Hace una semana el Gobierno Nacional aseguró que cumplió la regla fiscal del año pasado, la cuestión es que implementó un truco contable: incluyó $32 billones como “transacciones de única vez”. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) no se creyó del todo esa historia. Además, con un déficit del 6,8% del Producto Interno Bruto (PIB) y una deuda pública disparada al 60%, el margen de maniobra es cada vez más estrecho.
Por esa razón, EL COLOMBIANO conversó con Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo; y José Ignacio López, presidente de Anif, dos de los centros de pensamiento de mayor reconocimiento en Colombia. Estas instituciones advierten que el país enfrenta una crisis fiscal en cámara lenta. ¿Cómo evitar que Colombia pierda la confianza de los mercados? ¿Qué tan realista es la meta de bajar el déficit en 2025? Aquí, las respuestas.
“Así es. Nuestra lectura es que el Gobierno incumplió la regla fiscal en 2024. El argumento del Ejecutivo es que la caída en el recaudo tributario, cercana a los $23 billones, fue inesperada. Pero desde 2023 advertimos que el presupuesto de 2024 estaba desfinanciado, porque el Gobierno estaba siendo excesivamente optimista frente a los ingresos tributarios, lo que efectivamente ocurrió. Entonces, el Gobierno pretende acudir a la contabilidad creativa (transacciones de una vez) para decir que cumplió la regla fiscal. Sería mejor reconocer que se incumplió y presentar una estrategia para que pueda cumplir la regla fiscal este año”.
“El incumplimiento de la regla fiscal y el alto nivel del déficit en 2024, el tercero más alto de la historia, generan una pérdida de credibilidad en la sostenibilidad de las finanzas públicas. Ahora bien, el mercado anticipaba un 2024 muy difícil en el frente fiscal, por lo que, por ahora, las consecuencias han sido limitadas. Pero la paciencia de los mercados tiene sus límites, y un eventual nuevo incumplimiento de la regla este año generaría una depreciación de la tasa de cambio, un aumento en las tasas de interés y una reducción en el crecimiento económico”.
“Recientemente mostré un análisis muy sencillo en donde se evidencia que los ingresos tributarios crecen a la misma tasa del PIB nominal. Este año, el PIB nominal crecerá aproximadamente un 7%, pero el Gobierno espera un crecimiento del recaudo del 23%, es decir, más de tres veces por encima de lo que sería esperable”.
“No tiene ninguna justificación que en ausencia de un choque interno o externo fuerte la deuda pública aumente en más de 6 puntos porcentuales. La deuda debe aumentar en momentos difíciles, como el choque petrolero de 2014 o la crisis del COVID-19. Es una muy mala señal de cara a los mercados y muestra que, en vez de consolidar las cuentas fiscales, el Gobierno está empeorando su situación fiscal. El riesgo más importante es que si la economía sufre otro choque negativo en los próximos años, no va a tener ningún espacio fiscal para enfrentarlo”.
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“El ajuste tendrá que hacerse de forma generalizada y proporcional. Ahora bien, no sobra recordar que, incluso con un recorte total de $40 billones, el presupuesto de este año sería de $483 billones, uno de los más altos de la historia en términos absolutos y relativos al tamaño de la economía colombiana. El reto entonces estará en ejecutar en forma eficiente y efectiva ese abultado presupuesto, cosa que no ocurrió el año anterior, en el que la ejecución del presupuesto de inversión fue de apenas el 57%”.
“Una pérdida de confianza en la economía colombiana implicaría un deterioro generalizado en el precio de los activos locales, como nuestra moneda, las acciones, y un aumento de la prima de riesgo y de las tasas de interés. Esto aumentará el costo del financiamiento para las empresas y hogares del país, retrasando o echando al traste la leve recuperación económica. Sería una muy mala noticia para el país”.
“Es muy probable que el Carf también afirme, como lo hizo Fedesarrollo, que el Gobierno no cumplió la regla fiscal en 2024. Sin embargo, los mercados ya anticipaban lo peor en ese año, así que no vemos consecuencias inmediatas de este hecho. Pero los mercados esperan acciones correctivas en el frente fiscal, pues confían en la seriedad de largo plazo en el manejo de la deuda pública de nuestro país. Es crucial mantener esa confianza, pero para eso hay que hacer los ajustes requeridos”.
“Como en cualquier hogar que gasta muy por encima de sus ingresos, al Gobierno no le queda otro camino sino el de apretarse el cinturón del gasto y enfocarse en la ejecución del presupuesto. El país agotó su capacidad de aumentar los impuestos y el gobierno debe ajustar el tamaño del gasto a esa realidad”.
“El Gobierno está usando las “transacciones de única vez” como justificación, pero ese concepto no aplica de la manera en que lo están utilizando. En teoría, estas transacciones se usan para hechos excepcionales, no para disfrazar una caída estructural en los ingresos.
Aquí el punto clave es que, sin esos ajustes contables, el déficit sería mucho mayor. Entonces, si uno no acepta la interpretación del Gobierno, claramente no se cumplió la regla fiscal. Pero más allá de esa discusión, lo preocupante es el nivel de deuda: con esta metodología, la deuda neta llegaría al 60 % del PIB, muy por encima del ancla fiscal. El verdadero debate no es si se cumplió la regla en el papel, sino cómo Colombia va a retomar una senda de ajuste fiscal que le permita reducir la deuda y garantizar estabilidad en el mediano plazo”.
“Es preocupante, porque una desviación tan grande mina la confianza de los inversionistas en las proyecciones del Gobierno. Desde Anif advertimos que las cuentas eran demasiado optimistas, sobre todo en cuanto a ingresos, y que no se iban a materializar.
El Marco Fiscal de Mediano Plazo ajustó algunas proyecciones, pero al final el Gobierno no logró contener las presiones de gasto y se encontró con una recaudación menor a la esperada. El resultado: un déficit mucho mayor, incluso comparado con otros países de la región. Este nivel de déficit nos lleva a niveles de deuda similares a los que tuvimos en plena pandemia, lo que envía una mala señal sobre la sostenibilidad fiscal. Cuando hay este tipo de sorpresas negativas, la institucionalidad encargada de garantizar el equilibrio de las finanzas públicas se debilita, y eso es lo que más debería preocuparnos”.
“Es muy preocupante. Lo que vimos es que el Gobierno aumentó el gasto en un punto del PIB, a pesar de que ya era evidente que los ingresos iban a ser insuficientes. Esto exige una reflexión urgente sobre la necesidad de un ajuste mayor en 2025 y en lo que queda de esta administración. El problema es que hay presiones de gasto difíciles de frenar, como las transferencias sociales, los recursos para las regiones y las pensiones, además de múltiples rentas de destinación específica que generan una inercia en el presupuesto.
Por otro lado, es clave reducir el gasto burocrático y el tamaño del Estado. Y más importante aún, el país debe discutir cómo garantizar fuentes de ingreso sostenibles. Se ha impulsado una transición energética acelerada, pero eso tiene un impacto directo en la llamada “transición fiscal”, es decir, en los recursos que dejan de entrar por hidrocarburos. Este debate no es solo para este Gobierno, que en muchos temas ya cerró la puerta a ajustes. Es una discusión de país que no podemos aplazar mucho más”.
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“El Gobierno necesita hacer cuentas mucho más prudentes y asumir que se requiere austeridad. Seguir acumulando déficits tan altos solo reduce el margen de maniobra para el gasto futuro, sobre todo porque el aumento del dólar y las altas tasas de interés están absorbiendo buena parte de los recursos públicos. Si realmente quieren cumplir con la regla fiscal en 2025, no basta con aplazar gastos, hay que recortarlos. Sin ajustes serios, el déficit seguirá presionando las finanzas del país y complicando aún más la estabilidad económica”.
“Es muy probable. De hecho, hay un alto riesgo de que Moody’s, que aún nos mantiene con grado de inversión, materialice su perspectiva negativa y nos rebaje la calificación. Si el Gobierno no toma medidas contundentes para corregir el déficit y controlar la deuda, es difícil que las calificadoras mantengan su confianza en la sostenibilidad fiscal del país”.
“A corto plazo, las opciones son muy limitadas. Lo único viable es hacer un recorte de gasto y enviar señales de confianza a los inversionistas para estimular el crecimiento. Sin ajustes serios y creíbles, el país seguirá enfrentando presiones fiscales que afectan su estabilidad económica y su calificación de riesgo”.
“Es una combinación de varios factores. Hay elementos cíclicos que han afectado las utilidades de varios sectores, pero también hay problemas estructurales, especialmente en el sector de hidrocarburos. Las altas tasas de tributación, el clima de inversión y la inseguridad han golpeado a una industria que es clave para el recaudo de renta corporativa y dividendos, especialmente a través de Ecopetrol.
Además, hubo un efecto técnico: las altas retenciones de renta en 2023 afectaron negativamente el recaudo de 2024. Este año, si la economía crece más, el recaudo debería mejorar. Pero más allá de eso, el Gobierno debe sincerar las cuentas fiscales y el país necesita un debate serio sobre cómo lograr un equilibrio sostenible en sus finanzas públicas”.
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