La sorpresiva inspección de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) a las instalaciones de Naturgas en Bogotá despertaron críticas de opositores del Gobierno Nacional. Fue calificada como un acto improvisado, que para algunos obedeció más a la atención de una orden de Gustavo Petro, que a un ejercicio con sustento en su objeto de investigación.
Precisamente sobre la razón de ser del sorpresivo control de la Superintendencia recae la mayor inquietud. Los hechos acontecieron entre el miércoles y el sábado de la semana pasada tras un trino del jefe de Estado en el que advirtió investigaciones por supuesta especulación en los precios del gas natural.
Lo cierto es que al final en la inspección acontecieron 16 irregularidades, según un informe de la Procuraduría General de la Nación.
Todo comenzó el miércoles 12 de febrero a las 9:30 de la mañana cuando funcionarios de la SIC arribaron a las instalaciones de la Asociación Colombiana de Gas Natural, ubicadas en la torre empresarial del centro comercial de la Avenida Chile, en la calle 72 número 10-70, en Bogotá, donde laboran unas 10 personas del gremio.
La visita fue sorpresiva y sin previo aviso. Así lo contó Luz Stella Murgas en conversación con EL COLOMBIANO. La lideresa gremial reveló detalles del control que realizó la SIC.
Murgas sostuvo que la entidad de control presentó un acta para adelantar una inspección administrativa. Se practicaron distintas pruebas relacionadas, con revisiones de los correos electrónicos, declaraciones bajo juramentos y hasta interrogatorios.
Entre el proceso se incluyó la recopilación de datos del celular de la presidenta de la asociación. “Se me informa que la extracción de la información de mi celular debe ser completa. A eso hice una solicitud de que se excluyera la información personal, familiar e íntima, pero en un principio la SIC se negó”.
Finalmente, la Superintendencia accedió a solo recopilar una parte de los datos. Ese procedimiento se realizó de la siguiente manera: se extrajo cada conversación de WhatsApp en la que se identificó la palabra “gas”. Y esos mensajes se exportaron a la base de datos de la Superintendencia.
Hay que aclarar que no se accedió a toda la información del teléfono móvil de Murgas, sino exclusivamente a la de WhatsApp, y bajo los términos explicados antes. Eso no excluyó las conversaciones con periodistas. El dispositivo móvil estuvo bajo custodia desde el miércoles 12 de febrero hasta el sábado 15 a las 9:30 de la mañana.
Pese a que el gremio colaboró con todo el proceso legal, una inconformidad de Murgas es que no hubo claridad sobre el objeto específico de la investigación.
La queja de la lideresa gremial es que “si no se conocía cuál era el enfoque o el hecho de investigación, pues cómo se iba a saber cuáles eran los whatsapps directamente relacionados con el hecho de investigación”.
Al parecer, la única claridad es que fue una inspección relacionada con el mercado de gas. Eso ante la supuesta escalada en los precios de las tarifas, que empezó con Vanti y EPM. Lo curioso es que Naturgas no es un agente del mercado y no tiene como función participar o realizar transacciones de compra y venta de gas, tampoco determina precios ni tarifas en el mercado porque este es regulado por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), defendió Murgas.
Ante esa inspección, Naturgas solicitó a la Procuraduría realizar una visita preventiva para evitar “la ocurrencia de hechos que afecten los derechos de las personas, mediante la detección y advertencia temprana de riesgos en la gestión pública”.
En ese informe revelado en la mañana del 20 de febrero, la Procuraduría detectó 16 irregularidades cometidas por la SIC en el proceso con el gremio.
Entre esos se resalta que la entidad pública no aportó el acto administrativo para iniciar la indagación. Entre los más curiosos se encuentra que los funcionarios encargados del proceso fueron cuatro contratistas por prestación de servicios, y un funcionario público de cargo profesional universitario, adscritos a la Delegatura de Promoción y Protección de la Competencia.
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“El documento anota: se presentan dudas sobre las garantías y derechos fundamentales de los interrogados o declarantes”. Además, “se desconoce la legitimidad de la SIC para adelantar la práctica de pruebas sin orden judicial y en una fase de averiguación preliminar”.
Se argumentó que hay preocupación por la subjetividad a partir de la cual se determinó las pruebas a practicar, así mismo, “se advierte la no evidencia de las garantías probatorias de conducencia, pertinencia y utilidad”.
Esta redacción consultó a un abogado que en su momento fue cercano a la entidad en otro gobierno. Explicó que esta entidad como autoridad de protección de la competencia puede hacer visitas administrativas de inspección a cualquier empresa, entidad o persona de derecho público y privado, por lo que en ese sentido no fue irregular.
Añadió que la Corte Constitucional habilita esa función y no necesita una orden judicial para hacer visitas administrativas de inspección, ni avisar previamente.
Solo necesitaría en el caso de un allanamiento o interceptar comunicaciones, pero esos dos casos no son competencia de la entidad.
“La SIC por mucho tiempo le ha pedido a la gente que inspecciona que le entreguen el celular, la cuestión es que para hacer ese proceso el laboratorio forense de la Superintendencia debe tener el móvil. Ahí no se está haciendo nada diferente a lo que ha hecho toda la vida”, mencionó.
Un exsuperintendente de Industria y Comercio, que pidió reserva de su nombre, dijo el problema está en que el presidente Petro fue quien ordenó a la SIC hacer esas visitas. “No es la primera vez que parece reaccionar a una orden del mandatario y eso genera un mal ambiente”.
El exfuncionario cuestionó que antes de realizar inspecciones se debería pedir buena información, pues “no hay que ser muy inteligentes para saber que la escasez de gas aumenta el precio y, por ende, eso hay que trasladárselo a los consumidores”.
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