El presidente Gustavo Petro salió el viernes con la sorpresa de la semana para Colombia: esta vez anunció que el Estado les va a comprar la cosecha de coca a los campesinos del Micay, en el Cauca. El mandatario lo dice a sabiendas de que es altamente probable que eso no vaya a ocurrir nunca. Pero no le importa, porque lo que busca con este tipo de anuncios es provocar efectos en la opinión pública.
Petro sabe bien cómo funciona el mecanismo. Sin ningún estudio de probabilidad, sin siquiera cruzar unas cifras o saber si es jurídicamente viable, lanza al aire cualquier frase explosiva o lo que llamamos globos, y una vez logra llamar la atención de la opinión el globo le sirve para dos propósitos: ya sea para distraer a la opinión pública o ya sea para que a su imagen se le sume el atributo de lo que propone.
En este caso, por ejemplo, por un lado logra bajarle temperatura a las escandalosas cifras que dio la ONU sobre el crecimiento de la industria criminal de la droga en Colombia. Y por el otro lado, en el contexto de la COP16 que comienza hoy en Cali, el anuncio puede dar la idea de que están en un país gobernado por un líder cool y disruptivo.
Si luego pasa el tiempo y el Gobierno no compra la coca, no importa, lo que importa es que se lo crean. ¿Cómo sería esa transacción? ¿El Estado llega y dice hagan fila los cultivadores de coca que les vamos a comprar? ¿O se organiza directamente con las bandas criminales que tienen el control en la zona?
¿Jurídicamente es viable? ¿O será necesario hacer reformas legales? Basta con leer los códigos para saber que la compra de coca está prohibida y, como anota el exviceministro de Justicia Rafael Nieto, la hoja de coca está en la lista de sustancias sujetas a fiscalización internacional y Colombia está obligada a cumplir la Convención de Viena de 1961.
¿Y si la compra, el gobierno que va a hacer con toda esa hoja de coca? ¿En donde la va a almacenar? ¿O en donde la va a destruir? ¿Cuántas personas tendrá que destinar para hacer toda la operación? ¿Cuánto nos costará?
Hay que tener en cuenta que Petro dijo que le va a comprar las cosechas de coca “al campesinado del Micay”. Pero se da por supuesto, que los cultivadores del resto del país exigirán igual tratamiento. De manera que, haciendo cuentas de servilleta, la coca de las 253.000 hectáreas sembradas en todo el territorio nacional, le costaría unos 8 billones de pesos. Cada hectárea produce 1.590 kilos de hoja de coca y justo ahora la sobreproducción es tal que los cultivadores se quejan porque les están pagando $20.000 por kilo.
Y ese es apenas el comienzo porque el Presidente en su discurso dijo que les va a comprar la coca “mientras aparece la economía lícita”. ¿Hasta cuándo entonces se las va a comprar? ¿Cuándo, o por cual arte de magia va a aparecer la economía lícita?
Ahora, más allá de que parece claro que el Gobierno no puede comprar las cosechas de coca, el solo hecho de que Petro haya pensado en hacerlo es repelente.
Recordemos que tres EPS claves del país le pidieron hace un año que les pagara las deudas de $1,6 billones para poder seguir prestando los servicios de salud a 13 millones de sus afiliados, Petro ni las volteó a mirar. Más bien decidió intervenir a dos de ellas y dejar que la tercera le entregara ese encargo. ¿Es decir, no paga las deudas de la salud de 13 millones de colombianos pero sí puede ir a comprar hoja de coca?
Por no hablar de los adultos mayores vulnerables, a los que les prometió subirles el subsidio, que ahora llama bono pensional, a 223.000 pesos, con esos 8 billones de pesos le alcanza para pagarles la mesada durante un año a 3 millones de viejos.
Pero pues, todo son cuentas alegres porque, como bien sabemos, el gobierno Petro no tiene ni con qué financiar el presupuesto de 2025.
En vez de estar embolatando al país con propuestas que no van para ninguna parte, el presidente Gustavo Petro debería estar viendo a ver cómo le da manejo real al problema de los cultivos ilícitos: el sistema de monitoreo de Naciones Unidas dio un veredicto aterrador, el potencial de producir cocaína de Colombia (por aumento de sembrados y mejora de la eficiencia) aumentó 90% entre 2021 y 2023, es decir nuestro país está produciendo el doble de cocaína que hace dos años, cuando ya era bastante. Y, ojo, estamos produciendo siete veces y media más que la cocaína que se producía en los años 90.
Y lo peor de todo es el mensaje que manda el Presidente: si los campesinos tienen asegurada la compra de la coca no solo no van a explorar otros cultivos, si no que es posible que se convierta en un incentivo perverso para quienes hoy producen en la legalidad con dificultades extremas.
En últimas, comprar la coca a los cultivadores del Micay pensando en resolver el problema es como vender el sofá.