El Ministerio de Hacienda publicó el viernes pasado las cifras de ejecución presupuestal de 2024 con corte a noviembre, revelando que los compromisos del Presupuesto General de la Nación (PGN) alcanzaron el 80,8%.
Este porcentaje equivale a $406,7 billones de los $503,6 billones aprobados para el año, dejando sin ejecutar cerca de $97 billones. Aunque hubo un repunte en los últimos meses, el avance no es suficiente para evitar que 2024 sea uno de los años con peor desempeño en ejecución presupuestal reciente, afectando particularmente los rubros de inversión.
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Según la firma de análisis de datos Dapper, con base en cifras del Ministerio de Hacienda, la ejecución del presupuesto en noviembre de 2024 está en mínimos históricos. Es la más baja desde 2019, cuando se mide por obligaciones y ocupa el segundo lugar más bajo en compromisos.
El rezago presupuestal del 2024 no es menor si se compara con años anteriores. Según el Ministerio, los compromisos de este año están cinco puntos por debajo del promedio de 85% registrado en otras vigencias, exceptuando el 2020, año de la pandemia.
Mientras tanto, las obligaciones —contratos ya formalizados— alcanzaron solo el 71,1% ($358,1 billones), y los pagos efectivos se ubicaron en 70,1% ($353 billones). Estos indicadores también están por debajo de lo usual, cuando rondaban el 80%.
En perspectiva histórica, esta es la ejecución más baja desde 2019. Incluso en 2020, cuando la pandemia desestabilizó la economía global, las obligaciones alcanzaron el 71,3%, superando ligeramente el desempeño actual. En comparación, para el mismo periodo del 2023, el gobierno ya estaba en el 79,4% de los recursos asignados.
Una revisión sectorial revela importantes diferencias en la ejecución. Entre los sectores con mejores cifras están Salud y Protección Social (92,1%), Igualdad y Equidad (91,6%), Educación (90,2%) y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (88,3%).
Por su parte, los sectores con los peores desempeños son Hacienda (51,1%), Deporte y Recreación (56,5%) y Trabajo (68,3%), mientras que entidades como la Registraduría (60,1%) también se quedan rezagadas.
Un caso llamativo es el del Ministerio de Igualdad, que ha ejecutado apenas el 3,11% de su presupuesto asignado de $1,8 billones. A noviembre, esta cartera había comprometido solo $56.013 millones, de los cuales se han pagado $54.169 millones. Esto ha impactado negativamente al sector de Igualdad y Equidad en general, cuya ejecución promedio es del 68,46%, con otros organismos del ramo mostrando un desempeño superior, como el ICBF (79,28%).
En contraste, el Ministerio de Salud lidera la ejecución presupuestal con un 93,05%, seguido por el Ministerio de Educación (88,01%) y el de las TIC (85,16%). Estas cifras muestran una brecha notable en la capacidad de gestión de las diferentes carteras.
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Si bien el presupuesto global muestra rezagos preocupantes, el caso más crítico es el de la inversión. Este rubro, clave para el crecimiento económico, es el que más sufre los efectos de la baja ejecución.
De los $100 billones previstos para el 2024, solo se han comprometido $78,4 billones (78,4%), dejando más de $21 billones sin asignar.
Las obligaciones y pagos relacionados con inversión presentan cifras aún más alarmantes. Solo se han obligado $44,8 billones (44,8%) y pagado $44,5 billones (44,5%), lo que significa que menos de la mitad de los recursos destinados para proyectos e infraestructura se han materializado en la economía. En comparación, para el mismo periodo del 2023, la ejecución de la inversión era del 81,1%, y en el 2022 alcanzaba el 88%.
El cambio en el liderazgo del Ministerio de Hacienda añade otra capa de incertidumbre a este panorama. La salida de Ricardo Bonilla, quien presentó su renuncia la semana pasada, y la llegada de Diego Guevara como nuevo ministro ponen el foco en las dificultades que enfrenta el gobierno para manejar las finanzas públicas.
Guevara, quien ya se desempeñaba como viceministro, hereda un contexto fiscal complejo. Por un lado, debe lidiar con la caída en el recaudo tributario, que en septiembre mostraba un déficit de $18 billones frente a lo proyectado. Por otro, el déficit fiscal estimado en 5,6% del PIB para este año es el más alto en dos décadas, excluyendo el periodo de la pandemia.
“Las cifras actuales muestran que el nuevo ministro tiene el enorme reto de equilibrar las finanzas públicas y reactivar la economía usando los recursos del presupuesto”, señala Dapper en su análisis.
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La baja ejecución del presupuesto también complica las discusiones sobre la reforma tributaria que el gobierno de Gustavo Petro busca impulsar para el 2025. El Ejecutivo ha planteado la necesidad de recaudar $12 billones adicionales, pero la oposición ha cuestionado esta iniciativa, señalando que antes de buscar más recursos se deben ejecutar los ya disponibles.
“Presidente, nuestro llamado es que enfoque sus esfuerzos en los $97 billones que tienen sin ejecutar, antes de una reforma que ponga más impuestos a los colombianos”, afirmó el presidente del Senado, Efraín Cepeda.
El Ministerio de Hacienda, sin embargo, argumenta que los compromisos de gasto primario —excluyendo el servicio de la deuda— han crecido un 12,9% frente al 2023, pero esta comparación se realiza en pesos corrientes, mientras que el presupuesto aumentó un 18,9% en términos nominales.
Para Marc Hofstetter, profesor de macroeconomía de la Universidad de los Andes, en declaraciones a medios, la situación de Colombia refleja una combinación de factores internos y externos. “La pandemia llevó a muchos países a aumentar sus gastos para proteger a las familias, a las empresas y al empleo. Eso disparó la deuda pública”, explica.
Sin embargo, otros países han tomado medidas más drásticas para revertir estos desequilibrios. “Quizás mantuvimos el pie en el acelerador del gasto y ahora tenemos una combinación de alta deuda y alto gasto que no hemos terminado de resolver”, añade.
Con menos de un mes para cerrar el año, el Gobierno Petro enfrenta semanas decisivas para definir no solo el resultado final de la ejecución presupuestal, sino también el futuro de sus metas económicas.
La inversión estatal, clave para dinamizar la economía, sigue siendo el eslabón más débil, mientras que las tensiones fiscales ponen en jaque la estabilidad del país.
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