Tras 45 años de soberanía energética, el país comenzó a importar gas para abastecer hogares e industrias. La situación deja ver la difícil coyuntura que padece Colombia a raíz de las bajas reservas, que despertaron el fantasma de la escasez de ese energético.
En medio de ese panorama, el exministro de Minas y Energía (en el mandato de Juan Manuel Santos), Amylkar Acosta, sostuvo que es un hecho que Colombia ya comenzó a importar gas natural para hogares e industrias, por lo que proyectó que las tarifas en ese servicio público se elevarán entre un 24% y 26% para los consumidores.
Adicional, señaló a Andrés Camacho, ministro de Minas y Energía, de ser un negacionista al no reconocer que el país necesita el gas importado ante la poca disponibilidad del local. A continuación su conversación con EL COLOMBIANO.
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“Hay una situación compleja por el lado de la generación y distribución. Eso, a consideración del atraso de proyectos fundamentales para garantizar el servicio en las condiciones en que lo establece la ley. Los proyectos no han entrado en los tiempos previstos y eso ha significado que, mientras la demanda está creciendo un 5%, la oferta en firme de energía lo ha hecho al 50%. Esto nos ha llevado a una estrechez entre la oferta y la demanda. De manera que, mientras se demandan 230 GWh (gigavatios-hora por día), la oferta en firme no supera los 240. Esa estrechez hace que el margen de maniobra sea muy reducido. Esto presiona los precios en bolsa y los de facturas a usuarios finales. Es una amenaza de racionamiento, que se ve agravada con la situación financiera que afrontan las empresas distribuidoras de energía ante la opción tarifaria, que es del orden de los $5 billones, y que el Gobierno se comprometió a asumir, pero a la fecha no hay ninguna decisión al respecto y todo es incertidumbre. A esto se suman 2,5 billones que le adeuda el Ejecutivo a estas empresas por concepto del pago de subsidio a estratos 1, 2 y 3. Eso tiene a las empresas distribuidoras en una situación muy compleja de liquidez y flujo de caja”.
“Es un hecho de notoriedad pública, así el ministro de Minas y Energía siga negándolo, el país ya comenzó a importar gas natural para satisfacer la demanda esencial, y hago énfasis en esencial porque el país importa gas hace muchos años para el abastecimiento del parque térmico de generación. Ahora, estamos abocados a importar gas para satisfacer la demanda residencial, la que requiere TGI y Promigas en sus estaciones compresoras, para el transporte de gas, y la que se requiere para el abastecimiento de gas vehicular y el de la industria. En 45 años, Colombia nunca necesitó traer gas para esos consumos. Esto se va a prologar por lo menos en los próximos dos años, con lo cual se está poniendo en riesgo la seguridad energética del país”.
“Es que si algo caracteriza al ministro es su negacionismo. Él, en repetidas ocasiones, dijo en su momento que no había ningún riesgo de racionamiento de energía; sin embargo, participó de la decisión de la Creg (Comisión de Regulación de Energía y Gas) de optar por pasar el sistema eléctrico de un estado de vigilancia a uno de riesgo, y además, activó el estatuto para situaciones de desabastecimiento de energía. También, manifestó que no íbamos a tener escasez de gas en el país, sino que había acaparamiento, pero llegó el momento en que se debían firmar los contratos y el gas que supuestamente estaba acaparado no apareció por ninguna parte. Ahora, estamos importando gas y dice que eso solo se da para tener unas reservas y que se puede garantizar el abastecimiento. Eso lo que está conduciendo es a un callejón sin salida. Resulta que hay un decreto que salió dos meses y sigue sin expedirse, pero se requiere porque este es el que administra las importaciones y facilita que la Creg expida nuevas resoluciones para responder a los requerimientos del indexador del gas importado, ya que los estándares en materia de precio en el exterior no son iguales en Colombia y para eso se necesita el indexador. Todo esto está represado por cuenta del negacionismo del ministro”.
“Es un hecho que va a ser más caro. El país vendedor debe pasarlo del estado gaseoso al liquido a través de la licuefacción y eso tiene un costo. Además, se debe pagar un flete por el transporte y cuando llega a la regasificadora de Cartagena, pues allí se debe dar el proceso inverso, es decir, pasarlo del estado líquido al gaseoso, otro costo. Yo estimo que el aumento que vamos a tener en el precio y en las tarifas de gas natural no va a ser menor a entre el 24% o 26%”.
“El Gobierno tiene razón al sostener que la escasez y la necesidad de importar gas no es su responsabilidad. Llegamos a este punto porque en los últimos 15 años las reservas en el país cayeron en un 50% y con las reservas bajó la producción, en los últimos dos años bajó alrededor del 7% al 10%, pero la demanda sigue creciendo y va a hacerlo más hacia el futuro, si se tiene en cuenta que el gas es considerado el energético de la transición: el consumo de carbón y de combustibles líquidos se van a sustituir por consumo de gas, por lo tanto, los requerimientos serán mayores. Ahora, lo que sí le incumbe a este Gobierno es que en esas circunstancias no tiene sentido descartar la firma de nuevos contratos de exploración y explotación. Las reservas que se estiman que hay en el campo Sirius son el resultado de las actividades de Ecopetrol y Petrobras desde hace 10 años, de manera que la decisión del Gobierno se va a sentir mayormente hacia el futuro, pero en el presente una decisión como esa da unas señales al mercado y desalienta la actividad exploratoria”.
“Riesgo de desabastecimiento no vamos a tener. Solo que parte importante del abastecimiento provendrá de las importaciones y como lo ha dicho Luz Stella Murgas (presidenta de Naturgas), el gas barato se acabó”.
“Es sencillo, el anuncio no coincide con el contenido de la resolución. El ministro dice que se tendrá un impacto inmediato sobre los precios, entonces el usuario esperaría también un impacto inmediato en las tarifas, pero no es así, porque está establecido en la resolución que los dos precios de escasez que se establecen son opcionales, o sea no tiene un poder vinculante, solo será obligatorio a partir del 2028, solo hasta ese año su efecto será inmediato”.
“Esto tiene varias consecuencias, una es que desincentiva la firma de contratos bilaterales entre comercializadores y generadores. Eso porque si se pretende llevar artificialmente a precios bajos el valor en bolsa, pues daría lo mismo tener una mayor exposición en bolsa que firmar contratos a largo plazo, que son los que garantizan la estabilidad de los precios; lo segundo es que si se desestimulan los contratos de compraventa, eso se convierte en una barrera para las energías renovables, porque estas no son viables si no cuentan con contratos a largo plazo. Estaría poniéndose en riesgo la tan cacareada transición energética en el país.”
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