El Consejo de Estado recibió la primera demanda que pide tumbar la resolución con la que el Consejo Nacional Electoral (CNE) abrió investigación e imputó cargos contra el presidente de la República Gustavo Petro, en condición de candidato, y contra el gerente de su campaña presidencial Ricardo Roa por la presunta violación de los topes electorales en primera y segunda vuelta por un monto de $5.355 millones de pesos.
La demanda contra la resolución 05175 de 2024 del CNE, que aún no ha sido notificada oficialmente, fue presentada por el abogado oriundo de Sucre Sebastián Méndez Tolosa. El abogado alega que el Consejo Nacional Electoral no tenía las competencias para imputar al presidente "por haber operado el fenómeno institucional de la caducidad".
Indica la acción que si la segunda vuelta presidencial fue el 19 de junio de 2022, quienes denunciaron las irregularidades que hoy se investigan sobre la campaña tenían tiempo de presentar formalmente sus alegatos contra el candidato hasta el 4 de agosto de 2022 y lo hicieron, según consta en los documentos del CNE, a partir de febrero de 2023.
En ese sentido el abogado cita el parágrafo del artículo 21 de la Ley 996 de 2005 que establece que "la denuncia por violación de los topes de campaña deberá ser presentada dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de la elección presidencial".
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Presidente Petro en la COP16 ONUDe acuerdo al demandante, con la investigación en contra del Presidente de la República el "CNE abusa de su poder administrativo al expedir una decisión traída de los cabellos utilizando para ello un razonamiento inadecuado como el último tributo que la administración le rinde a la justicia".
El abogado manifestó que la corporación, liderada por César Lorduy, posiblemente habría incurrido en el delito de prevaricato por acción pues actuó "con flagrante violación a la Constitución y la ley cercenando el debido proceso y la confianza legitima que debe estar presente en toda actuación administrativa".
La acción judicial, que fue asignada por reparto al despacho de la magistrada Gloria Gómez Montoya, plantea una medida cautelar de suspensión de los efectos de la resolución.
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Magistrado Omar Joaquín Barreto se declara impedido para el debate
Omar Joaquín Barreto, consejero de Estado. Consejo de EstadoLa demanda que pide tumbar la apertura de investigación administrativa del CNE contra el presidente, en calidad de candidato, fue repartida inicialmente al magistrado Omar Joaquín Barreto. El jurista se declaró impedido para conocer de la acción advirtiendo que había conceptuado el pasado 20 de mayo lo siguiente:
La Constitución desde el año 2003 consagra la sanción de la pérdida del cargo, por la violación de los topes máximos a la financiación de campañas.Tratándose del ganador de las elecciones presidenciales, la sanción de la pérdida del cargo es de competencia del Congreso, la cual se deberá tramitar como el juicio de indignidad política.Frente a los alcaldes y gobernadores la sanción de la pérdida del cargo le corresponde decretarla a la jurisdicción contenciosa administrativa, una vez el Consejo Nacional Electoral haya establecido la violación a los límites al monto de gastos.
El pronunciamiento lo hizo el magistrado en el marco del estudio de una demanda que presentó el ciudadano José Ángel Espinosa, un sargento en retiro que pedía la pérdida del cargo del presidente Petro y de su vicepresidenta Francia Márquez.
El pasado fin de semana el presidente de la República, Gustavo Petro, invitó a una cascada de denuncias contra el CNE. "Invito a todas y todos los abogados de Colombia a poner la denuncia por prevaricato contra los firmantes. Con este hecho inicia formalmente el golpe de estado en Colombia”, manifestó.
ANA MARÍA CUESTA
Editora de justicia anacue@eltiempo.com
Ana María Cuesta