La Contraloría General la República, a través de su Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, profirió fallo con responsabilidad fiscal por $87.027 millones en contra de integrantes de la Unión Temporal Centro Poblados, así como de la firma interventora y empresa proveedora de equipos, quienes incumplieron el contrato que se había firmado para llevar internet a apartadas zonas rurales del país.
De acuerdo con el ente de control, hubo una gestión fiscal ineficaz, ineficiente e inoportuna, dado que no se cumplió con la entrega total de equipos para la culminación del proyecto Centros Digitales, cuyo objeto era la instalación de 7.277 centros digitales en 16 departamentos del país.
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Según la Contraloría, como resultado de la valoración integral de la información recaudada en el marco del proceso de responsabilidad fiscal, se determinó fallar con responsabilidad en contra de las firmas que conformaron la Unión Temporal Centros Poblados 2020 y su representante legal, en tanto que en calidad de contratistas no ejecutaron el contrato en los términos pactados.
“Esta situación conllevó a la terminación anticipada del contrato que implicaba el retorno de los recursos públicos en virtud de la obligación adquirida, sumado a la presentación de una garantía bancaria falsa por parte el consorcio, sin la cual no se hubiera dado inicio al contrato y, por ende, no se hubieran desembolsado los recursos por concepto de anticipo ($70.000 millones)”, indicó el ente.
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Además de la responsabilidad del consorcio Centros Poblados, la Contraloría determinó que “hubo omisión en la entrega de los equipos por parte de la respectiva empresa proveedora, y por tal razón declaró responsable fiscal al representante legal de la empresa distribuidora”.
También falló en contra de los miembros del consorcio interventor “toda vez que dieron aprobación a unas órdenes de pago sin la verificación integral de los documentos que las soportaban, es decir, sin el cumplimiento de las condiciones pactadas para el acceso a dichos recursos, esto es, la totalidad de los equipos necesarios para en cumplimiento del proyecto”.
El consorcio interventor, dice el ente de control, pasó por alto solicitar reunión extraordinaria del comité fiduciario para que se hubiera evitado el giro de los $70.000 millones “en razón al inminente incumplimiento en el cronograma de ejecución del contrato 1043 por falta de disponibilidad de los equipos”.
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Los integrantes de la unión temporal que deberán pagar la sanción son la Fundación de Telecomunicaciones, Ingeniería, Seguridad e Innovación; y las firmas ICM Ingenieros S.A.S., Intec de la Costa S.A.S. y Omega Building Constructora S.A.S., así como su representante legal Luis Fernando Duque Torres.
El fallo también incluyó a los miembros del Consorcio pe2020 C Digitales, en calidad de interventor, representado legalmente por Paola Izquierdo Rivera y conformado por PMO Solycom S.A.S., Eurocontrol SA sucursal Colombia y Telemediciones S.A.S.