La economía colombiana enfrenta un gran reto para cerrar el año en cumplimiento de la regla fiscal. Según la Dirección de Investigaciones Económicas y Análisis de Mercados del Banco de Bogotá, el gasto público debe caer en un rango sin precedentes de entre un 20% y un 40% anual en los últimos meses de 2024.
Este ajuste es necesario para mantener el déficit fiscal dentro del límite permitido y evitar sanciones económicas que pondrían en riesgo la estabilidad económica del país.
El panorama no es alentador: de enero a agosto, el déficit primario –que excluye el pago de intereses– llegó al -1,2% del Producto Interno Bruto (PIB), un resultado superior al límite de -0,9% del PIB exigido por la regla fiscal para el año completo. Este porcentaje representa el segundo peor balance fiscal en las últimas dos décadas, solo superado por el déficit registrado en 2020, cuando la pandemia afectó profundamente las finanzas del país.
En ese sentido, el Gobierno enfrenta la urgente necesidad de ajustar su presupuesto, ya que ha gastado el 69,5% de los recursos proyectados para 2024 en tan solo ocho meses, un porcentaje que contrasta con el promedio histórico de 61,4% en el mismo periodo.
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Para cumplir la regla fiscal, el Gobierno debería limitar su gasto a $92,5 billones durante los últimos cuatro meses del año, lo cual equivale a una caída anual del gasto de más del 20% en términos nominales, y entre un 24% y 28% si se ajusta por inflación.
Sin embargo, el panorama podría complicarse aún más debido a una disminución en el recaudo tributario: entre enero y septiembre de 2024, los ingresos fiscales estuvieron por debajo de lo esperado, con un faltante de $8,1 billones, principalmente en los meses clave para el pago de impuestos como la renta de personas naturales y el IVA.
Las proyecciones de Investigaciones Económicas indican que este déficit podría alcanzar los $12 billones para final de año, lo que elevaría la presión para reducir el gasto hasta en un 40% anual en los últimos meses. De cumplirse estas previsiones, el ajuste sería de una magnitud histórica, pues nunca en la historia reciente se había presentado un recorte tan drástico en el gasto estatal.
El incumplimiento de la regla fiscal no solo implicaría un golpe para las finanzas públicas, sino que además podría tener graves repercusiones para toda la economía. La regla fiscal en Colombia funciona como un compromiso legal para mantener el déficit en límites controlables y así asegurar la estabilidad económica.
De no cumplirla, se proyecta que el riesgo país aumentaría, lo cual elevaría los costos de financiamiento tanto para el Gobierno como para las empresas y los hogares. En particular, las tasas de interés de los préstamos externos y locales se encarecerían, afectando el acceso a crédito para proyectos de inversión y consumo.
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Además, una mayor percepción de riesgo impactaría negativamente el valor del peso colombiano frente al dólar, generando presiones inflacionarias y reduciendo el poder adquisitivo de los colombianos. Los precios de los productos importados, como bienes de consumo y tecnología, también se verían afectados, aumentando los costos para los hogares y las empresas.
Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá ha señalado que el margen para ajustar el déficit fiscal primario mediante cambios en los ciclos económicos y petroleros es limitado. A pesar de que el Plan Financiero de 2024 permitió un incremento en el límite del balance primario permitido de 0% a 0,9% del PIB debido a la revisión de la actividad económica y los rendimientos financieros, el ajuste es insuficiente.
Con un crecimiento económico proyectado de apenas 1,8% para el año, y sin margen para transacciones extraordinarias o ajustes significativos en la producción de petróleo, las opciones del Gobierno se ven reducidas a un fuerte recorte en el gasto.
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