En un comunicado de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) rechazó la idea del gobernador Julián Andrés Rendón de adelantar un proyecto para cobrar en la factura de servicios públicos de EPM una sobretasa de seguridad.
Se trata del proyecto de ordenanza número 59, que cursa en la Asamblea de Antioquia. El proyecto argumenta que su razón de ser es imponer una tasa especial de seguridad y convivencia ciudadana para financiar la cuenta territorial de seguridad del departamento.
Para eso se propone un costo adicional en la tarifa de energía eléctrica para los estratos 4, 5 y 6, así como a los comerciantes y sector industrial.
El propio Bruce Mac Master, presidente de la Andi, publicó en su cuenta de X (antes Twitter) que cargar de impuestos adicionales a las empresas afecta la viabilidad y desarrollo de la región, además de golpear la generación de empleo y las oportunidades para los jóvenes.
Y añadió: “Los funcionarios públicos siempre creen que las empresas y ciudadanos pueden pagar ‘un poco más’ y de gota en gota se llena el cántaro, obligando a las pymes, emprendimientos y empresas a irse a otros lugares o simplemente desaparecer”.
La Andi explicó que el costo de la energía representa alrededor del 20% de los costos de producción para la industria. En ese orden, el gremio proyecta que la sobretasa de seguridad incrementaría 9.8% la tarifa industrial de energía en Antioquia. “Esta alza lesiona gravemente a las empresas, y también deteriora la competitividad del departamento”.
Y es que la Andi argumentó que el actual contexto económico no es el mejor y se caracteriza por la incertidumbre y un pobre crecimiento económico. Eso teniendo en cuenta que el año pasado, la economía solo repuntó un 0,6%.
Los empresarios sostuvieron que la estructura tributaria en Colombia es una de las más altas en Latinoamérica, con una carga promedio del 71,2% para las empresas.
“Añadir un nuevo tributo sobre el consumo de energía (...) generará efectos inflacionarios y reducirá la capacidad de las empresas para invertir y generar empleo”, sentencia el comunicado.
La advertencia de la Andi es tal, que incluso vaticinó que algunas compañías podrían cerrar ante el impuesto que impulsa el gobernador. El gremio explicó la energía eléctrica representa el 66% de los costos de producción en algunas industrias, pero no todas las empresas se afectarán igual, pues algunas organizaciones dependen más de ese servicio público, por lo que no podrían soportar el aumento en los costos.
“Lo razonable es que los departamentos y las ciudades busquen ser mucho más competitivos y sea en sus territorios donde se generen nuevas inversiones y oportunidades de trabajo. Decisiones como estas van exactamente en el sentido contrario a generar más competitividad de la región”, anotó el gremio.
Finalmente, hizo un llamado para a los diputados regionales para no aprobar dicha ordenanza; en cambio, abrir un espacio de diálogo para explorar soluciones que no traigan cargas adicionales que afecten el empresariado.
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