EL TIEMPO habló con quienes son considerados unos de los artífices del Acuerdo de Paz sobre los reparos a esta herramienta, que consignaron en una demanda en la Corte Constitucional que fue admitida.
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¿De qué manera la 'Senit 5' impediría el cierre de la JEP?
El problema con la Senit 5 es que desfigura no solo el Acuerdo de Paz, sino todo el modelo de justicia transicional en Colombia, y hace imposible un cierre. Recordemos que ya en la experiencia de Justicia y Paz con los paramilitares quedó claro que el tratamiento judicial con grupos armados parte del conflicto no podía basarse en la justicia caso por caso. Nos tomaría un siglo resolver uno por uno todo ese legado de crímenes. Por lo tanto, se optó, a nivel constitucional, por abrir la puerta a mecanismos de selección y priorización. Y eso fue precisamente lo que pactamos en La Habana y lo que quedó en las normas constitucionales y legales, y en las sentencias de la Corte Constitucional: que había que concentrarse en los casos más graves y representativos y en los máximos responsables. Para los demás integrantes se abría la puerta de soluciones diversas, incluso de carácter extrajudicial siempre pensando en las víctimas en todo caso.
La Corte Constitucional tendrá la última palabra sobre el mecanismo de la Senit 5. Cortesía¿Qué cambió con la 'Senit 5'?
La llamada Senit 5, que es una decisión interna de la JEP, pone el modelo patas arriba al introducir una figura que cambia toda la estructura: la "selección de segundo orden". Con esa facultad, que repetimos no está ni en el Acuerdo, ni en la Constitución, ni en las leyes, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas usurpa funciones que no son suyas al reabrir y seleccionar nuevos comparecientes que, según la Sala, se encuentran en un “punto medio” de responsabilidad, para investigarlos y sancionarlos con sanciones incluso más gravosas que las de los máximos responsables. Eso no es sólo inconstitucional. También amplía de manera indefinida el universo de investigados, rompiendo el diseño de la JEP y volviendo a un esquema de investigación "caso a caso", lo que hace inviable el cumplimiento de los tiempos fijados en la Constitución. Y también introduce una tremenda inseguridad jurídica, que va contra el principio de legalidad, cambiando las condiciones a mitad de camino. No está en nuestro interés como demandantes presionar a la Corte, eso no funciona. Obviamente acataremos su decisión, cualquiera que sea.
¿Por qué son pesimistas con los tiempos de la JEP?
Somos realistas, no pesimistas. A la JEP se le está acabando el tiempo. No ha producido la primera condena de los macro casos, ¿y ahora se inventa una nueva categoría de enjuiciado para seguir investigando? No es razonable, ni tampoco constitucional. Deberían cerrar los casos que tienen y concluir su trabajo en los tiempos determinados por la Constitución, echando mano del régimen de condicionalidad que desarrollaron las sentencias de la Corte, para asegurar una respuesta adecuada a los derechos de las víctimas.
La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas es la autora del mecanismo demandado ante la Corte. JEP¿Y qué tan grave es eso?
Es grave que los magistrados de la JEP interpreten de esta manera, y que además lo hagan en contra de la misma Constitución y las sentencias de la Corte. Es grave, repetimos, que además introduzcan tanta inseguridad jurídica. Ofertas a los ex combatientes para que regresen al monte no faltan. Y es muy grave que en lugar de condenar a los máximos responsables y esclarecer los crímenes más representativos, lo que beneficia al mayor número de víctimas, abran un nuevo camino de investigaciones sin fin, que es un camino de impunidad, porque nunca van a terminar. Las que pierden son las víctimas.
¿De mantenerse la 'Senit 5' conllevaría a una prórroga de la JEP?
Una prórroga iría en contra del espíritu de la justicia de transición, que busca precisamente cerrar un ciclo, de manera que se satisfaga a las víctimas y que se le permita al país atender las inmensas necesidades en materia de justicia que tiene hoy.
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¿Ustedes, padres del Acuerdo, han hablado con la JEP, en su autonomía, sobre esta crisis?
Desde sus orígenes no hemos hecho más que defender a la JEP. Y defender la JEP es precisamente la razón por la que presentamos esta demanda, con el apoyo de la Fundación Acordemos. Creemos que es de una importancia capital que la JEP cierre pronto las investigaciones y produzca condenas, para que las víctimas se vean resarcidas y para que cumplamos con el Acuerdo y con nuestros compromisos internacionales. Lo que está en juego no es solo el proceso de paz, sino la posibilidad de demostrar que un proceso de justicia transicional puede ser compatible con el Estatuto de Roma, lo que es de interés para procesos de paz en todo el mundo.
Ana María Cuesta
Editora de Justicia