El Congreso debatirá a partir de este primero de diciembre el octavo y último debate de la reforma constitucional al Sistema General de Participaciones (SGP), la cual busca elevar de 23,8 a 39,5 por ciento los ingresos que el Gobierno Central les gira cada año a las regiones, pero que ha recibido una lluvia de críticas en los últimos meses por las graves consecuencias que podría tener para la economía.
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El mayor cuestionamiento al proyecto de acto legislativo, que modificaría los artículos 356 y 357 de la Constitución de 1991, era que se les transferirían más recursos a las regiones para financiar servicios esenciales tales como educación, salud, agua y saneamiento básico sin que estas asumieran mayores funciones; sin embargo, a lo largo del debate se condicionó su vigencia a una ley de competencias.
Juan Fernando Cristo, ministro del Interior, ha promovido esta iniciativa legislativa. Alejandra Quintero / Revista BOCASDe hecho, el acuerdo entre el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, promotor de la iniciativa, y el de Hacienda, Ricardo Bonilla, fue sacar adelante una ley que permita dar nuevas obligaciones a los entes territoriales para evitar duplicar funciones. Si bien en un principio se indicó que esta tendría que estar lista a los 12 meses, en la última ponencia que se debatirá a partir de hoy en la plenaria de la Cámara se establece que deberá quedar en seis.
De lo contrario, la propia cartera de Hacienda asegura que los cálculos serían “inviables” para la sostenibilidad del país y que se requerirían alrededor de nueve reformas tributarias entre el 2027 y el 2035 para financiar las mayores presiones de gasto que implicaría.
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“Sin reducciones equivalentes en el gasto del Gobierno, este proyecto generaría un incremento permanente del déficit fiscal y de la deuda pública hasta un nivel cercano al 83 por ciento del PIB, superando en casi 28 puntos la proyección en un escenario sin reforma”, se puede leer en un informe publicado hace un par de semanas por investigadores del Banco de la República.
¿Se acaban los riesgos de la reforma al SGP?
Los expertos reconocen que en la última ponencia preparada por el representante Carlos Ardila hay avances significativos, como el que expresa textualmente que las transferencias se harán de manera gradual, simultánea y equivalente de tal manera que no comprometan el marco constitucional de la sostenibilidad fiscal del Estado y sean compatible con el Marco Fiscal de Mediano Plazo y la Regla Fiscal.
“Atendiendo al principio de transparencia fiscal, cada ley del presupuesto deberá especificar los gastos que dejarán de ser competencia de la Nación y que serán transferidos a las entidades beneficiarias del SGP”, se puede leer en la nueva ponencia.
Sin embargo, en otra parte del texto se indica que el incremento anual será un porcentaje igual a la duodécima parte de la diferencia entre el 39,5 por ciento establecido como meta y el porcentaje de los Ingresos Corrientes de la Nación destinado al SGP correspondiente al año de entrada en vigencia de anterior, lo que vuelve a generar dudas.
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La reforma al SGP pasó en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes. Ministerio del Interior“Si se parte de la base de que la transferencia de competencia se haga de manera gradual, simultánea y equivalente, no se puede concluir que el valor financiero sea exactamente igual para todos los años en que dure ese régimen transitorio al monto que se ahorre el Gobierno Nacional (y que reciban adicionalmente las entidades territoriales) por el traslado de competencias” recrimina el exviceministro de Hacienda y profesor de la Universidad de Los Andes Francisco Azuero, quien junto con otros expertos se reunió la semana pasada con el ministro Cristo para darle su opinión sobre la reforma.
En lo mismo coincide el exministro y expresidente de Fasecolda Jorge Humberto Botero, quien también hizo parte de esa reunión. “Hay una evidente contradicción y un riesgo enorme. Si la plata va primero y luego, con rezago, las responsabilidades de gasto, podemos entrar en una severa crisis fiscal. Se necesita corregir porque, de lo contrario, el impacto podría ser demoledor”, manifestó al tiempo que reconoció la labor que ha hecho Cristo por mejorar el proyecto.
Para Luis Fernando Mejía, director del centro de pensamiento Fedesarrollo, los cambios realizados en la ponencia tampoco resuelven las inquietudes porque el proyecto continúa la provisión central de aumentar la participación de las transferencias a las entidades territoriales al 39,5 por ciento. “Los riesgos fiscales siguen siendo los mismos”, asegura.
Hay que recordar que después de las críticas recibidas en el sexto debate los congresistas bajaron el monto de las transferencias del inicial 46,5 por ciento en 10 años a un 39,5 por ciento en un periodo de 12 años.
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“El salto al 46,5 por ciento es imposible, no existen los recursos, por eso se bajó a un 39,5 por ciento; sin embargo, considero que la mejor opción es lo que propuso la Misión de Descentralización, es decir, que las transferencias suban al 31 por ciento y adicionalmente exista una bolsa de 5 por ciento para el cierre de brechas y para la convergencia regional. Las subregiones se unirían y podrían hacer cosas en beneficio común para que haya concentración en los municipios y departamentos más pobres”, opinó la senadora Angélica Lozano.
La senadora bogotana Angélica Lozano es abogada y está casada con la alcaldesa de la capital, Claudia López. Archivo particular¿Qué desaparecerá con la ley de competencias?
Otra de las preocupaciones de la ponencia radicada es que sigue sin especificar qué cambios se harían en la estructura administrativa del Gobierno central cuando se saque adelante la ley de competencias, es decir, qué entidades desaparecerían por estar duplicadas.
“Es necesario que se diga expresamente qué entidades nacionales se suprimen, se descentralizan (es decir, pasan a ser financiadas por los presupuestos territoriales), o se reestructuran”, señaló Azuero, quien le propuso al ministro Cristo incluir en la misma ley de competencias una reestructuración de la administración central para evitar el paso posterior de pedirle al Congreso que le conceda facultades constitucionales para crear, fusionar o suprimir entidades y que el proceso sea más rápido.
En ese sentido, desde el centro de estudios económicos Anif han repetido en varios de sus análisis que es “difícil ser optimista con un modelo de descentralización que no incluye propuestas concretas de competencias en materia de salud, educación y de otros gastos en cabeza de departamentos y municipios, más cuando el Gobierno Nacional quedaría prácticamente sin espacio fiscal para atender varias de las funciones más básicas de gasto”.
Llamado de los gobernadores al Congreso
Esta reforma ha sido celebrada tanto por los municipios como por los departamentos. De hecho, estos últimos le enviaron una carta al Congreso hace unos días. “Entendemos que ha habido críticas por un posible impacto fiscal si no se modifica la estructura del Estado, y desde ya, los gobernadores enfatizamos nuestro compromiso para que esa transformación se dé a través de la ley de competencias”, dice el texto de la Federación de Departamentos.
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Noelia Cigüenza Riaño