El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) se pronunció este martes sobre el difícil escenario fiscal que atraviesa el Gobierno Nacional, tanto en 2024 como en 2025, como consecuencia del flujo de caja.
En un nuevo pronunciamiento, el Carf aseguró que el Gobierno necesitará un mayor recorte de gasto en 2024 para cumplir con la regla fiscal este año. De hecho, según los cálculos, se estima que se necesitan $31 billones adicionales a los ejercicios contemplados por el Ejecutivo.
“Las cifras del Ministerio de Hacienda y Crédito Público muestran que el déficit primario, a agosto de 2024, supera la meta consistente con el cumplimiento de la regla fiscal de 0,9% del PIB. Esto quiere decir que entre septiembre y diciembre de 2024 el cumplimiento de la Regla Fiscal requiere superávits primarios”, mencionó el informe.
Para lograrlo, en noviembre y diciembre de 2024, el Gobierno “no podría gastar en promedio más de $15,9 billones por mes, mientras que el promedio de gasto mensual entre enero y octubre ha sido cercano a $26,5 billones”, precisó el Carf.
Con el pronóstico para el próximo año, el Carf se sumó a las previsiones que advierten sobre la incertidumbre sobre los ingresos que prevé el Gobierno Nacional.
“Con la información disponible a hoy, el Carf estima un riesgo de menor recaudo, frente al escenario de ley de financiamiento, de por lo menos $33,3 billones, compuesto por $22,6 billones por menor gestión de la Dian; $4,2 billones por menor base de recaudo del 2024 y $12 billones si no se aprueba la ley de financiamiento”. aseguró el informe de la entidad.
Esta coyuntura requeriría un ajuste de gasto del PGN 2025 de $39,1 billones para cumplir la regla fiscal.
“El Estatuto Orgánico de Presupuesto establece que, en caso de que no se apruebe la ley de financiamiento, el Gobierno deberá efectuar un recorte de gasto a inicios del año por un monto equivalente al recaudo que se espera alcanzar a través de dicho proyecto de ley”, complementó el Carf.
Para la entidad, también se requerirá ajustar el presupuesto de gasto a la capacidad de generar ingresos ciertos para cumplir con la regla fiscal en 2025, además de reducir la incertidumbre y la credibilidad fiscal. “De lo contrario, se podría impactar negativamente las primas de riesgo, los costos de financiamiento, la tasa de cambio y el valor de la deuda”, complementaron.