La polémica por las resoluciones ambientales para la Sabana de Bogotá: los caminos legales para destrabar las obras

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En lo que calificó como un "ataque a la autonomía territorial", Galán pidió bajar la resolución o, en caso contrario, acudir a la justicia para que determine si con este decreto se estaría violando la ley.

Las obras del metro de Bogotá serían unas de las afectadas con la resolución ambiental. Milton Diaz

En un nuevo cruce de comentarios entre los mandatarios, desde el Distrito alegan que la norma viola la Constitución que delimita los usos del suelo en autonomía de cada ente territorial. Mientras tanto, desde la Casa de Nariño aseguran que están "cuidando el agua de la sabana" y que el Ministerio de Ambiente tiene total competencia para adelantar emitir estas resoluciones. Al fin y al cabo, aseguró la exministra Susana Muhamad, sobre estos lineamientos los municipios determinarían, bajo su libertad de planeación, el uso del suelo.

Otra norma que los alcaldes de Bogotá y de los 39 municipios afectados con la resolución consideran que el Gobierno se saltó fue la participación colectiva. Insisten en que no fueron llamados a intervenir en la construcción de la ley y que "la supuesta consulta ciudadana es solo un requisito legal, no un verdadero proceso comunal", dijo Galán.

Según los mandatarios, la resolución pondría en riesgo proyectos como la Línea 1 del metro, el Regiotram de occidente, la Troncal de la Calle 13 y la ampliación del aeropuerto El Dorado que se ejecutarían en zonas de humedales. Sin embargo, Muhamad afirma que la resolución está blindada en la ley 99 de 1993 que declara a la Sabana como zona de interés ecológico nacional y por esta razón se ordena el ordenamiento ambiental.

El alcalde Carlos Fernando Galán reiteró su malestar con la exministra Susana Muhamad. Archivo

El debate ha trascendido porque la resolución pondría a tambalear los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) de los municipios como Soacha, que se diseñaron con una vigencia de cinco años. Por esta razón, sería el Consejo de Estado como máxima instancia del contencioso administrativo, el que tendría la última palabra sobre el futuro del decreto.

El camino legal

Como hasta ahora es un borrador, la resolución tendría que firmarse y cualquier ciudadano demandar la norma ante el Consejo de Estado. Esta Corte, en un proceso que tomaría tiempo, tendría la potestad de declarar la nulidad o dejarla en firme.

"En el proceso podría dictar una medida cautelar para suspender sus efectos y en la que se pronunciaría sobre si las obras continúan o no", explicó el abogado Francisco Bernate.

Susana Muhamad y Carlos Fernando Galán Archivo El Tiempo

La misma ruta la definió el jurista Hollman Ibáñez. "Una vez el acto administrativo esté en firme es sujeto de cualquier medio de control o nulidad, que en este caso sería a través del contencioso administrativo. Y el demandante, el alcalde o cualquier otro ciudadano, podría pedir la suspensión provisional del acto junto con el escrito de demanda y una medida cautelar de urgencia, que tendría que resolverse antes de que se admita la demanda".

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Según Ibáñez, por como pinta la discusión, la demanda sería procedente.

El alcalde Galán también anunció acciones penales. Los expertos consultados aseguran que la denuncia tendría que ser en contra del funcionario que firme la resolución y "el único delito viable es abuso de autoridad o prevaricato por acción". Sin embargo, esta vía no impide que se pueda cumpla la resolución.

Sara Valentina Quevedo

Redacción Justicia