El contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez, consideró que una reforma al Sistema General de Participaciones (SGP) no puede comprometer la sostenibilidad fiscal del país.
Esto, dijo, dado que se debe equilibrar la capacidad financiera de las regiones con la sostenibilidad fiscal del Gobierno Central, para evitar que una redistribución de recursos a los territorios desencadene un desequilibrio en las finanzas del país.
Puede leer: ¿Por qué han fracasado los intentos en Colombia para que municipios y departamentos manejen su plata e impuestos?
Rodríguez afirmó que el reto es lograr el fortalecimiento de las finanzas territoriales, garantizando el equilibrio fiscal de la Nación, pues si ello no ocurre, la Corte Constitucional podría declarar inexequible una reforma que no garantice la estabilidad fiscal.
“Existe el válido temor de que aumentar las transferencias implicaría un mayor déficit que seguramente se cubriría, como siempre pasa, con más deuda o con más impuestos. Sin embargo, los defensores de la medida argumentan que el Gobierno Nacional debe abandonar competencias de los gobiernos locales”, indicó.
En contexto: Departamentos quieren armar ‘rancho aparte’ con los impuestos: este es el debate por la autonomía fiscal en Colombia
El Contralor General llamó la atención sobre alertas que se dieron en torno a la propuesta inicial de modificación de las transferencias, por el efecto que tendría en el cumplimiento de la regla fiscal, en la calificación externa del país y en la necesidad imperativa de implementar posteriores reformas tributarias que permitan recaudar recursos que reemplacen los fondos que el Gobierno Nacional va a ceder a las regiones.
Afirmó también que, frente al actual ordenamiento legal, una tarea pendiente sería asegurar la representación de todos los departamentos en el Senado de la República. Y en esa misma línea, indicó, sería relevante que el Gobierno se apoye en la creación de la Comisión octava (8ª) constitucional permanente de asuntos territoriales en el Congreso de la República.
“Ello sería útil, pues hay proyectos de ley que se tramitan sin especialidad en las comisiones que se asignan, por ejemplo, cuando se refieren a temas territoriales”, anotó.
En su intervención, Rodríguez también reconoció como legítimo el reclamo de las regiones respecto a la desproporción entre sus responsabilidades y los recursos transferidos, algo que ha sido una constante crítica en la estructura del SGP.
Se ha acordado en el Congreso que el ajuste en el sistema de transferencias debe venir acompañado de una Ley que asegure previamente los recursos para el nivel central y reasigne las competencias para el uso de los recursos transferidos.
Esto quiere decir que la aplicación del Acto Legislativo para garantizar la estabilidad financiera del Gobierno Central, estará condicionada a la aprobación de otra ley que regulará la redistribución de competencias y así se asegurará que el nivel central pueda cumplir con sus obligaciones.
Relacionado: MinHacienda advierte que reforma para dar más recursos a las regiones debe trasladarles mayores responsabilidades
“Resultará muy exigente lograr el consenso político que permita aprobar la ley de competencias en el limitado tiempo de seis meses (...) Debo llamar la atención de que más allá de cualquier tipo de diferencia política, esto es una circunstancia fundamentalmente técnica. Mal hacemos cuando los aspectos netamente técnicos terminamos no colocándole política fiscal, sino politizándolos”, dijo.
Y remató con que no “habrá descentralización y autonomía territorial, si no se moderniza y transforma la administración pública en su institucionalidad, en todos los niveles de gobierno”.