A través de sus redes sociales, el presidente de Argentina, Javier Milei, publicó un mensaje en donde hacía referencia a una criptomoneda, la cual presentó tiempo después un derrumbe en su cotización, además de las acusaciones sobre una posible estafa. Algunos opositores al mandatario sugirieron una posible violación al Código Penal Argentino.
Durante el fin de semana, Javier Milei utilizó su cuenta de X para promocionar una nueva criptomoneda llamada $LIBRA, una moneda que habría sido creada para “incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos”.
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La publicación la borró horas después, cuando el valor del token se desplomó, provocando en los inversores grandes pérdidas. La polémica aumentó cuando la gente se dirigía al sitio vivalalibertadproject.com, el cual se mencionaba en el tuit original, pues este hacía referencia a su frase y lema político “viva la libertad”, algo que generó sospechas sobre su implicación en ese proyecto.
Debido a este panorama, algunos han sugerido en redes sociales la constitución de un delito, algo para lo cual se debe tener en cuenta el Código Penal Argentino, la Ley de Entidades Financieras y la Ley de Ética Pública.
Algunos abogados han decidido denunciar al presidente Javier Milei por el trino promocionando la criptomoneda $LIBRA, pues de acuerdo con los juristas, la acción del mandatario representó un episodio de asociación ilícita para cometer “un número indeterminado de fraudes”. Así lo afirmó el abogado Jonatan Baldiviezo para la agencia internacional AP.
Los demandantes basan sus acciones en los artículos 173, 248 y 265 del Código Penal de Argentina, los cuales hablan de fraudes informáticos, negociaciones incompatibles y abuso de autoridad.
En el caso del artículo 173 se mencionan los casos considerados como estafas y otras defraudaciones, el cual habla en su inciso 16 sobre el que defraude a otro “mediante cualquier técnica de manipulación informática que altere el normal funcionamiento de un sistema informático o la transmisión de datos”, en este caso, según el análisis de expertos jurídicos para medios internacionales como Infobae, CNN y EuroNews, se deben demostrar un plan doloso por parte de Milei para que proceda la acusación penal.
Por otro lado, el artículo 248 que mencionan dentro de las acusaciones se refiere al abuso de autoridad, pues este habla de sanciones al “funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere”, sin embargo, abogados mencionan que no es la misma implicación un trino que un acto administrativo, por lo que se deberá demostrar que el presidente de Argentina utilizó su investidura para imponer, ordenar o llevar a cabo una acción legal.
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El artículo 265 de la normativa penal de Argentina menciona las negociaciones que son incompatibles con el ejercicio de funciones públicas. En este se determinan sanciones al “funcionario público que, directamente, por persona interpuesta o por acto simulado, se interesare en miras de un beneficio propio o de un tercero, en cualquier contrato u operación en que intervenga en razón de su cargo”. Para que este apartado aplique sobre el mandatario, los demandantes deberán demostrar que Milei obtuvo beneficio económico de dichas acciones.