Hace un par de años, la inteligencia artificial dejó de ser una idea futurista y se convirtió en una herramienta que se integra a la vida diaria a través de aplicaciones móviles, asistentes virtuales, plataformas de salud digital y procesos automatizados en el sector público.
Con el objetivo de regular y fomentar su uso en Colombia, el Gobierno aprobó hace poco el primer CONPES de Inteligencia Artificial, un plan estratégico que destina $479.273 millones a mejorar la infraestructura digital, fortalecer la formación en tecnología y mitigar los riesgos del uso de la IA en todo el país.
Pero, ¿qué significa esto para los ciudadanos? En términos prácticos, de manera optimista la política busca que la inteligencia artificial ayude a mejorar la calidad de vida de los colombianos en diferentes ámbitos. Uno de los principales enfoques es su aplicación en educación, donde se plantea el desarrollo de herramientas digitales que faciliten el aprendizaje personalizado y la enseñanza automatizada, reduciendo barreras de acceso al conocimiento.
También se menciona la importancia de capacitar a más profesionales en IA, lo que podría generar oportunidades de empleo en un sector con alta demanda de talento.
En el ámbito de la salud, la inteligencia artificial permitiría mejorar la atención médica a través de sistemas que agilicen el diagnóstico de enfermedades, optimicen la gestión de citas y recursos hospitalarios, y permitan desarrollar tratamientos más eficientes basados en datos.
El Conpes plantea la adopción de IA en instituciones de salud para mejorar la eficiencia del sistema y reducir tiempos de espera en la atención, pero de momento no hay claridad sobre su implementación en este ámbito.
Otro de los puntos clave es la digitalización de trámites gubernamentales. Si la política logra ejecutarse como está planeada, la inteligencia artificial podría automatizar procesos burocráticos, haciendo que solicitudes de documentos, atención ciudadana y otros servicios públicos sean más rápidos y accesibles. Esto significaría menos filas en oficinas gubernamentales y un acceso más ágil a información y asistencia por parte del Estado.
La seguridad también es un aspecto mencionado en la estrategia. La IA podría usarse para mejorar la detección de fraudes, fortalecer la ciberseguridad y optimizar el monitoreo en áreas estratégicas.
Lea también: ¿Otro globo? Fact Check a la propuesta de Petro sobre una “infraestructura de IA y construcción de nube soberana”
La iniciativa también menciona la necesidad de cerrar la brecha digital y garantizar que la inteligencia artificial beneficie a todas las regiones del país, no solo a las grandes ciudades. Aunque la política reconoce este desafío, no se especifica cómo se implementarán programas para que las comunidades más alejadas accedan a estas tecnologías y se beneficien de su desarrollo.
Desde el MinTIC detallan que el financiamiento de esta estrategia proviene del Presupuesto General de la Nación y se distribuirá entre distintas entidades hasta el año 2030.
En teoría, la inteligencia artificial podría facilitar la vida de los ciudadanos y mejorar la eficiencia en sectores clave como la salud, la educación y los trámites estatales. Sin embargo, su éxito dependerá de cómo se implementen estos recursos.