El 2024 ha sido un año difícil para el sector minero, que vio subir la incertidumbre por cuenta de las nuevas regulaciones y los planes anunciados por el Gobierno. Tanto es así que entre enero y septiembre la Inversión Extranjera Directa (IED) en este cayó 62% en comparación con los mismos meses del año pasado; en concreto, pasó de US$3.408,09 millones a US$1.295,56 millones.
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Así lo confirmó Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería (ACM), quien describió cómo nuevas medidas como el decreto 044 (que establece criterios para delimitar e identificar reservas de recursos naturales de carácter temporal) o la de autoridades indígenas con competencias ambientales, no solo van a regular la minería sino a todos los sectores económicos, “y van en contra de la autonomía de los territorios”.
Hablando de las cifras con las que el ramo cerrará 2024, indicó una producción de 3 millones de toneladas en carbón y similar para el resto de minerales, pero lamentó la mencionada caída del 62% en la IED, que a su juicio está relacionada con la incertidumbre respecto a la política actual.
De cara a 2025 se mostró optimista sobre un acuerdo en cuanto “al enorme y ambicioso paquete regulatorio que el Gobierno ha presentado”, haciendo referencia al nuevo Código Minero, la nueva empresa estatal minera (Ecominerales) y otras disposiciones.
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No obstante, cuestionó que se esté en mora de un plan de reactivación económica y calificó a la minería como actividad fundamental para lograrla. “Las empresas del sector compraron este año a pequeñas compañías una suma cercana a los $14 billones, es más que la reforma tributaria que se había planteado”.
Un gran reto para 2025, dijo, es atraer la inversión minera, principalmente en exploración, porque hoy “el 97% del territorio colombiano está sin explorar” y una prioridad como país debe ser “saber qué riqueza tenemos”.
También se refirió a Antioquia, mayor productor de oro de Colombia. Habló de la existencia de “un reto” sobre todo “por los precios del oro, que muchos analistas dicen que son los más altos de los últimos tiempos y alcanzarán la barrera de los US$3.000 por onza”.
Si bien hay una ventana para lograr más encadenamientos, formalidad e institucionalidad en torno a la industria aurífera antioqueña, “hay un riesgo enorme, y es el incremento de la ilegalidad, de la extracción ilícita de oro, en particular en Antioquia, ante lo cual las instituciones deben ponerse alertas”.
“El próximo año, con los precios del oro creciendo como están, existe un riesgo muy grande de que esa ilegalidad aumente, y con ella, el mayor crimen ambiental posible y el mayor deterioro posible, es algo que me preocupa”.