César Jiménez Flechas

Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, procesado por dos delitos, está pidiendo su libertad y la Fiscalía se opuso con un argumento contundente: “Este proceso no tiene tintes políticos”, dijo la fiscal Lucy Laborde, en la audiencia en que la defensa del exdiputado pidió revocar la medida de aseguramiento en su contra.Durante la audiencia, la fiscal explicó por qué los fines constitucionales para la medida de aseguramiento siguen vigentes, y es necesario mantener al hijo del presidente con Barranquilla por cárcel, que ordenó un juez de control de garantías en Bogotá cuando Nicolás

Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, está amenazado, al igual que su familia. En Barranquilla, dijo su defensa, todos saben dónde vive, dónde estudia su hijo y hasta el pediatra que visitan.

Una nueva modalidad para completar el tráfico de estupefacientes descubrió la Fiscalía en un puerto de Santa Marta. Dos hombres estaban metidos en la caja o cuarto donde los buques esconden la enorme cadena que amarra el ancla.

Este miércoles, 5 de febrero, ante un juez de Barranquilla, la defensa de Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, pidió revocar la medida de aseguramiento en su contra. El abogado advirtió que los fines constitucionales para mantener las restricciones al exdiputado se extinguieron con el paso del tiempo y el proceso.Advirtió que no es un peligro para la sociedad o para el proceso que avanza en su contra por lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

La cita que tiene pendiente Laura Sarabia, hoy canciller de Colombia, en la Fiscalía y por la investigación relacionada con las presuntas irregularidades en la financiación de la campaña Petro Presidente 2022, se fijó para el próximo 27 de febrero, aunque lo podrá hacer, según una fuente del ente acusador, de manera virtual.La misma Laura Sarabia solicitó a la Fiscalía convocar a una diligencia de declaración que se encuentra pendiente, luego de que la anterior citación no se pudo cumplir por, explicaron desde la Fiscalía, razones de agenda de las partes.Se trata de la investigación que abr

Los casos más aterradores de torturas, homicidios, descuartizados y cuerpos en bolsas de basura en Bogotá, investigados por la Policía y judicializados por la Fiscalía, tenía marca propia: bandas venezolanas que arrasaron con otras organizaciones criminales en la capital del país para quedarse con el control del tráfico de drogas y las extorsiones.Durante años lograron, mediante el terror, dominar las localidades y arrinconar a los ciudadanos.

Convencida de que, modernizar la justicia, puede eliminar los “sesgos discriminatorios” y “la condescendencia sutil”, la nueva presidenta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la nariñense Carmen Amparo Ponce, advierte que está lista para trabajar por la misma justicia y el servicio ciudadano.La magistrada Carmen Amparo Ponce cuenta con 16 años de trayectoria en los Tribunales Administrativos en Santander, Bolívar, Cauca y Cundinamarca.

Jhon Fernando Méndez, alias Chino, se ufanó de ser un peligroso delincuente que dijo ser cabecilla de los autodenominados ‘Comandos de Frontera’ de las disidencias de las Farc. Bajo ese mote, se convirtió en la amenaza de varios municipios en el departamento de Caquetá.El delincuente amenazaba, atacaba y prácticamente secuestraba a los ciudadanos en sus municipios para exigir el pago de extorsiones y controlar el tráfico de estupefacientes.

Alias Comanche, de 45 años de edad y nacionalidad panameña, estaba escondido en Colombia, huyendo de la justicia de su país que lo buscaba por conformar, supuestamente, una organización criminal dedicada al narcotráfico y el lavado de activos.Estaba en la ciudad de Medellín, en un exclusivo sector, cuando fue capturado y notificado de la orden de extradición por los delitos contra la seguridad colectiva relacionados con drogas y contra el orden económico en la modalidad del blanqueo de capitales.