La Agencia Nacional de Minería (ANM) advirtió un grave riesgo de pérdida de más de $370.000 millones del Sistema General de Regalías. Según explicó, la situación obedece a un embargo decretado por el Juzgado Primero Administrativo de Quibdó, Chocó.
La entidad señaló que considera que se trata de un embargo presuntamente irregular. Añadió que estos recursos son fundamentales para la inversión social en municipios y departamentos y ahora se ven comprometidos por decisiones judiciales.
La entidad argumentó que los recursos no pertenecen a la Agencia , sino a las entidades territoriales, y su embargo afecta directamente a los municipios y departamentos.
Además, dijo que se desconoce el procedimiento legal vigente, que asigna a la Defensoría del Pueblo la administración y pago de las indemnizaciones ordenadas por la sentencia judicial.
Anotó que la decisión viola el principio de inembargabilidad de los recursos de regalías, protegido por la legislación colombiana y la Corte Constitucional.
Todo se originó en una sentencia de 2016 que declaró responsables al municipio de Río Quito, Codechocó; al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y a la ANM, por daños ambientales causados por minería ilegal en la cuenca del río Quito.
La condena fue confirmada en 2022 y ordenó el pago de indemnizaciones equivalentes a 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes a cada uno de los miembros de un grupo, que inicialmente era de 7.005 personas y que ahora supera las 19.000.
La ANM aseguró que presentó su defensa jurídica en todas las instancias. Sin embargo, en julio de 2024, el Juzgado de Quibdó ordenó un primer embargo por más de $370.000 millones.
Posteriormente, el 12 de noviembre de 2024, el mismo juzgado ordenó un segundo embargo por $445.000 millones, llevando el total bloqueado a más de 800.000 millones.
“La ANM considera estas decisiones desproporcionadas e ilegales, pues afectan gravemente a las finanzas públicas y comprometen proyectos esenciales en las regiones”.
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La ANM ha implementado varias acciones para proteger los recursos públicos de regalías y garantizar que las indemnizaciones lleguen a los destinatarios legítimos.
Estas acciones incluyen la oposición al embargo de los recursos, argumentando su inconstitucionalidad y falta de fundamento legal, así como la presentación de denuncias penales y quejas disciplinarias contra el juez responsable por presunto prevaricato ante las autoridades competentes.
Además, la ANM ha realizado una serie de gestiones legales como acciones de tutela, recursos, intervenciones y solicitudes de vigilancia administrativa, trabajando en conjunto con la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, la Federación Colombiana de Municipios y cerca de 31 municipios, quienes también han presentado acciones legales en defensa de estos recursos.
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