Mucho se ha dicho que la reforma laboral del Gobierno Petro es una suerte de pliego sindical, o se da por sentado que, al traer algunas mejoras para los trabajadores con contrato formal los sindicatos le dan su espaldarazo per se. Pero, según estableció EL COLOMBIANO, varias asociaciones de trabajadores en diferentes sectores se oponen al proyecto y acusan a algunos pares de Bogotá de “arrodillarse” ante el gobierno.
Trabajadores del agro, hidrocarburos, energía eléctrica o textiles tienen varios desacuerdos, pero su principal inquietud es el artículo 67 del proyecto, que prohibiría la celebración de contratos sindicales o cualquier tipo de acuerdo civil o mercantil “que tenga por objeto o efecto encomendar a las organizaciones de trabajadores la ejecución de obras, trabajos o la prestación de servicios en favor de terceros a cambio de un precio”.
Hablamos con algunos líderes sindicales, a quienes les resulta paradójico que un gobierno que ha prometido ser el del cambio y que además cuenta con una ministra de Trabajo (Gloria Inés Ramírez) de base sindical, proponga la eliminación de una figura que actualmente cobija a unos 40.000 trabajadores, que quedarían en vilo.
De hecho, la representante a la Cámara, María Fernanda Carrascal –una de las abanderadas de la reforma laboral– ha dicho que el contrato sindical es “una figura perversa que alienta la tercerización, además de debilitar la capacidad de organización y representación de los y las trabajadoras”. Es que, quienes ven con buenos ojos su eliminación, ponen como argumento los malos precedentes de estos acuerdos en el sector público de la salud y sostienen que al final permite a los empresarios contratar mano de obra barata.
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Alejandro Ospina, representa a la Unión de Trabajadores de la Industria Petrolera y Energética de Colombia (Utipec), dice que es grave que esta reforma no crearía empleo. “Nos sigue generando preocupación que no va a fomentar nuevos puestos de trabajo. El delicado problema que tiene Colombia es un desempleo alto (9,1% en septiembre) y una informalidad por encima de 55%”.
Alerta que ni el sector de hidrocarburos está a salvo. “Muchos piensan que la industria petrolera es fuerte y capaz de asumir los cambios, pero hay algunos proyectos en pozos pequeños que, con sobrecostos como los que se van a generar, tendrán que recurrir a la automatización o recortar empleos. Podríamos ver empresas que bajen salarios a sus empleados para compensar con los nuevos beneficios que se proponen”.
También alza su voz en contra del artículo 62 de la reforma, en su literal g, donde se establece como conducta antisindical y, por ende, prohibida y penalizada, el otorgamiento de beneficios especiales o diferenciales a favor de trabajadores no sindicalizados. “Vemos un riesgo de que haya violación a la libertad laboral”.
Para rematar, dice, está el mencionado artículo 67. “En el debate en Cámara el proyecto mantuvo la figura de pactos colectivos, pero prohíbe el contrato colectivo sindical, una figura respaldada por la Corte ante varias demandas. A nosotros nos parece legítima, pese a que nuestro sindicato no tiene hoy vigente un contrato sindical”.
Según Ospina, pese a que el proyecto propone la eliminación por considerar que se ha abusado de esta figura, el camino debería ser regularla y aumentar la vigilancia. No obstante, continúa, hay un trasfondo en todo esto: “el Gobierno quiere una hegemonía sindical hacia ciertas organizaciones”.
Una visión que comparte Carlos Fernández, presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Energética Nacional (Uten): “La Confederación General del Trabajo –CGT–, una vez fallece infortunadamente Julio Roberto Gómez, se fractura. En este momento hay tres presidentes nacionales, entonces al interior es un caos total. Nosotros nos estamos defendiendo solos, porque el que trata de fungir como presidente nacional, que es Percy Oyola, me dijo que no iban a defender el contrato sindical”.
Continúa que el Gobierno y los sindicatos más cercanos a este quieren “quitar el derecho a la libre asociación de la organización sindical (...) El contrato colectivo sindical es un modo de supervivencia laboral en Colombia y el Estado está en la obligación de darle esas garantías a la gente. Vamos a dar la pelea, pero necesitamos que nos dejen hablar y nos den voz”.
Pero no solo eso, describe cómo ha habido “compañeros de la industria energética” a quienes sus empresas han sacado, anticipándose a la reforma. Por ahora, la Uten y los trabajadores reunidos allí dicen que acatarán los cambios venideros, pero adelantan asesorías con abogados para demandar la iniciativa legislativa ante la Corte, una vez se apruebe.
Este medio también contactó al presidente de la CGT y secretario general de la CGT Antioquia, Jorge Iván Diez, quien representa a un sector con una postura más independiente frente al gobierno. El antioqueño asegura que esta CGT tiene una posición muy crítica contra lo aprobado en Cámara, porque considera que no cumple los principios de una reforma laboral: mejorar los indicadores de informalidad y desempleo.
La reforma, afirma, significa mayores costos laborales para los sectores privados de la micro, pequeña y mediana empresa y es grave porque no las diferencia de las grandes compañías, lo que podría acarrear una pérdida de empleos, que como lo advierte un estudio divulgado por el Banco de la República, sería del orden de los 450.000.
“La reforma tiene un alto contenido ideológico en favor de aquellas organizaciones sindicales proclive al gobierno y se lleva ese sesgo al contenido (...) Priorizan que la única forma de contrato sea a término indefinido y niegan la posibilidad del contrato a término fijo, que solo podrá hacerse a 4 años, y luego quedaría indefinido; además, se elimina el contrato sindical”, comenta Diez.
Considera que, cuando se somete a la empresa a un solo contrato, “el más afectado es el trabajador, porque si el contrato a término fijo a la larga obliga a adoptar uno a término indefinido, entonces podría haber despidos”.
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Según Diez, los sectores más afectados por la reforma serían el textil y de confección, empaques, agroindustrial y plástico, entre otros. Y al igual que los otros líderes consultados por este medio, señaló la profunda división en el sindicalismo colombiano. “En uno de los bandos está el que nosotros llamamos el ‘comité de aplausos hacia lo que el Gobierno propone en sus reformas’, que tiene el apoyo de Fabio Arias, presidente de la CUT, y Percy Oyola, quien reclama la presidencia de la CGT nacional”.
Según el Sistema de Información Laboral y Sindical (Sislab), Colombia cuenta con alrededor de 6.000 sindicatos. Sin embargo, el porcentaje de afiliación sindical es apenas del 4% de la población trabajadora, que equivale a 1,2 millones de empleados.
Para Albeiro Franco, presidente de la Unión Nacional de Trabajadores Industriales y Pecuarios (Unaltrapec), otro punto inquietante es que hoy cualquier sindicato puede presentar un pliego de peticiones, pero con la reforma solo se dejaría a uno o dos por actividad. “Estamos de acuerdo en regular eso, pero no que se nos diga que solo se podrá negociar con el sindicato mayoritario, eso nos quita el derecho a la sindicalización”.
Añade que la iniciativa debió garantizarles a las compañías su estabilidad económica, pero hoy es todo lo contrario, y si a eso se le suma la reforma tributaria “cargamos las empresas de impuestos y el empresario se va para otro lado”.
Los líderes consultados coinciden en que el Gobierno poco ha escuchado sus llamados. “La ministra (de Trabajo) viene del Partido Comunista y de una central de trabajadores de izquierda radical y desde allí quisieron controlar al movimiento sindical, en ese camino desconocieron las voces sindicales en contra de la reforma y en audiencias públicas dicen que acordaron con Fabio Arias y Percy Oyola”, menciona Ospina, de Utipec.
Mientras tanto, a la CGT nacional que representa Jorge Iván Diez nunca se la ha invitado a los espacios de discusión sobre las diferentes reformas del Gobierno Petro. “El diálogo social en Colombia con los actores del tripartismo no existe, el gobierno ha priorizado hablar con los sectores que lo respaldan (...) solicitamos a la Comisión Séptima del Senado, donde continuará el debate de la laboral, que proteja el empleo y la industria privada”.
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Desde la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Fabio Arias ha dicho que “a pesar de las restricciones y la eliminación de artículos sustantivos, seguiremos respaldando la reforma laboral porque es recuperar derechos que nos quitó, especialmente, el gobierno de (Álvaro) Uribe y de César Gaviria”.
En el caso de la CGT nacional que representa Percy Oyola, se ha asegurado que “en la reforma laboral está plasmada toda la lucha del movimiento obrero” y también se cuestionó la eliminación del paquete de 20 artículos sobre derechos colectivos tras el paso del proyecto por la Cámara de Representantes.
Además, este capítulo de la CGT ha descrito un “abuso” del contrato sindical, argumentando que varias empresas lo utilizaron para evitar la vinculación directa y precarizar el trabajo.
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El apoyo ha sido secundado desde el Gobierno por la ministra Ramírez, quien habla de una reforma consensuada que les devolverá los derechos a los trabajadores. “Esta reforma ha sido muy discutida y ha tenido mucha participación en su construcción, hemos tenido la oportunidad de trabajar con casi todas las bancadas”.
Se espera que el debate continúe en los próximos días en el Senado, pero no pinta nada fácil, pues el gobierno ha encontrado una suerte de barrera de contención allí, a diferencia de lo que pasa en Cámara. Lo cierto es que, a los empresarios, gremios, expertos y políticos en desacuerdo se les unen varios sindicatos del país, que temen por el futuro de los trabajadores y las empresas.
Con lo aprobado en Cámara, la reforma laboral haría que la jornada nocturna sea desde las 7:00 p.m. hasta las 6:00 a.m., dos horas antes de lo que establece la ley actualmente. Además, el recargo por trabajar domingos o festivos subiría al 100%, desde el 75% vigente, un proceso que sería gradual.
El impacto también será para quienes trabajan en plataformas, pues estas deberán definir si el vínculo es en condición de dependiente o independiente, y si es este último aportarán el 60% de las contribuciones parafiscales.
También se propone que los aprendices del Sena reciban un salario mínimo durante la fase práctica, y el 60% durante la fase teórica, con la totalidad de las prestaciones sociales.