El contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, instó una vez más al Gobierno Nacional a tomar las medidas necesarias para evitar un “inminente” racionamiento de energía en el país. Para esto, citará al ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho; y al ministro de Hacienda, Diego Guevara, y solicitará la presencia de la Procuraduría General de la Nación y gremios del sector minero energético, para realizar mesas de trabajo con el fin de solucionar dichos problemas.
De acuerdo con el órgano de control, preocupa la ausencia de nuevos proyectos y el no pago de deudas acumuladas a los prestadores del servicio de energía y gas, lo cual tendría al país bajo la amenaza de un fuerte racionamiento de energía.
“La Contraloría General hace un llamado al Gobierno Nacional para que trabaje articuladamente y se evite un posible daño al patrimonio del Estado con ocasión del retraso en el giro del pago de subsidios a las empresas de energía eléctrica y gas”, indicó.
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Para el ente de control fiscal, preocupa el retraso en el cumplimiento de las obligaciones en lo que corresponde al giro de los recursos a las empresas prestadoras de servicios públicos de energía y gas por parte de entidades públicas que no han pagado por el servicio prestado.
Según datos del Comité Intergremial de Energía y Gas, las deudas acumuladas por subsidios, que el Gobierno Nacional debía girar a través del Presupuesto General de la Nación (PGN), suman $2,7 billones para energía eléctrica, $3,3 billones por Opción Tarifaria y un billón por deuda de usuarios oficiales y en lo que compete a gas $628.000 millones para gas natural al cierre de 2024; es decir, más de $7 billones, “lo que preocupa aún más si se incluyen los costos de las intervenciones a empresas realizadas recientemente”, indicó en ente.
Señaló que esto provocaría que los usuarios con menos recursos en estratos 1, 2 y 3, puedan ver incrementados los costos de las facturas sino se giran los recursos y pagos por parte del gobierno correspondientes a subsidios y opción tarifaria.
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“Este monto representa anualmente el 60% de los recursos necesarios y sigue aumentando cada trimestre, situación que reduce la liquidez de las empresas, amenaza con el desmonte de subsidios y podría traducirse en un alza de tarifas que afectaría a los hogares más vulnerables. Por ejemplo, una familia que paga $30.000 por servicio de gas, sin el subsidio tendría que cancelar por el mismo servicio un valor cercano a los $58.000”, alertó el órgano.
Para la Contraloría, cubrir estas deudas debe ser una prioridad para garantizar el acceso al servicio de las familias de ingresos bajos, y aunque se trata de una inversión en el Presupuesto General de la Nación (PGN), este gasto debe considerarse una obligación corriente que requiere atención anual.
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Por otro lado, recordó que el artículo 14 del proyecto de Ley de Financiamiento de 2024 proponía reconocer como deuda pública las obligaciones pendientes de los usuarios de estratos 1, 2 y 3 con las empresas comercializadoras, relacionadas con la opción tarifaria; sin embargo, tras el archivo del proyecto, hoy no hay mecanismos claros para cubrir dicha deuda, que asciende a $3 billones.