En las últimas horas se conoció una movida con la que el Gobierno aumentaría la incertidumbre en el sector energético, buscando botarle otro salvavidas a Air-e, compañía del empresario Alberto Ríos. La jugada consistiría en la intervención de las generadoras Urrá, Gensa y Gecelca.
Una alta fuente aseguró a EL COLOMBIANO que el Ejecutivo viene analizando dichas intervenciones de tiempo atrás, e incluso tanteó a importantes perfiles dentro del sector que se le midieran al “chicharrón” de ejercer como agentes interventores. El perfil se estaría buscando en Antioquia, pues “interiormente están desesperados por tener un paisa en el Gobierno, luego de la polémica que hubo con la presidencia de ISA”.
Si bien al Ejecutivo le sobrarían razones para defender ese proceder, en el trasfondo el objetivo sería venderle energía barata a Air-e, cuya exposición en bolsa es cercana al 50%. Pero ahí salta una duda, ¿por qué intervenir a empresas que son prácticamente públicas? Recordemos que MinHacienda tiene 99% de Urrá y Gecelca y el 90,9% de Gensa.
Según dijo la fuente, esta es una jugada estratégica porque al entrar a intervenir vía Superservicios no se incurriría en irregularidad y “si, por ejemplo, se tenían contratos de energía de largo plazo a $1.800 kilovatio/hora, estos podrían cancelarse para venderla a un precio mucho más barato, por ejemplo de $350, y sin una garantía de fuente de pago”.
Mencionó que esto hace parte de lo que el presidente Gustavo Petro ha referenciado como “un precio razonable” con el objetivo de salvar a Air-e, pero en realidad “esto no es razonable, sino antiético y antitécnico. Sería un detrimento patrimonial para pagarle la quiebra al señor (Alberto Ríos)”, continuó la fuente.
Este hecho secunda los recientes movimientos que hubo en Air-e, cuyo agente interventor Carlos Diago tuvo que abandonar el cargo tras 40 días, por presuntamente no acatar órdenes desde Bogotá con las que no estaba de acuerdo; en su lugar llegó Edwin Palma, hombre de confianza de Petro.
A la espera del concepto de la Creg, el Gobierno tiene listas sus cartas para las respectivas intervenciones. Por ejemplo, pondrá de por medio la difícil situación financiera que atraviesa Gecelca, cuyas pérdidas en la actividad de generación fueron del orden de $392.000 millones para el año anterior.
En el caso de Urrá, la premisa serían las presuntas irregularidades en adjudicación de contratos en la hidroeléctrica, en la que se señala que al parecer hasta 10 empresas obtuvieron beneficios de forma cuestionable. Los contratos sumarían $1,4 billones.
Por el lado de Gelsa no se ha establecido con certeza cuál sería el argumento, aunque el medio Primera Página avanzó que “la intervención se basa en el principio de solidaridad al negarse a vender energía a Air-e”. Esta última compañía atiende 1,17 millones de usuarios en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira.
Como se recuerda, en pocos meses Air-e ya ha acumulado con varios de los generadores una deuda de unos $800.000 millones, y con el paso de los meses la deuda puede aumentar y poner en riesgo a las demás empresas.
El Gobierno Nacional ya le había dado una mano a esa empresa, a través de una resolución (la 40409-2024) que ordena que las empresas generadoras de energía (como EPM, Isagen o Enel, entre otras) no pueden dejar de suministrarle energía a Air-e o no pueden limitarle el suministro a pesar de que esta última no tenga las garantías para pagarles.
La crítica situación de Air-e la advirtió el exagente interventor, Carlos Diago, quien declaró a El Heraldo, de Barranquilla, que “el estado actual de la empresa Air-e es crítico en materia financiera. Existen deudas muy altas con proveedores y contratistas que dificultan operacionalizar la gestión, de manera que no hay suficientes materiales en los almacenes, no hay suficientes contratistas disponibles para hacer los mantenimientos, atender los daños y lo más grave de todo es que no hay suficiente cobertura en materia de contratación de energía”.