César Jiménez Flechas

Aunque el juez Hugo Carbonó le negó a la defensa de Nicolás Petro un nuevo aplazamiento de la audiencia y restringir el acceso de los medios de comunicación, lograron que en adelante el hijo del presidente, Gustavo Petro, pueda atender las diligencias desde su casa y de manera virtual.El abogado Alejandro Carranza, nuevo abogado de Nicolás Petro, demostró que existe un riesgo para la seguridad del exdiputado y que las audiencias pendientes pueden atenderse de manera virtual, aun cuando el mismo juez había fijado algunas pautas en el curso de las diligencias, la más importante, que serían pr

Es poco el tiempo que tiene Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, para decidir el camino de su defensa, en la investigación por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. El exdiputado está por entrar a un momento decisivo en su proceso: firmar un acuerdo con la Fiscalía o se enfrentarse en juicio con el ente acusador.Este lunes, en Barranquilla, Nicolás Petro tendrá que asistir a la audiencia que terminó aplazada cuando su abogado, Diego Henao, renunció a continuar con su representación.

El juez Hugo Carbonó, rechazó la solicitud de aplazamiento que hizo la defensa de Nicolás Petro, representada por el abogado, Alejandro Carranza, para la audiencia preparatoria al juicio contra el hijo del presidente de la república, Gustavo Petro, por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.En de

Hace un mes y medio, el juez Hugo Carbonó, responsable de las audiencias que tienen a Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, a las puertas de un juicio, hizo una advertencia clara y perentoria al exdiputado: no permitiría dilaciones y avanzaría con las audiencias pendientes.Este lunes Nicolás Petro tiene otra cita con la justicia.

Lo que podría parecer la versión criolla de Misión imposible quedó en detalle con una investigación de la Fiscalía. Una organización criminal pasó a otro nivel con su inusual, pero técnica y efectiva forma de suplantar personas para convertirlas en víctimas de una millonaria defraudación.La banda, como si fueran forenses o protagonistas de un escuadrón de espías, lograba, con placas para impresiones dactilares, extraer las huellas de personas en determinados espacios.

La Fiscalía imputó dos delitos en contra de Ronald Duarte, un conocido y poderoso contratista en el departamento de Norte de Santander. Duarte fue capturado luego de una investigación por lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

Tres ceremonias para las Fuerzas Militares son motivo de orgullo nacional y el presidente de la República, como jefe de Estado, es el encargado de presidirlas. Sin embargo, este año, el presidente Gustavo Petro decidió ignorarlas. Se trata de las ceremonias de ascenso de los oficiales del Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada Nacional.La primera se realizó en Bogotá, en la Escuela Militar, y allí los altos oficiales, los graduados y sus familias, hasta el ministro de Defensa, Iván Velásquez, debieron esperar por más de dos horas la llegada del primer mandatario.

Una familia conoció en carne viva la injusticia de la justicia a manos de la Fiscalía. En 2017, tres integrantes de la familia Gálvez –Ana Cristina, Isabel Cristina y Victoria Eugenia– fueron capturadas y sus bienes ocupados con fines de extinción de dominio. Entre las propiedades estaba el llamado frigorífico de la Farc.En su momento fue noticia nacional y las mujeres detenidas terminaron en la casa por cárcel. Nueve años después y tras una cuidadosa defensa, la historia escribe un capítulo contrario al que, “tozudamente”, redactó la Fiscalía cuando llevó a juicio a las tres mujeres.

La Policía recibió una llamada de emergencia en la que se advertía que un ciudadano fue atracado a mano armada por un grupo de delincuentes que lo despojaron de la camioneta en la que se movilizaba. Los hechos ocurrieron en el barrio Valladolid, de la localidad de Kennedy, en el suroccidente de Bogotá.

La masacre de 11 personas en el departamento de Putumayo, sumado a otros hechos de violencia, entre organizaciones criminales que, supuestamente, están en un proceso de paz o en camino, motivó un llamado de urgencia de la Defensoría del Pueblo, acompañado de una denuncia por el riesgo que padece la población civil.La alerta de la entidad advierte hechos violentos ocurridos en Putumayo, Caquetá, Cesar y Guaviare.