La situación energética en Colombia sigue con cortocircuito y los cables se están enredando más por una reciente resolución (la 40409-2024), emitida por el Ministerio de Minas y Energía, que pone en una situación privilegiada a la empresa Air-e, recién intervenida por el gobierno de Gustavo Petro.
La resolución ordena que las empresas generadoras de energía (como EPM, Isagen o Enel, entre otras) no pueden dejar de suministrarle energía a Air-e o no pueden limitarle el suministro a pesar de que esta última no tenga las garantías para pagarles.
El 5 de agosto, el Ministerio había expedido una primera resolución que exigía ese beneficio durante un mes para Air-e y Afinia, es decir, las comercializadoras de energía eléctrica en los departamentos de la Costa Caribe. Y, curiosamente, después de que fue intervenida Air-e (13 de septiembre), el Ministerio expidió esta nueva resolución que mantiene el beneficio solo para Air-e hasta diciembre de este año.
La situación tiene con los pelos de punta a los operadores del sector porque en pocos meses Air-e ya ha acumulado con varios de los generadores una deuda de unos $800.000 millones, y con el paso de los meses la deuda puede aumentar y poner en riesgo a las demás empresas. Algunos jugadores consultados comentan que no tienen certeza de que, cuando se venza en diciembre, el Gobierno no siga prorrogando la misma directriz.
Cabe recordar que la crisis de la luz en la Costa Caribe viene de tiempo atrás. El gobierno de Juan Manuel Santos intervino a Electricaribe, y el gobierno de Iván Duque, hace cuatro años, le entregó la operación en cuatro departamentos a Afinia y en otros tres a la firma Air-e. Afinia, para sobrevivir, ha recibido inyección financiera de EPM, su casa matriz. Mientras que Air-e, propiedad del empresario Alberto Ríos, no pudo superar la crisis que produjo la pandemia. El presidente Gustavo Petro le lanzó un salvavidas e intervino la empresa.
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Una vez intervenida, lo primero que hizo la Superintendencia de Servicios Públicos fue anunciar que Air-e iba a dejar de cobrar en la tarifa lo correspondiente a la opción tarifaria, una deuda que tenían los usuarios con la empresa y que todavía tenía un saldo de $380.000 millones por pagar. Con ello, el recibo de energía les está llegando a los usuarios de Atlántico, Guajira y Magdalena un 30% más barato.
Y ahora la resolución mencionada permite además que Air-e no tenga que cumplir con las obligaciones para la compra de energía, es decir, las generadoras entregan electricidad sin garantías de pago, decisión que se da en una situación del mercado energético crítica por los bajos niveles de embalses, el déficit de gas para las plantas térmicas, las deudas del sector y el alza sostenida de consumo de luz.
En el primer caso, el alivio en la tarifa de energía de los usuarios de Air-e se hace utilizando recursos de todos los colombianos. Y en el segundo caso, la exigencia de suministrar la energía se hace a costa de empresas privadas.
Una fuente que ha trabajado en los últimos 30 años en el sector expresó su preocupación por la situación con Air-e, calificando el tema como “delicado” debido a la falta de pago por parte de la empresa y la ausencia de garantías financieras. Según explicó, Air-e no ha cumplido con los pagos a los generadores de energía, tanto en el mercado mayorista (bolsa) como en los contratos bilaterales a largo plazo, lo que genera un riesgo importante para el sector.
Lo describió así: “Resulta que Aire-e logró que se levantara la limitación de suministro, ahora están en el mejor de los mundos. No están pagando, no están poniendo garantías y no les pasa nada. Esto es gravísimo”.
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Esto ha generado que otros actores del sector cataloguen la medida como “expropiatoria”, ya que, en la práctica, Air-e sigue recibiendo energía sin tener las garantías financieras para pagar. “Es como si el Ejército decidiera un día ir al Éxito y exigir que le suministren uniformes para los soldados pero que no tienen como garantizar el pago”, explicó un experto.
Un exdirector de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) le dijo a EL COLOMBIANO que la limitación de suministro de energía es una herramienta clave que tiene el administrador del mercado para asegurar el pago de la energía adquirida a través de la bolsa y el cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de los generadores.
Explicó que, al no contar con la limitación, “muchas empresas enfrentan dificultades para cumplir con sus obligaciones de pago en la bolsa de energía, lo que puede generar un impacto considerable en aquellos agentes que tienen compromisos en el corto plazo, como los que transan en la bolsa”. Aunque el impacto no será igual para todas las empresas, dependerá de su situación financiera y de su nivel de deuda en la bolsa.
Asocodis dice que la normativa de MinEnergía afecta el flujo de caja de las empresas que generan energía al permitirle a los comercializadores, como Air-e, incumplir con los compromisos adquiridos para el pago de las obligaciones con el mercado eléctrico. “El mecanismo planteado acelera la condición de riesgo para el resto de los agentes de la cadena de prestación del servicio, dado que no se garantiza el flujo continuo de recursos para financiar la operación normal en el Sistema Interconectado Nacional”.
Además, la Asociación Nacional de Generadores (Andeg) ha expresado su preocupación por el impacto en el flujo de caja de las empresas generadoras. “El mecanismo propuesto por el Ministerio no resuelve el problema expuesto por XM en su informe de limitación de suministro”, advirtieron.
También una de las fuentes consultadas mencionó que EPM ha intentado suspender los contratos con Air-e, pero la Superintendencia no permitió la suspensión, lo que deja a los generadores en una posición difícil. “Esto se está volviendo una bola de nieve”.
Con el vencimiento de la resolución a finales de diciembre y sin una solución estructural a la vista, el riesgo de suspensión del servicio se cierne sobre los colombianos, especialmente en las zonas más vulnerables. Como señala un representante del sector: “Es como si obligaran a los proveedores a regalar su producto”.
Cabe recordar que uno de sus reclamos de los gremios del sector energético colombiano es la urgencia de los pagos de subsidios y Opción Tarifaria a empresas comercializadoras de energía, cuyos niveles de liquidez podría afectar la prestación del servicio. Por ejemplo, al 30 de septiembre el Gobierno adeuda $2,5 billones por concepto de subsidios que han sido otorgados a los usuarios de estratos 1, 2 y 3.
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¿Se ahonda la crisis?
Uno de los principales críticos sobre el manejo de la crisis energética que atraviesa el país es el exministro de Minas Amylkar Acosta, quien consideró que, aunque la resolución sea temporal, Aire-e, así esté intervenida, no se puede escudar en esa medida para no pagar la energía que le suministren los generadores. Incluso Acosta habla de un cortocircuito de plata en el sector eléctrico que amenaza con un racionamiento.
En esta misma línea, Julio César Vera, presidente de la fundación Xua Energy, sostuvo que es entendible que se tomen decisiones coyunturales en el caso de Air-e, que son medidas para atender una situación en específico, “pero no puede hacer carrera este tipo de medidas y mucho menos pensar que es la solución estructural a las problemáticas que se presentan”.
Lo dijo porque cualquier medida que impida a los agentes cumplir con sus obligaciones financieras debilita el sistema y puede causar fallas. Esto afecta el funcionamiento equilibrado del sector, ya que, si unos incumplen, terminan impactando a todos, lo que podría desestabilizar la operación.
Por su parte, Javier Bustos, director de Observadores Col, explicó que detrás del hueco financiero de Air-e en Atlántico, Magdalena y La Guajira está la falta de pago de los llamados “suscriptores subnormales”, que suman unos 190 mil usuarios, representando una población de aproximadamente 600 mil personas en estos tres departamentos.
“Estas zonas subnormales no cuentan con medidores de luz en cada casa, lo que ha generado problemas de orden público. Aunque Air-e ha asumido la responsabilidad de buscar soluciones, las acciones han sido insuficientes y es necesario que tanto las alcaldías, gobernaciones como el Gobierno nacional se involucren para resolver esta situación”, dijo Bustos.
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Bustos señaló que la solución debería implicar que todas las partes aporten recursos para cubrir las pérdidas, y no solo la empresa Air-e. Sin embargo, el problema de fondo no se está abordando. Se necesita implementar contadores prepagos, energía solar y otras opciones más económicas para estas comunidades.
“De seguir así, todos los actores del sistema energético se verán afectados económicamente, agravando aún más la crisis energética que se vive actualmente”.
Hoy la administración de la compañía comercializadora está en su totalidad en cabeza del interventor Carlos Diago, designado por la Superintendencia de Servicios, pero Santiago Posso, exgerente general de Air-e hizo un balance de la intervención.
“Vemos con preocupación el primer mes de intervención pues se ha reducido drásticamente el recaudo y no se han regulado los exorbitantes precios de la energía. Hoy el kilovatio en bolsa está a $1.800, cuando hace dos meses estaba a $120. Si no se regula el tema de la generación, nunca va a funcionar Air-e, ni Afinia ni ninguna empresa que atienda población pobre”, dijo Posso.
Agregó que solo el costo de la energía para Air-e este mes puede estar alrededor de los $500 mil millones y el recaudo no superará los $250 mil millones, un hueco de un cuarto de billón en un mes. Esos $500 mil millones es solo para energía, ahí no han pagado nómina, cuadrillas, materiales, etc.
“Es crítico bajar tarifa, pero esa reducción tiene que verse también en la reducción de los costos o va a haber un gran desbalance. No se trata de no pagarle a los generadores, lo que se requiere es que cobren lo justo y que permitan que la gente pobre de Colombia, de una vez por todas, tenga un buen servicio de energía a precios justos”, sentenció el exdirectivo.
También alertó que en dos semanas sacaron a 10 gerentes, especialmente, los que estaban en el área técnica, que habían llevado a mejoras de calidad, como la reducción de horas de interrupciones de más del 60%.
“Hacemos un respetuoso, pero urgente llamado al interventor para que termine de restablecer los sistemas que fueron afectados por el acto terrorista cibernético del cual fuimos víctimas. Afortunadamente, la contabilidad quedó intacta, pero otras áreas se vieron afectadas. Antes de mi salida toda la información quedó lista y se entregó una hoja de ruta clara para restablecer los sistemas que faltaban, pero entendemos que, por falta de gestión, hay sistemas que aún no han puesto operativos”, aclaró Posso.
Insistió en que si no se toman medidas estructurales urgentes en toda la cadena de prestación del servicio (generación, transmisión) seguirá el perverso ciclo de intentos fallidos por partes de privados y posteriores intervenciones por parte del Estado.
Una hipótesis que manejan conocedores del caso es que el Estado asumirá los compromisos financieros de Air-e y esta quedará libre de obligaciones con otros agentes del sector como las generadoras, es decir, Air-e no tendrá deudas con ninguno, mientras que el Gobierno sí asumiría esos riesgos con la intervención de la Superservicios.
Jorge Vergara Carbó, economista, magíster en Administración Pública, quien le ha hecho seguimiento a este caso, afirmó que, a la fecha, ocho años después de la intervención de Electricaribe, la historia parece repetirse con Air-e porque hay una presión para que se intervenga la empresa.
“Ríos Velilla y su abogado, Jaime Lombana, han desplegado maniobras para eludir responsabilidades, mientras buscan que el Gobierno asuma la deuda de la opción tarifaria y le inyecte recursos a la compañía”.
Incluso, dijo que desde abril del 2020 viene advirtiendo la mala jugada que hizo el gobierno de Iván Duque con la adjudicación a Air-e y Afinia para asumir el mercado energético del Caribe colombiano, como una forma de quitarse de encima el peso y pasárselo a privados.
“En 2020, expusimos cómo el sector eléctrico se encontraba en una crisis profunda, y afirmamos que la intervención de Electricaribe sería un error, sugiriendo que se debería esperar a que la empresa se declarara en quiebra. En lugar de ello, el gobierno decidió intervenir... Ahora, el mismo escenario se presenta con Air-e, y nuevamente el gobierno inclinado a intervenir, en lugar de esperar su quiebra. Los errores cometidos hace ocho años están a punto de repetirse, favoreciendo a empresarios que buscan socializar sus pérdidas mientras se apropian de las ganancias”, insistió el economista.
Con base en la información oficial de tarifas de la Superintendencia de Servicios Públicos para Air-e, desde 2021 hasta julio de 2024, considerando variables como las pérdidas de energía (PR), comercialización (C) y el costo unitario (CU), se infiere que el cálculo de lo facturado por Air-e en estos 43 meses se basa en el diferencial tarifario y los kilovatios a sus usuarios regulados.
Por lo tanto, desde enero de 2021 hasta julio de 2024, Air-e, que compró Electricaribe por $285.000 millones, ha recaudado $3,81 billones de los usuarios de Atlántico, La Guajira y Magdalena. Esto se debe a un régimen tarifario especial aprobado por el expresidente Iván Duque y los parlamentarios del Caribe en 2019, lo que aumentó en 20% el cargo por comercialización.
Entre los parlamentarios se encontraban Arturo Char, Efraín Cepeda, actual presidente del Senado; Mauricio Gómez, Carlos Meisel y José David Name.
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Vergara Carbó agregó que, hasta julio de este año, excluyendo los tres primeros meses de 2020, Air-e ha facturado $3,81 billones por los sobrecostos que pagan los usuarios debido a las pérdidas de energía y los cargos de comercialización. Esta cifra es 46,5% mayor de lo que Alberto Ríos Velilla se comprometió a invertir cuando compró la empresa hace cinco años.
“Con este castigo, que ha sido consentido también por el actual gobierno que, si bien heredo este problema, en dos años de estar gobernando no ha sido capaz de eliminar ese régimen tarifario, y que en la práctica ha significado que los usuarios de Air-e le hemos pagado la supuesta inversión que ha debido hacer Air-e y Afinia, dado que la situación es muy parecida. El compromiso de Air-e es invertir del 2020 al 2025 la suma de $2,6 billones, y la de Afinia es de $3,2 billones”, detalló Vergara Carbó.
Además, según datos de la Superservicios y XM, Air-e ha recaudado $715.600 millones por opción tarifaria entre febrero y agosto de 2024.
Estos datos los confirmó Norman Alarcón, coordinador de la Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos del Caribe, quien pidió una auditoría urgente para revisar las finanzas de Air-e, indicando que la empresa ya ha recaudado la mayor parte de los recursos de la opción tarifaria aprobada por el Gobierno. “Ya ha recaudado $720.000 millones de un total de $850.000 millones en menos de un año”.
El saliente superintendente de Servicios Públicos, Dagoberto Quiroga, explicó que la intervención de Air-e, que presta el servicio de energía en Atlántico, La Guajira y Magdalena, ha sido compleja debido a un “hackeo” que sufrió la empresa antes de ser intervenida. Según Quiroga, se perdió mucha información contable, financiera y de facturación, lo que ha dificultado obtener un diagnóstico claro de la situación de la compañía.
El superintendente señaló que Air-e fue recibida sin la información necesaria, con deudas y sin recursos, lo que ha complicado la atención a los usuarios. Además, indicó que la empresa enfrenta problemas financieros debido a las deudas de clientes que no pagan por el servicio.
Agregó que se están revisando los contratos firmados en 2020 para asegurar que se cumplan las inversiones prometidas, que sumaban $5,3 billones, aunque la Creg solo aprobó $3,1 billones.
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