Damián Esteban Landínez Cañón

La polémica exfiscal Angélica Monsalve se metió en una controversia política después de que llevó a la Corte Suprema de Justicia una denuncia contra la representante a la Cámara del Partido Alianza Verde, Katherine Miranda, señalándola de —supuestamente— recibir contratos del Gobierno nacional.Sin embargo, el magistrado César Reyes, actual presidente de la Sala de Instrucción del alto tribunal, rechazó la denuncia por falta de pruebas en el caso que también involucra a otros congresistas como Catherine Juvinao y Jota Pe Hernández.“Inadmitir la denuncia formulada por Angélica María Monsalve

En medio de la sangrienta guerra que protagoniza el ELN y las disidencias de las Farc en el Catatumbo, el alto comisionado para la paz, Otty Patiño, le tiró lo que sería un salvavidas a esa guerrilla para que se reanuden los diálogos de paz que venía liderando el gobierno del presidente Gustavo Petro.“En este momento, digamos, si hay una reanudación, que no la hay de inmediato, es sobre la derrota de la estrategia de guerra y desde luego de la victoria y de la paz, que empieza desde luego con que el Estado imponga una situación nueva en el Catatumbo.

Ante la Sala de Solicitud de Pérdida de Investidura del Consejo de Estado, el senador del partido Alianza Verde, Iván Name, se defendió ante la solicitud que lo quiere dejar por fuera del Congreso a raíz del escándalo en el que sigue involucrado por la corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD).Name aseguró en el alto tribunal sobre los funcionarios y contratistas que se han visto implicados: “Es toda una banda criminal que ha tenido que buscar la justicia premial y para ello comprometer a los inocentes.

Lejos de lo que sería una conciliación, el senador Iván Cepeda, del Pacto Histórico, se fue de nuevo contra el congresista Miguel Polo Polo, después de que la Corte Suprema de Justicia lo citó para escuchar su versión sobre la denuncia que le interpuso el representante por llamarlo “mediocre”.A su llegada a la Sala de Instrucción, el senador Cepeda aseguró: “Ya hemos estado examinando en detalle ese asunto y francamente ahí lo que reina es la pobreza. Lo que ha elegido el representante Polo Polo es el escándalo y no el control político.

Este año se cumplen nueve años del Acuerdo Final de Paz que firmó el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos con las antiguas Farc-EP, y una de las preocupaciones que sigue latente en el país tiene relación con el riesgo y la falta de protección a la que se ven expuestos los excombatientes de la extinta guerrilla.En el año 2022, la Corte tuvo que declarar un Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) en materia de garantías de seguridad para esta población, pero ahora citó al Gobierno Petro y a las entidades de control para confrontar la delicada situación por la que atraviesan en la actua

En medio de la audiencia de seguimiento a la orden que dio la Corte Constitucional para que el Estado garantizara la protección y seguridad de los firmantes de paz, la defensora del Pueblo, Iris Marín, confirmó que la fragmentación de los grupos armados ilegales se está convirtiendo en un riesgo latente para quienes han intentado reincorporarse a la vida civil. La defensora del Pueblo alertó: “Los riesgos varían en forma de afectación y también en intensidad, según si son entre zonas de disputas entre actores armados o zonas de presencia hegemónica.

Temístocles Ortega, exgobernador del Cauca, sigue siendo noticia, pero esta vez por la acusación que hizo en su contra la Sala Especial de Primera Instancia, por los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros agravado en concurso con falsedad en documento privado.La Corte Suprema informó en su cuenta de X que la Sala de Primera Instancia: “Declaró formalmente acusado por parte de la Fiscalía al exgobernador de Cauca, Temístocles Ortega Narváez, de los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros agravado en concurso con falsedad en documento privado”.#SalaDePrimeraIn

SEMANA conoció, por fuentes cercanas al proceso, que Alexánder Vargas Cortés tenía prisión domiciliaria, cuando presuntamente asesinó a un adulto mayor de 71 años y a su hija, de 27, al interior de un apartamento en el municipio de Soacha, en Cundinamarca. Los hechos se presentaron el pasado 11 de enero.Un documento del Instituto Nacional Penitenciario (Inpec) expedido el pasado 28 de enero de 2025, confirma que el Juzgado Quinto de Ejecución de Penas de Tunja, Boyacá, lo condenó en segunda instancia a 36 años de cárcel por el delito de homicidio.