Tras conocerse que el confeso violador y asesino de la menor de 12 años Sofía Delgado había quedado en libertad por vencimiento de términos por otra investigación en su contra por el delito de acto sexual abusivo contra una menor de 14 años, se han encendido las alarmas por la efectividad del poder judicial en este tipo de casos que comprometen la integridad de los niños, niñas y adolescentes del país.
Precisamente el poder judicial, a través de la fiscal general Luz Adriana Camargo y del presidente de la Corte Suprema de Justicia Gerson Chaverra, ha sido cuestionado en las últimas horas por la presentación de un proyecto de reforma a la justicia que plantea tumbar las prohibiciones que existen actualmente en la Ley 1098 de 2006, para conceder rebajas de penas para los delitos graves contra los menores de edad, como el secuestro, el homicidio y los crímenes contra la integridad sexual.
El proyecto de reforma, que también fue presentado por parte del gobierno por la ministra de justicia Ángela María Buitrago, elimina adicionalmente una prohibición que existe actualmente para conceder el principio de oportunidad, o la exoneración total de las penas a cambio de colaboración, en los delitos dolosos en los que las víctimas sean menores de edad. Dicha prohibición está actualmente en el tercer parágrafo de la Ley 906 de 2004 y en la propuesta de reforma se elimina el texto.
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En criterio de la Alianza por la Niñez Colombiana, conformada por organizaciones como Red PaPaz y Plan International, "el proyecto de ley que busca la rebaja de penas a quienes cometan este tipo de violencias es una burla a las víctimas, a las familias y al país. Si la justicia necesita fortalecerse y ser más eficiente nunca podrá ser a costa de la niñez. El mensaje tiene que ser claro: no se rebajan las penas".
Ángela María Buitrago, ministra de Justicia. Mauricio Moreno/El TiempoLa defensa de la ministra de justicia Ángela María Buitrago
La ministra de justicia Ángela María Buitrago defendió en las últimas horas la propuesta advirtiendo que lo que se busca es evitar la impunidad en los graves delitos contra los menores de edad, que actualmente y según cifras de un observatorio de justicia, son cometidos en un 53% por parientes, en un 27% por personas cercanas a la familia y en el 20% restante por sujetos desconocidos.
"Lo único que se quiere es que las personas asuman su responsabilidad para que no haya impunidad. Y desde ese punto de vista las personas que aceptan sus cargos sólo van a tener una rebaja, una rebaja. La pena mínima son 14 años, por lo tanto esa persona va a estar, si acepta cargos, por lo menos 14 años de la pena. Qué está pasando ahora según las cifras de la Fiscalía y de la Corte Suprema de Justicia, que estos casos están quedando en la impunidad por falta de pruebas", expresó Buitrago.
"La reflexión desde los que manejan la aplicación de la política penal en Colombia, Fiscalía y Corte Suprema de Justicia, es que sobre estos elementos tendríamos que trabajar en la necesidad de sancionar y no de quedarnos en la impunidad. Cuál es el mejor remedio para sancionar? darle una pequeña rebaja que aquí es la mitad de la mitad y generar por lo tanto una norma que permita la investigación y judicialización", agregó Buitrago.
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Penalistas del país respaldan la propuesta pues advierten que actualmente muchos casos quedan impunes
Sofía Delgado. Imagen que difundió la familia ante las autoridades para agilizar la búsqueda. Archivo particularFrancisco Bernate, presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, asegura que el caso de Sofía Delgado refleja que la propuesta de la reforma a la justicia es útil. "Este asesino estaba ya con una imputación de cargos y estaba en libertad por vencimiento de términos. Y esa es la consecuencia natural de cómo están las cosas hoy en día. Si las personas no recibe ningún beneficio, si no le ofrecen nada a cambio, pues no se declaran culpable pues los procesos son muy demorados y la persona en dos años está en libertad. Y eso fue lo que sucedió. Por eso la propuesta a lo que apunta es que haya justicia pronta, cumplida, a que se acabe el peligro del vencimiento de términos", anotó.
La penalista Mariana Botero cuestiona la ineficacia de la justicia con el agresor de Sofía Delgado. "Este es un caso donde el agresor tenía un caso desde 2018. Es inconcebible que desde el 2018 al 2024 no se haya procesado a este señor. Lo que sí se ve es una absoluta inacción por parte del Estado. Este señor, en caso de haber sido imputado, nunca habría tenido algún tipo de incentivo para aceptar cargos porque sencillamente no hay beneficios de por medio, es decir, actualmente si yo acepto cargos o no, la pena es igual", expresó Botero.
El penalista Darío Bazzani expresó que la propuesta tiene sus beneficios pues coincide con la ministra de justicia en que actualmente muchos casos quedan en la impunidad ante la prohibición de celebrar principios de oportunidad y otorgar rebajas de penas en los casos relacionados con la infancia. "Al prohibirse que se aplique el principio de oportunidad siempre que hay un menor, el caso puede quedar en la impunidad porque no se puede esclarecer. En los delitos sexuales cuando hay menores involucrados son delitos que se cometen a puerta cerrada, delitos que se cometen en el ámbito familiar o aprovechando momentos en que los victimarios se quedan con los menores. Esos casos son difíciles de probar porque son a puerta cerrada", manifestó.
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El penalista Iván Cancino agrega sobre la propuesta que "no se trata de un principio de oportunidad para todos los casos y absoluto, ni de preacuerdos absolutos. No. De acuerdo a la información que se entregue pues la Fiscalía podrá negociar un principio de oportunidad frente a algún delito, o una rebaja de pena, pero es que hoy no existe eso".
La postura de la Procuraduría
En diálogo con EL TIEMPO, la procuradora delegada para los derechos de la infancia y adolescencia, Viviana Mora Verbel, aseguró que la propuesta de reforma a la justicia "debe acompasarse con los desarrollos y avances legislativos".
Desarrollos como la "Ley 1098 artículo 199 que establece la improcedencia de principio de oportunidad, con la Ley 2081 de 2021 que establece la imprescriptibilidad y, lo más importante, en el tema concreto la Ley 2205 de 2022 que fija términos perentorios para el trámite de delitos priorizados contra la niñez y ordena la creación de la unidad especial de investigación de esos delitos, que se creó en junio de este año por la Fiscalía, y que señala un término perentorio de máximo dos años desde la noticia criminal para el trámite de estos procesos".
ANA MARÍA CUESTA
Editora de justicia anacue@eltiempo.com
Ana María Cuesta