Desde que se conoció el proyecto que reformaría el Sistema General de Participaciones (SGP) para brindar más transferencias del Gobierno Nacional a las regiones, no han frenado las advertencias sobre las graves consecuencias que acarrearía para las cuentas estatales.
Para tener el tema claro, el SGP es el mecanismo mediante el cual el Gobierno Nacional transfiere a los municipios, distritos y departamentos los recursos necesarios para atender los servicios básicos de educación, salud, agua y saneamiento básico (acueductos y alcantarillados).
El Ministerio del Interior argumenta que este mecanismo requiere una reforma “para cumplir con la promesa de descentralización de la Constitución Política de 1991, devolviéndoles la autonomía a municipios, distritos y departamentos en la determinación de la inversión de los recursos en aquellos programas y proyectos que mayor potencial tienen para impulsar su desarrollo”.
En resumen, actualmente la Nación transfiere a los entes territoriales el 23,8 % de sus ingresos corrientes; la reforma subiría ese monto al 46,5 % para mejorar la prestación de los servicios básicos de educación, salud, agua para el consumo humano y saneamiento básico e infraestructura, entre otros.
Hay que tener en cuenta que el incremento no sería de golpe, ya que sería de manera paulatina por diez años y con repuntes del 2,5 % entre 2027 y 2036.
No obstante, la reforma no fue bien recibida por los centros de pensamiento y analistas económicos, por las implicaciones fiscales que supone para el Estado.
Recientemente, el propio Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) presentó un informe al Congreso de la República sobre las consecuencias fiscales del cambio que pretende el Gobierno en el SGP.
La Carf explicó que “la programación del gasto 2024 y 2025 está al límite del espacio permitido por la Regla Fiscal, sin dejar espacio para reaccionar ante choques externos o internos. Esta posición implica riesgos, que se acentúan dado que más de 83 % del gasto del Gobierno Nacional es inflexible”.
El Comité explicó que incrementar al 46 % las transferencias a los territorios para 2036 supondría incrementar el déficit fiscal por encima del límite máximo por ley, que sería el 71 % del Producto Interno Bruto (PIB).
La entidad vaticina que si la reforma se aprueba, entonces el Estado tendría que hacer un enorme esfuerzo fiscal que equivaldría a recaudar lo equivalente a tres reformas tributarias para cumplir con ese aumento a los departamentos y municipios.
La seria advertencia no es la única. César Pabón, director ejecutivo de Investigaciones Económicas de Corficolombiana, dijo coincidir con la alerta de la Carf: “La sostenibilidad fiscal es un riesgo inminente con esta propuesta”.
De hecho, la Corporación Financiera de Colombia (Corficolombiana) publicó un estudio al respecto que estima que las transferencias del SGP crecerían hasta un 9,2 % entre 2027 y 2036, lo que sería mayor frente al 5,1 % proyectado por el Marco Fiscal de Mediano Plazo.
La entidad proyecta que esto provocaría un crecimiento del hueco fiscal de la Nación en cerca del 7 % del PIB, “superando las metas fiscales y retrocediendo a niveles de la pandemia”.
El documento explica que aumentar las transferencias no garantiza una mayor descentralización para las regiones y destaca una de las conclusiones de la Misión de Descentralización (2024): “Debe advertirse que la experiencia acumulada de 30 años de transferencias concluye que la cantidad de recursos dentro del sistema no ha logrado cerrar brechas que persisten en todos los sectores”.
Claramente, la propuesta del Gobierno Petro supondría la inversión de más dinero para cumplir con la asignación de recursos a los territorios.
Luis Fernando Mejía, director del centro de pensamiento Fedesarrollo, expresó, en el debate de control político en la Comisión IV Constitucional del Senado de la República, que la aprobación de esa propuesta equivaldría a unos $60 billones adicionales por año, un monto que supera el presupuesto de inversión de 2025, que fue de $44 billones.
“Esto implica que, incluso eliminando por completo la inversión del Gobierno, no sería posible financiar un aumento de esta magnitud”, advirtió Mejía.
La Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) señaló que la reforma le costaría al Estado unos $395 billones entre 2027 y 2036.
Lo que sería un problema para el gobierno de turno entre 2026 y 2030, ya que solo en ese período habría un gasto adicional por $45 billones. “El siguiente Gobierno heredaría un cheque por pagar por $191 billones. Es difícil imaginarse un escenario donde esta senda de compromisos fiscales sea viable”, apuntó Anif.
En concepto de la Asociación, las transferencias serían muy altas e inflexibles en esos 10 años. El centro de pensamiento anotó que el aumento debería tener un piso que no supere el 6 % como porcentaje del Producto Interno Bruto.
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