El sector público en Colombia enfrenta momentos de incertidumbre ante la prolongada espera por definir el aumento salarial para 2025. Miles de servidores públicos y sus familias viven con la inquietud de no conocer aún el ajuste prometido, lo que ha impulsado intensos diálogos entre sindicatos, Gobierno y autoridades locales.
Al cierre de 2023, el país contaba con 1’339.597 servidores públicos, cifra que marca la magnitud del reto ante la necesidad de ajustar los ingresos del sector estatal. Esta cifra, divulgada por el Dane, evidencia el alcance de las negociaciones y la presión que sufren muchos hogares que dependen del salario del sector público.
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¿Cuánto piden los empleados públicos en su aumento de salario en 2025?
El pasado 31 de marzo, las centrales obreras presentaron el pliego de peticiones de 2025, documento que recoge una serie de demandas centradas en mejorar la remuneración de los empleados públicos. En dicho pliego se propone que el ajuste equivale al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de 2024, incrementado en cinco puntos porcentuales, en otras palabras, una fórmula IPC +5 %, de acuerdo con 360 Radio.
Esta propuesta, que apunta a compensar el aumento del costo de vida, ha colocado el proceso de negociación en un estado de espera y expectativa, según el medio ya citado.
Diversos involucrados reclaman que la medida adoptada debe tener en cuenta tanto los ajustes económicos necesarios como la capacidad fiscal del país. La administración ha enfatizado que cada incremento debe sujetarse a los límites fiscales establecidos, a fin de no afectar la estabilidad de las cuentas públicas.
Los sindicatos, sin embargo, defienden que la actualización salarial es indispensable para dignificar la labor de los empleados estatales, y que el encarecimiento de la canasta básica demanda respuestas efectivas en un corto plazo, de acuerdo con información en 360 Radio.
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¿Qué otras exigencias hacen los empleados públicos en Colombia?
El pliego de peticiones en 2025 también incluye propuestas orientadas a mejorar aspectos complementarios al salario básico. Entre estas se destaca la solicitud de bonificaciones y primas que beneficien a los servidores públicos: se plantea la creación de una prima técnica equivalente al 40 % del salario básico mensual, el aumento en la bonificación por servicios prestados hasta el 50 % y un incremento de la prima de antigüedad en cinco puntos porcentuales.
Asimismo, se busca garantizar el pago adecuado de horas extras y recargos dominicales o festivos mediante decretos específicos. Esta serie de propuestas se fundamenta en el documento radicado, que busca equilibrar las necesidades económicas de los trabajadores y la responsabilidad fiscal, según el Dane.
Por otra parte, la demora en la definición del incremento ha sido atribuida a diversos factores. Entre ellos destaca la complejidad de coordinar los diálogos entre los distintos actores involucrados y la necesidad de ajustar las expectativas de los empleados públicos con la realidad de las finanzas estatales. Los trámites legislativos y la revisión minuciosa de los porcentajes propuestos hacen que la respuesta del Gobierno se tarde, situación que intensifica la preocupación entre los trabajadores. Las autoridades resaltan que este proceso de negociación requiere de un análisis detallado para evitar que el incremento desestabilice el equilibrio fiscal, aseveró 360 Radio.
Mientras tanto, en el Distrito Capital se ha dado un paso adelante en el ajuste salarial para servidores públicos. Mediante los Decretos 033 y 034 de 2025, la Alcaldía Mayor de Bogotá anunció un aumento del 1,70 % adicional al IPC certificado por el Dane al 31 de diciembre de 2024. Este ajuste, que asciende a un total del 6,9 % al considerar que el IPC se ubicó en 5,2 %, representa un esfuerzo por paliar la incertidumbre y servir de referente para otras entidades territoriales.
La expectativa y el diálogo se han convertido en elementos centrales para la reconfiguración del salario de los empleados públicos en Colombia. Los delegados sindicales y los representantes gubernamentales se preparan para nuevas sesiones en la mesa de negociación colectiva, donde cada punto del pliego será cuidadosamente discutido.
El reto es conciliar el poder adquisitivo de los trabajadores con un marco fiscal sostenible, sin poner en riesgo la prestación de servicios esenciales al ciudadano. Esta etapa clave del proceso está siendo seguida de cerca por todos los involucrados.