Un nuevo capítulo de la novela Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, e hidroeléctrica Urrá, de Córdoba, se conoció este miércoles 4 de diciembre, cuando el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, reveló que remitió, el pasado mes de octubre, a la Fiscalía unas denuncias anónimas.
Estos señalamientos van en contra de Nicolás Alcocer, hijo adoptivo del presidente Gustavo Petro; y Ricardo Roa, acusándolos por presuntos actos de corrupción relacionados con la empresa Urrá S.A.
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Según fuentes cercanas al Ministerio, Bonilla descubrió que Alcocer habría hecho llamadas al despacho de Hacienda, lo que despertó sospechas sobre posibles presiones indebidas. La denuncia asegura que Alcocer y Roa habrían influido en la junta directiva de Urrá para favorecer a dos empresas en los negocios relacionados con el parque solar Urrá 19.9, un proyecto que lleva año y medio de retraso.
Es así como el escándalo de la hidroeléctrica Urrá en Córdoba sigue creciendo. Es decir, un mensaje de WhatsApp enviado al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, señala al hijo del presidente Gustavo Petro, Nicolás Alcocer, y a Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, por presuntas presiones relacionadas con contratos millonarios.
De esta novela se conoce una serie de presuntas irregularidades por $1,4 billones en contratos de venta de energía. Entre los beneficiarios figura Marisol Segura, empresaria cercana a Roa y a su pareja, Julián Caicedo Cano.
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EL COLOMBIANO conoció la carta que Bonilla firmó y envió a la fiscal Adriana Camargo. En el documento, el ministro de Hacienda asegura haber recibido un mensaje a su WhatsApp personal el 28 de septiembre, donde se le informaba sobre supuestas presiones de Alcocer y Roa para tomar el control de Urrá y favorecer contratos con aliados.
Uno de los proyectos mencionados es el Parque Solar Urrá 19,9, a cargo del consorcio Lux Power 2022, que incluye a la empresa Luxim Ingeniería S.A.S., liderada por David Cerón y Lucía Muñoz.
Este parque solar acumula dos años y medio de retraso en su construcción, lo que ha generado controversia. Según la denuncia, Cerón habría utilizado su relación con Alcocer para presionar a la directiva de Urrá en busca de beneficios indebidos y nuevos contratos, como el Parque Solar Inti II.
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“Denuncia del 28 de septiembre de 2024: De acuerdo con nueva información recibida el día 28 de septiembre de 2024, a través de mi cuenta personal de WhatsApp, desde el número +xxxxxx, se informó acerca de presuntas presiones indebidas ejercidas por Nicolás Alcocer y Ricardo Roa sobre la junta directiva y la administración de URRA S.A. E.S.P. Estas presiones, según el denunciante, a tomar control de la empresa para favorecer a aliados cercanos interesados en la adjudicación de contratos, entre los cuales se destaca el Parque Solar Urrá 19,9, proyecto cuya construcción se encuentra a cargo del consorcio Lux Power 2022, del cual forma parte la empresa Luxim Ingenieria S.A.S., presuntamente dirigida por David Cerón y Lucía Muñoz”, se lee en la misiva que envió el ministro Bonilla.
Además de Roa y Alcocer, el documento menciona a varios senadores, incluidos Julio Chagüi, José David Name y Marcos Daniel Pineda, junto con miembros de la “familia Calle”. Según la denuncia, todos habrían intentado influir políticamente en la junta directiva de Urrá para controlar contratos estratégicos de la empresa.
El informe de Bonilla también indica que las presiones han sido rechazadas por la administración de Urrá, pero persisten desde la junta directiva. Incluso se menciona una reclamación de $60.000 millones presentadas por el consorcio Lux Power 2022, resistida hasta ahora por la administración.
En su carta, Bonilla también pide investigar posibles conflictos de interés y colusión en los procesos de contratación de Urrá. Señala que contratistas externos y funcionarios habrían participado en licitaciones con acceso privilegiado a información técnica, violando las reglas del proceso.
Mientras tanto, cabe recordar que Bonilla, como jefe inmediato de Roa, enfrenta una complicada situación política por estas denuncias.
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Por su parte, Ricardo Roa negó rotundamente las acusaciones, afirmando que desconoce los hechos que menciona la denuncia y que ni siquiera tiene relación con la junta directiva de Urrá. Además, Roa señaló que Bonilla actuó con base en un anónimo recibido en el Ministerio y que, según él, “simplemente debía trasladar la información”.
Es así como la Central Hidroeléctrica Urrá, en Córdoba, sigue en el ojo del huracán. Investigaciones recientes destapan presuntos sobornos, contratos a dedo y pérdidas millonarias que salpican a figuras cercanas al gobierno de Gustavo Petro.
La Secretaría de Transparencia, encabezada por Andrés Idárraga, decidirá pronto qué hacer con la información recolectada sobre posibles sobornos a contratistas de Urrá. Por otro lado, la Procuraduría indaga la adjudicación irregular de contratos por $1,4 billones, de los cuales tres empresas tienen conexiones con personas del círculo cercano al presidente Petro.
Además, la Contraloría General abrió una investigación especial por pérdidas superiores a $300.000 millones debido a la venta irregular de energía. Según los hallazgos, los contratos habrían sido otorgados sin licitación y concentrados en unas pocas empresas, favoreciendo a estas con márgenes de ganancia extraordinarios.
Entre las empresas señaladas destaca Energéticos SAS ESP, que reportó ventas por $122.594 millones, y Energía y Gas ESP, con $6.006 millones. Ambas están relacionadas con Marisol Segura Díaz, empresaria ya mencionada en investigaciones previas.
Segura también aparece vinculada a Windsun Energy LLC, una empresa registrada en Florida que conecta a su socio Carlos Julián Caicedo Cano, pareja del presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa.
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Roa ha negado cualquier relación con las empresas investigadas y aseguró que las acusaciones carecen de fundamento. Sin embargo, admitió haber representado a Segura y su hermano en una asamblea de accionistas de Energéticos en 2017, aunque sostuvo que esto no constituye un vínculo comercial.
Mientras tanto, un informe filtrado de Control Risks, solicitado por miembros de la junta de Ecopetrol, señala otras irregularidades, como la posible violación de topes en la campaña presidencial de Petro, dirigida por Roa. También menciona la compra de un lujoso apartamento a un empresario petrolero antes de que Roa asumiera la presidencia de Ecopetrol.
El caso no solo involucra a Urrá, sino que se extiende a otras empresas como Generarco S.A., Energético ESP y Energía Limpia y Eficiente (ELEFI ESP). Estas compañías tienen nexos con figuras del gobierno y donantes clave de la campaña de Colombia Humana.
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