La Procuraduría General de la Nación emitió una alerta urgente ante la inminente finalización, el próximo 30 de junio, del servicio de alimentación para las más de 13.300 Personas Privadas de la Libertad (PPL) en los Centros de Detención Transitoria de 125 municipios del país.Actualmente, este servicio es financiado por la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), pero a partir de esa fecha, de acuerdo con la ley, deberá ser asumido por las entidades territoriales.El llamado de la Procuraduría se realiza tras constatar que, a pesar de haber vencido el plazo legal establecido