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El autor del proyecto es el representante del Pacto Histórico Agmeth Escaf. La iniciativa también cuenta con la firma de 40 congresistas. 16 de ellos, integran la Comisión Séptima de la Cámara en donde iniciará el trámite este proyecto.
Estos son algunos de los representantes que apoyan el proyecto. Prensa Agmeth Escaf¿Qué busca el proyecto?
El contrato de prestación de servicios es un acuerdo legal entre dos partes, en el que una se compromete a prestar un servicio específico a cambio de una compensación económica por parte de la otra, pero sin tener un contrato formal con las prestaciones.
Esta iniciativa lo que busca es "proteger a los contratistas del Estado y modernizar las plantas de personal para evitar que se sigan encubriendo relaciones laborales bajo esta modalidad".
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Cifras presentadas por el autor del proyecto señalan que, actualmente, el 32 por ciento de los trabajadores vinculados al sector público están bajo contratos de prestación de servicios. Esto significa que 1 de cada 3 empleados públicos no tiene estabilidad ni acceso a derechos laborales básicos como vacaciones, primas o cesantías.
Además, que un total de 18.430 colombianos han iniciado un proceso contra el Estado producto de los abusos en sus contratos de prestación de servicios, con pretensiones totales indexadas a $2,9 billones.
“El Estado no puede seguir siendo el mayor empleador precario del país. Es hora de garantizar derechos y frenar el abuso con las OPS”, aseguró el representante Agmeth Escaf.
El proyecto fue radicado este martes en la secretaría de la Cámara de Representantes. Archivo particularLas propuestas
Lo que plantea el proyecto es la actualización de plantas de personal, por lo que las entidades públicas, si se aprueba esta iniciativa, deberán actualizar sus plantas cada dos años.
Además, que los contratistas tengan derecho a 12 días hábiles de descanso por año de servicio, incluidos dentro del valor del contrato.
Asimismo, la afiliación a cajas de compensación, las cuentas de cobro deberán ser pagadas en un máximo de 30 días, la afiliación de una cláusula penal en beneficio del contratista, equivalente al 10 por ciento del valor total del contrato, exigible en caso de incumplimientos.
Contrato iStock“Cada diciembre, miles de contratistas, que representan más de un tercio del personal al servicio del Estado, entran en un limbo de incertidumbre. No saben si sus contratos serán renovados, no tienen derecho a primas y, si no están en la 'rosca', en muchos casos, se ven obligados a trabajar meses gratis mientras se resuelven prórrogas que nunca llegan a tiempo”, añadió Escaf.
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El proyecto plantea sanciones severas para las entidades públicas que abusen de esta figura contractual, con mecanismos de seguimiento más estrictos y la obligación de publicar informes detallados sobre sus vinculaciones laborales.
De igual forma, se incluye la creación de una línea especial de crédito y ahorro programado, a cargo del Fondo Nacional de Ahorro, que permitirá a los contratistas acceder a recursos para educación y vivienda, mejorando su calidad de vida y brindándoles estabilidad financiera.
MARÍA ALEJANDRA GONZÁLEZ DUARTE
Redacción Política