Es cierto que el Gobierno Petro pretendía recaudar cerca de $10 billones para el 2025 con la reforma tributaria hundida en el Congreso, una forma de meterle más plata al presupuesto. Pero, los datos muestran que el del próximo año será el más alto de la historia: $511 billones.
El presidente y sus ministros aseguran que la falta de estos billones obligará a recortar programas sociales, infraestructura, educación y otros sectores. ¿Es realmente así? Las cifras y voces críticas sugieren que el problema podría no ser la falta de recursos, sino una gestión deficiente, más burocracia que inversión, cuentas infladas de recaudo tributario y desorden fiscal.
A pesar de no lograr la tributaria, el presupuesto de 2025 será $8 billones más alto que el de este año y $88 billones más que el de 2023, en términos nominales. Incluso ajustado por inflación, el presupuesto sigue siendo superior. Esto plantea una pregunta: ¿por qué, teniendo más recursos, el Gobierno argumenta que se quedó sin dinero?
Un factor que complica el panorama es la baja ejecución presupuestal de este año. A noviembre de 2024, el Gobierno solo había comprometido el 80,8% de los $503,6 billones aprobados para 2024, dejando sin ejecutar cerca de $97 billones. Esta cifra equivale a 12 veces el presupuesto de Medellín para este año.
Sectores como Salud (92,1%), Educación (90,2%) y TIC (85,1%) muestran una ejecución destacada. Pero otros, como Hacienda (45,1%), Agricultura (38,9%) Deporte (25,7%) e Igualdad (3,11%), reflejan un rezago preocupante. ¿Cómo justificar más recursos si no se ejecutan los existentes?
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Germán Machado, analista económico y profesor de Los Andes, explica que, a pesar de la reducción de $33 billones a lo largo del 2024, no hay una estrategia de austeridad por parte del Gobierno. “De hecho, esto no es resultado de un ajuste del Gobierno, sino que es un corte obligado, debido a que las proyecciones económicas del Ministerio de Hacienda estaban infladas y no cuadran las cuentas”.
Entre las principales razones del porqué el Gobierno Petro terminó el 2024 sin plata y arrancará el 2025 en saldos rojos, según Machado, es que el Ejecutivo sigue manteniendo un nivel de gasto elevado, a pesar de la precariedad en el recaudo y sigue insistiendo en presentar presupuestos desfinanciados. Prueba de esto es que el del próximo año tiene un faltante estimado de cerca de $25 billones y que, con total seguridad, el Ministerio de Hacienda tendrá que recortar también.
“La gestión de las finanzas públicas del Gobierno ha fallado en seriedad. El Gobierno ha inflado las cuentas, tiene una baja ejecución en inversión, concentra el gasto en funcionamiento y ha creado gran incertidumbre sobre el financiamiento de 2025. Hay dudas sobre la sostenibilidad de la política fiscal del Gobierno actual”, alertó el economista.
Pese a esto, el director de Planeación, Alexander Maya, y otros funcionarios han advertido sobre recortes drásticos en vivienda, infraestructura, cultura, y más. Sin embargo, las cifras de subejecución cuestionan estos argumentos. Por ejemplo, el programa “Mi Casa Ya” enfrenta recortes, pero el sector vivienda tiene $4,9 billones sin gastar este año. Similarmente, el Ministerio de Cultura aún no ha ejecutado $623.000 millones, y Deporte tiene $971.000 millones sin usar.
La estrategia parece ser congelar recursos de inversión para cumplir con la regla fiscal, afectando sectores clave. Esto ha generado críticas incluso dentro del propio Congreso, como las del senador JP Hernández, quien calificó de inconsistentes los argumentos del Gobierno.
Asimismo, el exministro Mauricio Cárdenas expresó su preocupación por las decisiones del Gobierno: “Estamos viendo un gobierno cada vez más irascible e impredecible, donde siento que no se está pensando con claridad”. Criticó la suspensión del programa Mi Casa Ya: “Miles de familias han ahorrado durante años esperando un subsidio para comprar su vivienda, y ahora enfrentan la frustración de perder ese esfuerzo”.
El rezago en inversión pública es alarmante. Este año, de los $100 billones asignados para inversión, solo se han comprometido $78,4 billones y pagado $44,5 billones, dejando más de $21 billones sin ejecutar. Esta tendencia ha sido más marcada bajo el actual gobierno, alcanzando niveles que no se veían desde 2019.
El foco de atención es la inversión, tema clave que gremios y expertos han insistido en priorizar para enfrentar la desaceleración económica. Sin embargo, parece ser la sacrificada debido a la subejecución del Gobierno. De los $100 billones previstos para 2024, se ha comprometido el 78,4%. Para comparar, en 2023 la ejecución era del 81,1%; y en 2022, cuando Petro inició su mandato, fue 88%.
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Los sectores más rezagados son inclusión social ($3,7 billones), transporte ($2,4 billones), agricultura ($2,3 billones), Hacienda ($2,1 billones) y minas y energía ($1,7 billones), que concentran la mitad de los recursos pendientes, pero ninguna supera el 31% en ejecución.
Analistas como el exministro de Hacienda José Manuel Restrepo señalan que el Gobierno enfrenta un problema estructural para ejecutar proyectos de inversión. “La falta de proyectos listos y una administración centrada en gastos de funcionamiento dificultan el uso eficiente de los recursos”, afirma Restrepo.
Mientras el Gobierno defiende su narrativa de crisis presupuestal, las consecuencias de la subejecución afectan directamente a la economía y a los ciudadanos. Programas sociales y proyectos de infraestructura vitales se quedan en el papel. Además, la Contraloría General ha advertido que las reservas presupuestales no usadas podrían alcanzar cifras récord, dejando recursos inutilizados en un contexto de desaceleración económica.
Aunque el órgano de control reconoce que se han cumplido compromisos como el servicio de la deuda ($79,7 billones) y gastos de funcionamiento ($233,67 billones), en inversión apenas se han ejecutado $44,83 billones de los $100,06 billones asignados, reflejando un rezago alto en este rubro clave.
De acuerdo con las cifras disponibles, hasta noviembre, las pérdidas por no usar los recursos podrían llegar a $96,87 billones. Esto pasa porque, de los $503,4 billones del presupuesto, solo se han comprometido $406,7 billones. En otras palabras, hay plata que no se estaría usando para los programas y proyectos que se habían planeado.
Por otro lado, la falta de pagos por falta de plata a contratistas de entidades como el Dane, Invías, Bienestar Familiar y otras genera incertidumbre laboral y afecta la confianza en la administración pública. Estas fallas operativas debilitan la capacidad del Gobierno para implementar políticas efectivas.
¿Y ahora qué? El presupuesto de 2025 plantea un desafío titánico para el Gobierno. Con $511 billones, se necesitará una estrategia clara para ejecutar recursos y evitar los rezagos. Además, deberá corregir las inconsistencias entre su discurso de crisis y la realidad presupuestal.
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