¿Qué lecturas deja la tensión en ex-Farc y JEP y qué efecto puede tener en la implementación?

(Además: JEP dice que casos contra ex-Farc podrían ir a justicia ordinaria y desata reacción de Rodrigo Londoño: 'Una evidente violación del acuerdo').

En medio de las críticas que generaron estas palabras entre algunos sectores ligados a la paz, la JEP emitió dos pronunciamientos más. En el primero afirman que los procesos jurídicos para los comparecientes que han cumplido con sus obligaciones “culminarán según lo acordado en el Acuerdo de Paz”, mientras que en el segundo reafirman que las demandas de “algunos sectores” no pueden pasar por encima de las demandas de las víctimas que reclaman justicia.

“Por ello, es importante señalar que el avance, dentro de la estricta temporalidad, de los 11 macrocasos de la JEP compromete no solo a la Jurisdicción, y a sus distintas instancias, sino a todas las ramas del poder público y a las víctimas. Y sobre todo depende de los comparecientes, agentes de Estado y terceros, miembros de la fuerza pública y también firmantes de paz de quienes se espera respeto a la ley y al Acuerdo y sus aportes decididos y sin dilaciones a la verdad”, señaló el tribunal de paz este sábado a través de un comunicado.

Alejandro Ramelli, presidente de la JEP. JEP

La postura de la JEP generó la reacción inmediata en dos de los hombres fundamentales en la firma del acuerdo de paz de 2016: Rodrigo Londoño, último comandante de las Farc, y Humberto de la Calle, quien fuera el jefe negociador del Gobierno en La Habana.

El primero, señaló el 2 de diciembre que las palabras del presidente del tribunal de paz eran “alarmantes y desafortunadas” y que anunciaban “el fracaso de la magistratura de la JEP”. Además, este sábado envió una carta a la comunidad internacional en la que nuevamente arremete contra el tribunal de paz y los acusa de querer “derrotar moralmente” a los firmantes.

(Le puede interesar: Humberto de la Calle y María Fernanda Cabal también cuestionan al presidente de la JEP por decir que casos del tribunal podrían ir a justicia ordinaria).

El segundo, por su parte, manifestó ese mismo día su desacuerdo con las declaraciones de Ramelli durante el tercer debate de la reforma política en la Comisión I. “Me siento obligado a opinar sobre esto, me da mucha pena lo que voy a decir, pero las expresiones del doctor Ramelli, por quien tengo un enorme respeto, son tremendamente graves. La JEP ya se ha demorado demasiado, ya ha proliferado en gastos y costos, esa expresión de que si no se revuelve lo que tiene entre mano volverá a la justicia ordinaria y estos señores se van a la cárcel, eso es enormemente grave”, dijo el congresista.

Humberto de la Calle, senador y exnegociador de paz. MAURICIO MORENO. EL TIEMPO

Este ruido ha generado enorme incertidumbre entre las víctimas del conflicto y particularmente de las que esperan verdad y reparación por parte de las Farc. También despierta dudas sobre el impacto que podría tener este choque en la implementación del acuerdo, uno que hoy tiene enormes rezagos y que no parece gozar del respaldo de la opinión pública.

Sobre el primer aspecto, el ligado a las víctimas que siguen esperando justicia y que han visto en la JEP la única herramienta para lograrlo, el efecto de las palabras de Londoño y otros miembros del antiguo secretariado fue inmediato.

“¿A que le tiene miedo Timochenko y su combo de comandantes violadores sexuales de niñas reclutadas? Llevan más de 5 años sin reconocer en la JEP sus graves delitos y ahora quieren acabarla y ejercen presión indebida a Magistrados. La mora es suya Timo, vaya a la Jep y confiese”, indicaron desde la Corporación Rosa Blanca, organización que representa a víctimas de reclutamiento infantil, delitos sexuales y violencia de género.

Justamente, la negativa de las Farc de asumir la responsabilidad completa en estos delitos son las que han generado temor entre las víctimas. Los exmiembros del secretariado sometidos a la JEP no niegan la ocurrencia de esos hechos, pero aseguran que no fueron sistemáticos ni consentidos por los máximos jefes.

“Es cierto que estos líderes han renunciado a la presunción de inocencia y reconocido su responsabilidad en múltiples hechos, aun así, quedan interrogantes sobre los delitos que no han aceptado, como el de esclavitud”, se lee en el balance presentado por los investigadores de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) la semana pasada y que analiza justamente la tensión que existe hoy.

Los exjefes de las Farc Julián Gallo (i), Pastor Alape (c) y Rodrigo Londoño (d). Isabel Valdés. JEP

Germán Valencia, profesor del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, considera que lo ideal es evitar este tipo de choques, pues “no solo afecta la confianza que hay en Comunes -que hoy no es mayoritaria-, sino que genera dudas en un sector de la opinión pública en un tribunal que no obedece a cuestiones políticas”.

También ha generado dudas sobre uno de los componentes cruciales de la implementación del acuerdo de paz: la reintegración de los firmantes.

Cabe mencionar que los cuestionamientos de los ex-Farc a la JEP de la semana pasada se suman a los realizados en febrero de este año cuando, en una carta dirigida directamente al presidente Petro, los antiguos líderes de la guerrilla advirtieron sus diferencias con los magistrados ante supuestos incumplimientos a lo acordado en La Habana. En aquel momento los firmantes cuestionaron que la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz no hubiera tomado decisiones en materia de sustitución penal y la falta de indultos, y amenazaron incluso con “apartarse de las determinaciones del tribunal”.

(Lea también: Rodrigo Londoño arremete nuevamente contra la JEP en carta a la comunidad internacional).

La respuesta de Roberto Vidal López, entonces presidente de la JEP, a estas declaraciones fue tajante. Indicó que no les corresponde a los excombatientes “emitir órdenes ni orientaciones acerca de la manera como la magistratura debe cumplir con su mandato constitucional” y que el “propósito principal de esta jurisdicción transicional es el esclarecimiento de la verdad y la garantía de los derechos de las víctimas”.

“La imputación de los crímenes bajo el derecho internacional a los máximos responsables es una obligación constitucional y legal que este tribunal está desarrollando y seguirá cumpliendo con el mayor rigor y transparencia", agregó Vidal López. Además, señaló que los comparecientes que se aparten de las decisiones de la JEP e incumplan “de manera grave sus compromisos” están sujetos “a la pérdida de los beneficios y a la reactivación de las investigaciones, los procedimientos y las sanciones penales impuestas por la justicia ordinaria”.

Roberto Vidal, expresidente de la JEP. Cortesía

Para Valencia, estas tensiones eran esperables en un país que no conocía un mecanismo de justicia transicional como el que se está aplicando. El académico considera que es fundamental poner en el centro a las víctimas, que es la base del componente de verdad, justicia y reparación. “Una forma de bajar la tensión, teniendo en cuenta que los ex-Farc insisten en que se den a conocer las sanciones propias, es que la JEP le dé prioridad a uno o dos macrocasos y emita sanciones. Eso puede ayudar a calmar las aguas y las presiones de las víctimas y del Gobierno”, señaló.

Del lado de los antiguos miembros del secretariado de las Farc, considera que debe evitar presionar a un grupo de jueces que son independientes de la justicia ordinaria. “Es clave no desesperarnos, vamos por la mitad del camino, quedan siete años, más adicionales. Creo que de parte y parte es primordial no caer en la presión que ejercen los críticos del acuerdo. Lo fundamental es responder a las víctimas”, señaló.

¿Cuál es el balance de la JEP?

A la fecha, la JEP ha imputado crímenes de guerra y de lesa humanidad a 159 máximos responsables de los hechos más graves ocurridos durante el conflicto armado. Se imputaron 55 comparecientes de las extintas Farc, entre ellos el último secretariado de esa guerrilla, así como varios mandos medios de la organización.

También se ha imputado a 100 comparecientes de la Fuerza Pública, entre ellos a siete generales retirados, de los cuales dos han reconocido su responsabilidad en la comisión de ejecuciones extrajudiciales. Asimismo, tres civiles y un exagente del DAS fueron reconocidos por el tribunal como sujetos de responsabilidad por hechos relacionados con el conflicto.

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La JEP ha imputado crímenes de guerra y de lesa humanidad a 159 máximos responsables. Cortesía JEP

Los 14 máximos responsables de la Fuerza Pública que no han aceptado sus responsabilidades están siendo investigados por la Fiscalía de la JEP (Unidad de Investigación y Acusación, UIA). En la actualidad, se adelanta el primer juicio adversarial contra el coronel (r) Publio Hernán Mejía y en los próximos meses se iniciarán otros juicios. Asimismo, todos los comparecientes de las extintas Farc imputados por la JEP como máximos responsables reconocieron sus responsabilidades por las conductas catalogadas.

Sin embargo, el tribunal para la paz sigue sin emitir sanciones tras ocho años de funcionamiento, aunque evalúa la imposición de sanciones propias a 38 comparecientes que han aportado verdad y reconocido su responsabilidad.

CAMILO A. CASTILLORedacción PolíticaX: (@camiloandres894)