“En 10 meses, Ecopetrol tendrá su propia regasificadora”. Con este mensaje, la cuenta oficial de Presidencia, en X (antes Twitter), presentó el pasado 17 de noviembre este proyecto de la petrolera, en medio de los resultados negativos por la caída del 28% de las ganancias en el tercer trimestre del 2024.
Este proyecto hace parte de una apuesta de la compañía por entrar al negocio de la regasificación, con planes enfocados en el Caribe y Buenaventura. Según el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, ya realizaron una ronda inicial y tienen sobre la mesa varias ofertas para adquirir estos servicios.
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“Son 10 proyectos de regasificación: seis en el mar Caribe y cuatro en el Pacífico, en Buenaventura”, detalló Roa, quien además confirmó que uno de estos proyectos en el Caribe es prioritario.
Para hacerlo realidad, se necesitaría que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) ajuste la licencia ambiental del campo offshore Chuchupa, ubicado en el mar Caribe. De lograrse esta modificación, “en un año o año y tres meses podríamos tener nuestra propia planta”, aseguró.
Este proyecto permitiría incorporar entre 60 millones y 100 millones de pies cúbicos diarios (GBTUD) de gas natural licuado al gasoducto de TGI entre Ballena y Barrancabermeja, fortaleciendo así el suministro energético.
Ecopetrol también reveló que ya recibió ocho ofertas de terceros para adjudicar estos contratos, además de una propuesta interna. La meta es concretar el proceso en la segunda semana de diciembre.
En ese orden, la compañía está a la expectativa de un decreto del Gobierno que le permita adquirir y operar regasificadoras, ya que actualmente no es considerada una empresa de servicios públicos. Una vez cuente con el marco legal necesario, la petrolera tiene en la mira dos regasificadoras: una en el Caribe y otra en el Pacífico.
Tras este anuncio en redes sociales, varios expertos del sector de hidrocarburos pusieron en duda el impacto real de esta planta regasificadora señalado por la Presidencia de la República en un video promocional, quienes también miran con cautela la ambiciosa obra de infraestructura que se planea llevar a cabo.
“Esto es muy bueno para el país, porque en estas plantas especializadas se logra aumentar la temperatura del gas natural licuado para convertirlo de nuevo a gas natural, de modo que pueda ser empleado en diferentes aplicaciones y usos para el país y, lo mejor es que se reduce la dependencia de Colombia en las importaciones”, se escucha y ve el video publicado en X por la cuenta de Presidencia.
Esto va acompañado del resto del mensaje: “Este proyecto estratégico convertirá gas natural licuado en gas listo para su distribución, reduciendo la dependencia de importaciones y estabilizando el precio interno. Además, generará empleo y posicionará a Colombia en el mercado internacional como un actor clave en la energía. ¡Un paso más hacia la autosuficiencia energética!”.
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Incluso el mismo presidente salió al paso a defender este proyecto y trinó lo siguiente: “La gracia de tener una regasificadora casi pública es que no se puede especular con el precio del gas importado, que en los últimos dos años ha sido fuente de altas tarifas de energía eléctrica”.
En EL COLOMBIANO nos dimos la tarea de verificar si lo dicho y escrito en la publicación de X por Presidencia es verdad, mentira o contiene imprecisiones.
El trino asegura que la planta transformadora de gas estará lista en 10 meses y promete mejorar la regulación y el control de los precios de este producto, que han estado bastante inestables últimamente en el mercado interno.
Sin embargo, varios analistas han puesto en duda que la operación anunciada por el gobierno Petro para construir la planta gasificadora logre los resultados positivos que la Presidencia destaca en un video promocional y que se alcance en los tiempos anunciados.
Por ejemplo, Flover Rodríguez, director Ejecutivo de Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos de la Energía, precisó que una regasificadora aumenta importaciones, no estabiliza precios, contrario a los que dice el trino de Presidencia, “además no genera empleos locales y mucho menos nos ayuda con la soberanía energética”.
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En esta misma línea, Francisco José Lloreda, expresidente de la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas, quien señaló varios puntos cuestionables en la publicación. Primero, que una regasificadora es para convertir gas licuado en gaseoso y el licuado es importado, “salvo estén pensando en licuar el nacional y regasificarlo”.
Segundo, tener una planta de regasificación no reduce importaciones, sino que “es una infraestructura para importar gas licuado cuando se necesite”. Tercero, tener una planta de regasificación no mejora la autosuficiencia en gas, “la autosuficiencia se recupera solo con más producción nacional”.
Al análisis se sumó Sergio Cabrales, docente de los Andes y experto en hidrocarburos, quien puntualizó que la construcción y operación de una planta de regasificación de gas natural licuado (GNL) por Ecopetrol no reduce la dependencia del gas importado, por el contrario, la incrementa, dado que el GNL proviene principalmente de Estados Unidos o Trinidad y Tobago.
“Adicionalmente, el gas natural licuado es más costoso que el gas doméstico debido a los procesos adicionales de licuefacción, transporte y regasificación que implica su cadena de suministro. Cabe señalar que una planta de regasificación no representa una fuente significativa de empleo”, alertó Cabrales.
El experto puso el ejemplo de la planta de regasificación SPEC en Cartagena, que emplea únicamente a 34 personas. También agregó que el uso de gas natural licuado (LNG) genera aproximadamente un 33% más de emisiones contaminantes que el carbón doméstico y cerca de un 30% más que el gas doméstico. Lo anterior lo dijo citando una investigación de Robert Howarth.
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También Luis David Pachón, consultor en temas energéticos, consideró que la publicación es incoherente al decir que el país dejará de depender de las importaciones, si el gas natural licuado que con el que se alimentará esa regasificadora será también importado.
Pachón citó un comunicado de Ecopetrol en el que explica alternativas para enfrentar déficit de gas en Colombia. Y dijo que no es claro. Así se lee en el documento: “Hemos recibido ocho propuestas que estamos evaluando, la mayoría de ellas son de GNL importado. Otra propuesta es la de desarrollar muy rápido infraestructura de recepción de gas licuado para regasificar en nuestras facilidades e introducirlo al país a través del gasoducto Ballenas – Barranca”.
A renglón seguido precisó que se desconoce si el plan es licuar gas de fuentes nacionales que no estén conectadas al Sistema Nacional de Transporte de Gas (SNT) y llevarlo por tierra a puntos donde se pueda inyectar.
“Eso es una posibilidad y en ese caso no sería importado. Pero el mensaje se puede interpretar como licuar gas de campos aislados en inyectarlo regasificado al SNT, pareciera que en la refinería de Barrancabermeja y tiene sentido por los proyectos de Bidireccionalidad e Interconexión de los gasoductos”.
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De esta manera, según las fuentes consultadas, la publicación tiene imprecisiones, empezando de que reducir la dependencia de importaciones es erróneo, porque una regasificadora, técnicamente, es un proceso para transformar gas en estado líquido a gaseoso, y ese gas es importado, es decir, gas que viene del exterior.
En cuanto a la realidad del proyecto, las fuentes agregaron que el gas importado comenzaría a llegar hacia el inicio de la próxima década. “Estamos hablando de 2030 o 2031, ni siquiera de 2029. Lo que sí es cierto es que tienen un plan para aprovechar la infraestructura existente en campos como Ballena y Chuchupa, en La Guajira, para convertirlos en puertos de regasificación”.
Respecto al plazo de 10 meses mencionado, aclararon: “Eso solo empezaría a contar una vez la ANLA apruebe las modificaciones necesarias. Es decir, no hablamos de 10 meses desde ya, sino después de esa aprobación. En la práctica, el proyecto entraría en operación alrededor de 2027. Decir que será antes es muy difícil por todas las ecuaciones técnicas que deben resolverse”.
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