El Consejo de Estado notificó hace pocos días un fallo de tutela con el que el exsenador Álvaro 'El Gordo' García Romero, condenado a 40 años de prisión por la masacre de Macayepo, pretendía que la alta corte le ordenara al presidente de la República, Gustavo Petro, que se abstuviera de realizar declaraciones denigrantes en su contra.
García se encuentra recluido en la cárcel La Picota de la capital del país luego de que la Corte Suprema de Justicia frustrara la orden de libertad a prueba que le otorgó el juzgado 22 de ejecución de penas de Bogotá, notificándole la necesidad de que comparezca privado de la libertad a otro juicio que iniciará en su contra por 4 mil desplazamientos forzados que se generaron con posterioridad a la masacre, en la que paramilitares al mando de alias Cadena asesinaron a 12 campesinos a punta de garrotes, piedras y machetes.
(Lea también: La nueva acción de Álvaro ‘el Gordo’ García contra el presidente Petro: le pide que 'se abstenga' de realizar manifestaciones denigrantes en su contra)
Precisamente García Romero cuestionó en la tutela que el presidente de la República Gustavo Petro presuntamente afectó su dignidad al haber expresado, el pasado 19 de julio y durante el acto público de sanción de la reforma pensional, las siguientes palabras: "Toda la clase política de Sucre estaba arrodillada al paramilitarismo y en esas masacres creció una resistencia popular, pero su senador asesinaba opositores, fiscales y campesinos por mantenerse en el poder y controlar el voto asesinando (...) Me gustaría que saliera y pudiera jugar con sus nietos, pero hoy la justicia le dice que no puedes salir porque fuiste un masacrador de tu pueblo”.
(Lea también: Corte Suprema rechaza la libertad solicitada por el 'parapolítico' Álvaro 'El Gordo' García: seguirá en la cárcel por ser un 'peligro para la comunidad')
Presidente Petro en la COP16 ONUEl parapolítico, oriundo del departamento de Sucre, exigía en su acción constitucional que el primer mandatario rectificara las declaraciones que había realizado y que se abstuviera "hacia el futuro o en lo sucesivo de realizar públicamente, manifestaciones denigrantes, incitadoras socialmente y trasgresoras a la dignidad humana, con alguna repercusión judicial" en su contra.
La respuesta del Consejo de Estado a la tutela del exsenador Álvaro García Romero
El Consejo de Estado, con ponencia del magistrado Jorge Edison Portocarrero, declaró improcedente la acción de tutela de 'El Gordo' García advirtiendo, principalmente, que él no pidió una rectificación directa a la Presidencia de la República.
"Al revisar las pruebas allegadas durante el trámite de tutela, no se observa que el señor García Romero hubiera agotado el mecanismo de la rectificación ante el presidente de la República, previo a la interposición de la acción, lo que nos permite concluir que no se acreditó el requisito de la subsidiariedad. Al no ser procedente la acción, no se estudiarán de fondo las pretensiones allegadas en el escrito tutelar, pues todas dependen necesariamente de la configuración de la alegada violación a la dignidad humana", expresa su decisión.
(Lea también: Corte Suprema tendrá la última palabra sobre la libertad de Álvaro 'El Gordo' García: seguirá detenido por nuevo proceso por 4 mil desplazamientos forzados)
En el trámite, los asesores jurídicos del presidente de la República defendieron la libertad que goza para expresar discursos políticos. "El presidente de la República estaba actuando bajo el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión en el evento acusado, igualmente indicó que las manifestaciones fueron hechas en el contexto de un debate público y que el señor García Romero tiene la calidad de persona pública, por lo que el análisis sobre el caso debe ser ajustado a estas consideraciones", se advierte en la decisión.
El magistrado Jorge Portocarrero también tiene en su despacho otro expediente de tutela que presentaron los abogados del presidente Petro con el que piden que se deje sin efectos el pronunciamiento de la Sala de Consulta del Consejo de Estado, que ratificó que el Consejo Nacional Electoral tiene facultades para investigar al presidente por la presunta violación de topes electorales.
ANA MARÍA CUESTA
Editora de justicia anacue@eltiempo.com
Ana María Cuesta