Cuatro personas, entre ellas dos funcionarios de la Gobernación de San Andrés y un ciudadano nicaragüense, fueron capturadas en la isla por ser presuntos integrantes de una organización criminal de tráfico de migrantes. Otras nueve están siendo procesadas por operar una banda de este tipo en Medellín.
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En el marco de la operación Sin Límites, La Dijin, en articulación con el Servicio de Seguridad Diplomática de la Embajada de Estados Unidos y la Fiscalía, capturó a alias "Natasha", " El Gordo", "Sergey", "Jose" y otras nueve personas, supuestos integrantes de dos estructuras que traficaban ilegalmente con migrantes, una en Medellín y otra en San Andrés. Las bandas recibían a ciudadanos haitianos, cubanos y asiáticos y los enviaban vía terrestre hacia el Urabá o vía marítima hacia Centroamérica.
Alias "Natasha", quien fungía como líder de una de las organizaciones delictivas, era funcionaria de la Secretaría de Servicios Públicos y Medio Ambiente de la Gobernación de San Andrés. Ella, al parecer, tenía a varias personas bajo sumando y era el cerebro detrás de esta actividad delictiva. Según la Dijin, se encargaba de coordinar el hospedaje, la alimentación y recibir el pago de los migrantes.
Otro de los funcionarios públicos era alias "José", empleado de la Oficina de Control, Circulación y Residencia de la isla, quien, por sus funciones, facilitaba el ingreso irregular de los extranjeros.
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Alias "El Gordo", otro de los capturados, es el compañero sentimental de "Natasha", la líder de la banda, y, siendo ciudadano nicaragüense, era el encargado de recoger a los migrantes y transportarlos en barco hasta el país centroamericano.
En la operación de captura, también fue capturado el hermano de la cabecilla, conocido como "Sergey".
Según las investigaciones, estas organizaciones delincuenciales tenían la modalidad delictiva de "coyotes", usada en el paso por el Darién y la frontera México-estadounidense, y ofrecían la ruta migratoria Ipiales-Medellín- San Andrés y Medellín-Urabá-Panamá, para de allí saltar a los países del norte. El paso por la isla lo cobraban entre 2.000 y 5.000 dólares por cada persona y el enrute por Medellín costaba entre 200 y 450 dólares.
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Fiscales de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos presentaron a estas personas ante diferentes jueces de control de garantías, y les imputaron los delitos de concierto para delinquir agravado y tráfico de migrantes.
SARA VALENTINA QUEVEDO
Redacción Justicia
Sara Valentina Quevedo Delgado