El Consejo de Estado le negó al senador Iván Name la posibilidad de adelantar de forma reservada el caso de pérdida de investidura que se le sigue por su presunta participación en el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
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La solicitud la hizo su defensa ante el despacho del magistrado Jorge Edison Portocarrero. Para Name y el abogado, era pertinente mantener la reserva íntegra de este caso tanto en las diligencias investigativas que se hagan como en las audiencias, debido a que se debía evitar que la información revelada "pueda comportar una vulneración de las condiciones, derechos y garantías que revisten al aforado convocado".
En respuesta a ello, el despacho resaltó que "el carácter reservado de determinado documento no es oponible a las autoridades judiciales, entre otras, que siendo competente para ello, los soliciten para el debido ejercicio de sus funciones, sino que le corresponde a la autoridad asegurar la reserva de los documentos que llegue a conocer, para lo cual se impartirán las medidas respectivas en la parte resolutiva".
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Iván Name y Jaime Lombana, su abogado en el caso de la UNGRD. Archivo particularEn efecto, el Consejo de Estado aclaró que las pruebas que se incorporen dentro del caso por pérdida de investidura se mantendrán bajo la reserva que ameritan. En específico, los documentos que lleguen desde la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, donde hay un proceso abierto contra el senador Iván Name, quien habría recibido de la exconsejera para las Regiones Sandra Ortiz 3.000 millones de pesos, al parecer como coima para que favoreciera al Gobierno en el Congreso en el trámite de sus reformas.
La negativa de esta alta corte sobre la reserva íntegra se produjo dentro de la solicitud de decretar pruebas que elevó el veedor Juan Carlos Calderón, quien demandó la pérdida de investidura de Name. De acuerdo al magistrado, unos elementos sí se podrán decretar, pero otros no.
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Sneyder Pinilla, Sandra Ortiz y Olmedo López. Archivo particularPor ejemplo, no se llamará a dar testimonio a los exfuncionarios de la UNGRD Olmedo López y Sneyder Pinilla, así como a la exconsejera Ortiz, pues "no se enunciaron concretamente, ni de otro modo, los hechos objeto de las declaraciones (...) Tampoco se indicó el domicilio, residencia o lugar donde pueden ser citados los testigos, como lo exige la misma norma", dice el oficio.
Aunque sí se tendrán en cuenta los chats que López y Pinilla le entregaron a la Fiscalía en los que al parecer se detalla cómo se habrían organizado para direccionar irregularmente contratos de la UNGRD y a la par ofrecer dádivas en el Congreso a cambio de votar a favor las reformas del Gobierno Nacional.
Carlos López - Redacción Justicia - @CarlosL49 - carben@eltiempo.com
Carlos López