Las imágenes difundidas en redes sociales, en las que una mujer que trabajaba en SuperGiros es ejecutada por no cumplir con las pretensiones del Ejército Gaitanista de Colombia, conmocionaron al país y dejaron abierta una realidad que todos conocen, pero que sigue dejando un rastro de sangre.
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Ese asesinato, en el que los sicarios dejaron un panfleto advirtiendo que el ataque se debía a que la empresa no pagó un “impuesto de guerra”, volvió a hacer que las miradas se posaran en los crímenes que esos grupos armados ilegales están cometiendo en las regiones sin que el Gobierno todavía siente un precedente.
Juan Andrés Carreño, presidente ejecutivo de Asopostal, habló en La FM y dio detalles del atroz asesinato de Marlén Fernanda Mozo Jiménez, mientras cumplía con sus labores en un local de SuperGiros, en Bosconia (Cesar).
Aparte de lamentar el hecho por el que la Gobernación de ese departamento ofrece una recompensa de 20 millones por información que dé con la captura de los responsables, Carreño comentó que la joven era “una persona humilde que prestaba un servicio para sacar adelante a su familia”.
El presidente de la agremiación afirmó que lo que se está “viendo es preocupante”, puesto que el “Gobierno le tiene que parar bolas” a la violencia indiscriminada en las regiones, pues de los 1.100 municipios del país en los que hay presencia de SuRed, SuperGiros y Efecty, hay amenazas contra trabajadores de al menos 300 municipios.
“Estamos perdiendo el país. No se cumplió la orden que esos grupos dieron y una persona entró a ejecutar a la trabajadora”, señaló Carreño.
Según el presidente de Asopostal, la política de ‘paz total’ del Gobierno no está dando resultados, por lo que pidió que tal como las autoridades “entraron a El Plateado, entren a Bosconia” porque, según argumentó, “a los ciudadanos no pueden sentenciarlos de muerte por no cumplir un horario”.