativa, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, celebró que en el país se esté avanzando en esa discusión de profundizar la descentralización, que es una promesa incumplida de la Constitución de 1991.
El mandatario seccional enfatizó en que el proyecto ha despertado una avalancha de críticas por parte de los centralistas, “desconociendo lo que es impajaritable y es asumir la otra cara de la moneda, o sea que el Gobierno Nacional Central (GNC) tenga que reducir su tamaño”.
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En ese sentido, el ministro Cristo reconoció ayer, tras la aprobación del texto, que se debe abrir un gran debate en el país sobre el tamaño del estado y del tamaño del estado en los territorios.
“Tenemos un Estado obeso a nivel nacional donde menos lo necesitan los ciudadanos, y un estado raquítico en los territorios donde más lo necesitan los colombianos, afectados por la pobreza, la violencia y la exclusión”, manifestó.
El gobernador Rendón, por su parte, también estimó que la futura ley de competencias, efectivamente, le transfiera funciones a los entes territoriales, puntualmente a las gobernaciones, pues ha quedado demostrado que el Gobierno Nacional las hace mal o no sabe hacerlas.
A su turno, Gilberto Toro, presidente de la Federación Colombiana de Municipios, recordó que, desde la Constitución de 1991, el municipio ha sido la entidad del Estado más cercana a la gente, asumiendo responsabilidades clave en el desarrollo humano.
“Sin embargo, tras la crisis económica de 2001, se tomó la decisión de restringir los recursos para los municipios para ayudar al Gobierno central, lo que originalmente se pensó como una medida temporal se ha convertido en una situación permanente”, dijo.
Toro subrayó que, actualmente, el objetivo es “volver al espíritu del 1991 y garantizar que los municipios cuenten con los recursos necesarios para atender las necesidades de sus comunidades.”
Desde la perspectiva del exministro de Hacienda y rector de la universidad EIA, José Manuel Restrepo, la propuesta de transformar el SGP es como si “el hijo le reclama al papá un sueldo permanente para que el hijo asuma sus obligaciones propias, pero al final sigue siendo obligatorio que el papá asuma las obligaciones del hijo, y este además se quede con el nuevo sueldo”.
Para Restrepo, lo ideal sería redefinir primero las competencias que asumirán los entes territoriales y tener claro las entidades del Estado que desaparecerán cuando eso suceda.
A la visión de Restrepo le salió al paso el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, quien en su cuenta de X anotó que lo que pasa en Colombia “es que el papá (centralismo) le devuelve unas transferencias a las regiones (que ellas mismas producen), pero les asigna responsabilidades que superan por mucho lo que les transfiere”.
Y para ilustrar el asunto ejemplificó lo que sucede en Santander con el Programa de Alimentación Escolar (PAE). “De $190.000 millones que vale, aproximadamente, el departamento asume más de $150.000 millones. Es como si el papá le pidiera al hijo que con la mesada del colegio pague el arriendo de la casa”, señaló el mandatario santandereano.
El texto Descentralización y autonomía territorial, elaborado por investigadores de la Universidad Eafit, resalta el desarrollo singular, o por lo menos atípico, que se observa en Colombia en cuanto al nivel de autonomía fiscal de su segundo nivel administrativo de gobierno, es decir los departamentos, en comparación con la que gozan sus municipios y distritos.
Entre 10 países para los cuales la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde) recoge cifras con ese nivel de desagregación, Colombia es el único en el que los ingresos tributarios locales representan una mayor fracción del recaudo nacional que los ingresos tributarios regionales.
“Esto parece contraintuitivo si consideramos que unidades territoriales como estados, provincias o departamentos se asemejan más a la noción de un país. Considérese, por ejemplo, que las ciudades poco tienen que preocuparse por la educación rural, por la economía agropecuaria o por los corredores logísticos intermunicipales. En cambio, los municipios ejercen una mayor capacidad de procurar ingresos propios (especialmente vía la Ley 388 de 1997 o Ley de ordenamiento territorial), y algunos de ellos, con limitadas capacidades institucionales, reciben cuantiosas transferencias del gobierno central (SGP) que difícilmente logran ejecutar”, planteó el decano de la Escuela de Finanzas de Eafit, César Tamayo.
Al proyecto le hacen falta solo dos debates en la Cámara de Representantes y desde el MinInterior se insistió en que servirá impulsar la inversión social y acabar las brechas.