La reforma al Sistema General de Participaciones (SGP) quedó a un solo debate de convertirse en realidad, tras tener luz verde en la Comisión Primera de la Cámara y pese a que algunos legisladores siguen temiendo por los riesgos fiscales.
Entre los aspectos que se mantuvieron fue la reducción de la porción de los ingresos corrientes de la Nación que transferiría el SGP a los departamentos, distritos y municipios. Los recursos aumentarían gradualmente durante 12 años, a partir de 2027, con lo cual alcanzaría dicho porcentaje en 2038.
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Sin embargo, al debate alrededor de la reforma se sumaron nuevas voces como las de economistas del Banco de la República, que alertaron que, en caso de que el proyecto se apruebe, tal como está estructurado, podría llevar al Gobierno a incumplir con la regla fiscal y se dispararían las primas de riesgo.
Dicho reporte, elaborado por Juan J. Ospina Tejeiro, Jesús Bejarano, Andrés Nicolás Herrera Rojas, Manuela Quintero Jácome, David Camilo López Valenzuela, Jorge Enrique Ramos Forero y Steven Zapata-Álvarez, estima que el aumento en las transferencias del SGP elevaría el déficit fiscal del Gobierno Central al 4,7% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2038, frente al 2,8% proyectado en el escenario sin reforma.
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El mayor desbalance fiscal, para los analistas, se origina tanto en el aumento de la partida por SGP, como en la carga de intereses derivada del alza del déficit y de la deuda.
Desde la perspectiva de la deuda pública, el Banrep advierte que la aprobación del proyecto provocaría un mayor endeudamiento público, alcanzando un nivel cercano al 65% del PIB, casi 10 pp por encima de la proyección en un escenario normal, lo que resultaría en el incumplimiento de las metas de la regla fiscal.
“Este proyecto no señala las competencias que se trasladarían a las regiones, ni tampoco estima su costo fiscal. No obstante, la elaboración del proyecto de ley que redefina las competencias se debe enfrentar al hecho de que la Nación asigna actualmente recursos para el financiamiento de la salud a través del SGP y de otras partidas del Presupuesto cuyo monto es significativo”, alertó el Emisor.
Por otra parte, indicó que aun si la redistribución de competencias permite compensar el aumento de los mayores gastos por SGP, existen riesgos adicionales que comprometen la sostenibilidad de las finanzas públicas.
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Una de ellas es la menor capacidad de gestión y ejecución de las regiones, que reduce la probabilidad de que el Gobierno Nacional no tenga que incurrir en gastos para garantizar la oferta de bienes y servicios públicos.
En períodos de recesión, agregaron los analistas, el monto del SGP podría afectarse y el Gobierno Nacional quedaría expuesto a compensar los desfaces en el financiamiento de los sectores cubiertos con estos recursos.
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Finalmente, señalaron, cualquier esfuerzo de consolidación fiscal para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas se verá enfrentado a barreras adicionales, en tanto que el Gobierno tiene que compartir con las regiones parte del recaudo derivado de nuevas reformas tributarias y el acto legislativo al SGP aumenta la inflexibilidad del gasto, como sucedió en los años 90.