El Foro Perspectivas Económicas 2025, organizado por EL COLOMBIANO y Valora Analitik, tuvo éxito con más de 1.000 participantes registrados, en Bogotá. Uno de los temas más importantes de la jornada fue la descentralización fiscal del país, sobre todo con la propuesta para reformar el Sistema General de Participaciones (SGP), que está a dos debates de aprobarse en el Congreso.
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La idea es que los entes territoriales pasen de recibir el 23,8% de los ingresos corrientes de la Nación, a 46,5%. Propuesta que según Didier Tavera, director de la Federación Nacional de Departamentos (FND), “no es la panacea, sino sigue siendo una camisa de fuerza, porque aunque se entregaría más plata, el Gobierno seguiría diciéndoles a las regiones cómo gastar”.
Por su parte, la exsenadora María del Rosario Guerra recordó que la Constitución de 1991 exaltó la importancia de la descentralización, misma que se logró en ciertos aspectos, pero se quedó en veremos en términos de la autonomía fiscal para las regiones.
“En 2001, cuando se crea el SGP, se proponía girar el 46% de los ingresos de la Nación para los territorios (...) ahora no nos puede dar miedo hablar del tema de los recursos. El proyecto que se tramita es un poco cumplir ese compromiso, pero me parece que esos son más recursos sin autonomía”.
Vale recordar que la exsenadora es una de las impulsoras del Referendo por la Autonomía Fiscal de las Regiones, con el que se busca que los impuestos de renta y patrimonio dejen de ser de la Nación y pasen a ser de los departamentos y del Distrito Capital. Según los promotores, esto permitiría, en el caso de Antioquia, pasar de recibir $6 billones a $9 billones del SGP. A la fecha, el proyecto cuenta con 1,8 millones de firmas, de las 2.030.000 que necesita.
“Para la autonomía fiscal creo que el Referendo es la mejor salida, nosotros estamos trabajando en eso y de una vez en la reglamentación cuando se apruebe (...) mientras tanto, en el caso del acto legislativo hasta ahora están pensando cómo será la reglamentación y debe dar ocho vueltas (por el Congreso)”.
A su turno, Juan Daniel Oviedo, concejal de Bogotá, planteó que la reforma al SGP es un asunto económico con raíces democráticas y consecuencias políticas. Pero a pesar de los mayores giros, dijo, la plata seguiría distribuyéndose bajo métricas de población y necesidades básicas.
“En diez años Colombia ha sido capaz de reducir continuamente la pobreza multidimensional, pero la única característica de esa pobreza en la que no hemos podido avanzar en ninguno de los departamentos, es en sacar a la gente del desempleo (...) eso significa que lo que hemos llamado descentralización en infraestructura, salud o saneamiento básico ha funcionado, pero, ¿dónde está la capacidad de los alcaldes para promover empleo?”, añadió.
Otro punto importante fue el 2025 que les espera a las regiones. “Habrá una aceleración de la economía gracias al impulso regional, no por el asistencialismo, sino por el impulso de proyectos de transporte e infraestructura, pero preocupa la alta tasa de informalidad”, analizó Tavera, de la FND.
Por su lado, la senadora Guerra fue crítica. “Este Gobierno no le apostó a los grandes proyectos de infraestructura con el cuento de que esto era un tema de ricos y eso es mentira. Por ejemplo, a Antioquia le tocó sacar de su plata para terminar el Túnel del Toyo y esos recursos se hubiesen podido destinar para otras cosas”.
Mientras tanto, el concejal Oviedo comentó que la economía ya tocó fondo y empezará a crecer gracias a un rebote en 2025, con el empuje de obras civiles. “Los datos sugieren que el año que viene los acueductos y sistemas de saneamiento básico podrían impulsar la reactivación, con el riesgo de que a través de esos canales ha habido grandes problemas de corrupción”.