El paro campesino y minero que se ha tomado varias vías del país desde hace tres días, lo que continúa generando grandes dificultades para la movilidad, afectando directamente a sectores clave como el turismo, el agro y el comercio.
Los departamentos de Norte de Santander, Santander, Boyacá, Antioquia, Caldas y Risaralda se encuentran entre las más afectadas por los bloqueos viales, lo que ha provocado la cancelación de reservas, alza en precios de alimentos, bajas ventas en tiendas y micronegocios, y ha debilitado la confianza en los principales corredores turísticos.
Según Cotelco, esta situación no solo pone en riesgo la seguridad de los viajeros y locales, sino que también genera importantes pérdidas económicas, afecta el empleo y compromete la imagen de los destinos turísticos.
Desde el sector turístico y de alojamiento hacen un llamado urgente a no normalizar los bloqueos en las vías, ya que estas interrupciones dificultan el desarrollo de las regiones afectadas.
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“Es importante tener en cuenta que se aproxima la temporada de puentes festivos, por lo que es esencial asegurar la conectividad y la libre movilidad, pilares indispensables para la reactivación económica y la estabilidad del turismo. Es crucial implementar soluciones rápidas y sostenibles que restauren la confianza en los destinos y garanticen un entorno seguro y accesible para todos los viajeros”, dijo el gremio hotelero.
En esta misma línea, la Cámara Colombo Americana, AmCham Colombia, hizo un llamado a las autoridades para implementar acciones que permitan levantar los bloqueos en varias carreteras del país.
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María Claudia Lacouture, presidenta de AmCham Colombia, en su cuenta de X, advirtió que, si bien existe el derecho a la protesta, estas acciones no deben vulnerar los derechos a la libre movilidad de la mayoría y señaló que las dificultades en el transporte del país ponen en peligro la frágil recuperación económica de Colombia.
“De nuevo bloqueos que limitan el desarrollo de la mayoría de los colombianos. Si bien el derecho a la protesta es para todos, debe ir acompañado de la autoridad para que no límite el derecho de la mayoría. Son indispensables medidas rápidas para que las vías de hecho no afecten el débil crecimiento económico del país y se garantice la libre movilidad por todo el territorio”.
De acuerdo con el gremio de los transportadores Defencarga, en los dos días de paro se han afectado aproximadamente 70.167 toneladas de productos.
El transporte de alimentos fue uno de los primeros en sentir el impacto de las manifestaciones. Por ejemplo, el lunes, el primer día de paro, se dejaron de mover alrededor de 85.000 litros de leche en Santander.
Además, no se transportaron papas, cebollas y diversas hortalizas de las zonas afectadas por los bloqueos. Esta reducción en la llegada de productos a varias centrales de abastos provocó que los precios de varios alimentos subieran. También se redujo la entrada de papa pastosa, tomate, cebolla cabezona blanca y frijol verde, lo que llevó a un incremento en sus precios.
Las manifestaciones arrancaron en Antioquia, Cauca y Chocó, pero con el tiempo se han extendido a otras regiones como Córdoba, Bolívar, Norte de Santander, Santander y Boyacá. Caldas también se ha visto afectada, con mineros artesanales que iniciaron paros en la vía que conecta Manizales con Medellín y varios municipios antioqueños.
Estos mineros tradicionales están pidiendo al Gobierno Nacional que formalice su trabajo para evitar ser judicializados. En Marmato, Caldas, también se unieron a las protestas, señalando que sufren las consecuencias de la informalidad y la falta de garantías laborales, lo que complica sus labores de exploración y extracción de manera segura.
Varios sectores están pidiendo la derogación del Decreto 1035 de 2024, que permite a la Fuerza Pública destruir o neutralizar maquinaria usada para explorar y explotar minerales sin el título minero correspondiente. Los mineros artesanales han expresado que tienen derecho al trabajo y esperan que el Estado les brinde procesos de formalización y garantías de seguridad.
“La protesta surge en rechazo al decreto, ya que se considera que el uso de maquinaria amarilla por pequeños y medianos mineros informales es visto como un delito. Este conflicto se debe a la lentitud en los procesos de formalización minera por parte del Ministerio de Minas y Energía y la Agencia Nacional de Minería”, comentó Amylkar Acosta, exministro de Minas y Energía.
Julio César Vera, presidente de XUA Energy, añadió que “las normas están diseñadas para proteger los recursos naturales y atacar a grupos ilegales que se benefician de la minería ilegal, pero también afectan a los mineros tradicionales que han luchado por su formalización durante años”.
Vera enfatizó que “el Gobierno debería seguir dialogando con la comunidad para llegar a acuerdos que protejan a los pequeños mineros, pero también deben salir a la luz actividades que afectan los recursos y generan violencia. Es el momento de sincerar las conversaciones y cumplir con el objetivo de la formalización minera, sin que surjan más distorsiones en torno a la minería ilegal, como hemos visto en años recientes”.