El salario mínimo en Colombia es un tema de debate constante entre trabajadores, empresarios y el Gobierno, porque cada diciembre se negocian los ajustes que regirán el año siguiente.
Para lo que pase en el 2025, en las próximas horas de esta semana, representantes del Gobierno Nacional, de los trabajadores y de los empresarios, iniciarán las negociaciones del incremento del salario mínimo en Colombia, que comenzará a regir el 1 de enero.
En esta disputa histórica, algunos años han dejado huella por incrementos sobresalientes, como ocurrió para el 2023, con un alza del 16%, la mayor del siglo XXI, producto de la alta inflación; mientras que otros han quedado marcados por su modestia, como el 3,5% del 2021, la subida más baja de este siglo, por cuenta de la pandemia.
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Por ejemplo, en el 2000, bajo la Presidencia de Andrés Pastrana, el salario mínimo era de $260.100, pero ese año se dio un significativo aumento del 10%, elevándolo a $286.000. Este ritmo se mantuvo en 2001 con otro 10% de incremento, consolidando el inicio del milenio como una etapa favorable para los trabajadores en términos porcentuales.
Sin embargo, la historia no siempre ha sido tan generosa. A lo largo de los gobiernos de Álvaro Uribe (2002-2010) y Juan Manuel Santos (2010-2018), los aumentos oscilaron entre el 4% y el 7,67%, siendo este último el más alto registrado en 2009, cuando el salario subió. $496.900.
Este aumento, aunque por encima del promedio, reflejaba los retos de una economía mundial en crisis tras la recesión de 2008.
En 2016, durante el gobierno Santos, el salario mínimo se fijó en $689.454 con un aumento del 7%. Sin embargo, lo particular de ese año fue la falta de consenso en la mesa de negociación, lo que obligó al Gobierno a tomar la decisión de decretar el alza, desatando críticas tanto de sindicatos como de empresarios.
Esto también se repitió en diciembre de 2023, para el mínimo de 2024, cuando el incremento del salario fue decretado por el Gobierno en 12%, resultado de la falta de consenso entre sindicatos, gremios y Gobierno.
El panorama cambió significativamente con la llegada de Iván Duque (2018-2022) y, posteriormente, Gustavo Petro. En 2022, el aumento fue del 10,07%, llevando el salario mínimo a $1.000.000 por primera vez en la historia del país.
Este incremento, ampliamente celebrado por los trabajadores, marcó un récord en términos absolutos, aunque generó tensiones con algunos sectores empresariales preocupados por su impacto en costos operativos y desempleo.
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En 2024, bajo el gobierno de Gustavo Petro, el salario alcanzó $1.300.000, con un incremento del 12,07%. Este fue el segundo mayor aumento desde el inicio del siglo, reafirmando el énfasis de su administración en mejorar el poder adquisitivo de los colombianos.
Por el contrario, los años de menor incremento porcentual resaltan 2013 (4,02%) y 2004 (4%), ambos durante gobiernos de Santos y Uribe, cuando se registró estabilidad macroeconómica, pero con inflación baja y metas de austeridad fiscal que limitaron los aumentos salariales.
Con las negociaciones para 2025 en curso, se anticipa un aumento cercano al 6%, que sumaría inflación más productividad. Si se concreta, este porcentaje estaría por debajo del promedio de los últimos tres años, pero alineado con incrementos de años como 2018 (5,9%), 2019 y 2020 (6%).
En términos absolutos, sin embargo, el salto sería más notable debido al crecimiento sostenido del salario en los últimos años.
Por ejemplo, en 2019, un aumento del 6% llevó el salario de $828.116 a $877.803. Si el salario en 2025 sube 6% desde los $1.300.000 actuales, llegaría a $1.378.000 aproximadamente, consolidando una diferencia significativa en términos reales frente a años anteriores, cuando los aumentos eran de doble dígito.
Cabe recordar que, históricamente, los aumentos del salario mínimo han ido de la mano de la inflación, pero no siempre en proporciones iguales. Mientras que en 2022 y 2024 los incrementos superaron ampliamente la inflación, en años como 2013 y 2015 el aumento salarial apenas logró cubrirla.
Este equilibrio entre mantener el poder adquisitivo y no afectar la competitividad económica sigue siendo uno de los mayores desafíos para los negociadores.
Así, 2025 se presenta como un año de inflexión. Con una inflación moderada proyectada y la presión de mantener el poder adquisitivo, el próximo incremento definirá si se prioriza a los trabajadores o a los empresarios en un escenario económico aún incierto.
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