Esta semana empezaron a correr los términos para que el gobierno del presidente Gustavo Petro expida el decreto por el cual se fijará el Presupuesto General de la Nación 2025.
Ante este panorama insólito, dada la negativa del Congreso de aprobar el presupuesto, el ejecutivo echó mano de la facultad que le otorga la normativa para fijar el presupuesto, y anunció que expediría el decreto entre el 21 de octubre y el 30 de diciembre.
Por ahora se sabe que el decreto saldría por un monto de $523 billones de los cuales $324,9 billones corresponden a gastos de funcionamiento (63%), $112,6 billones al pago de deuda pública (21%) y $82,5 billones al componente de inversión pública (16%).
En cuanto a su distribución sectorial, sin contar la deuda pública, los sectores con más recursos serían Educación con $79 billones (15%), Salud y Protección Social con $57 billones (11%) y Trabajo con $53 billones (10%).
Fuentes del Ministerio de Hacienda consultadas por este diario comentaron que la promulgación de la norma se demoraría, pues hay plazo hasta final de año para expedirla y por estos días no se han observado movimientos en ese sentido.
Desde la óptica del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, el ejecutivo no podría darse facultades así mismo que son de competencia exclusiva del Congreso. “En caso de que esto ocurra, podría estar contradiciendo normas constitucionales y legales que pueden generar demandas futuras que busquen tumbar el decreto del presupuesto 2025”, anticipó.
Mientras se conoce el texto, entidades como la Contraloría General de la República han advertido de la desfinanciación de $12 billones que tiene el presupuesto, por lo que ha instando al Gobierno a proporcionar información clara sobre cómo se cubrirán esos recursos.
El contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, presentó la semana anterior ante la Comisión Legal de Cuentas los resultados de cuatro informes de ley, entre ellos los de la Cuenta General del Presupuesto y la Situación de la Deuda Pública (Vigencia 2023).
El funcionario hizo un enfático llamado sobre la importancia de una planificación rigurosa en la elaboración del Presupuesto General de la Nación para la vigencia 2025 y reiteró su preocupación por la desfinanciación de $12 billones que tiene, instando al Gobierno a proporcionar información clara sobre cómo se cubrirán estos recursos.
Al tiempo, consideró que la reforma tributaria, que el Gobierno pretende que le apruebe el Congreso, es un instrumento crucial para fortalecer las finanzas públicas del país, pero es importante que cualquier modificación al sistema tributario tenga en cuenta el equilibrio fiscal, la sostenibilidad económica y la eficiencia en la asignación de recursos, garantizando al mismo tiempo una justa distribución de la carga impositiva entre los diferentes sectores de la población.
Por su parte, desde el centro de pensamiento Fedesarrollo se estima que las cuentas fiscales deben incorporar un recorte de $34,9 billones (2,0% del PIB) para dar cumplimiento a la regla fiscal. “Asimismo, aún con este recorte, el Gobierno deberá contemplar los riesgos persistentes de la programación fiscal del próximo año, como un menor dinamismo económico, la incertidumbre respecto a la aprobación de la ley de financiamiento y una expectativa realista de ingresos por gestión de la Dian”, se lee en el informe de Prospectiva Económica.