Entre los cambios de la ponencia para el primer debate de la reforma tributaria hay un ajuste a la sobretasa en el impuesto de renta que pagan las empresas del sector de petróleo y gas.
Esta sobretasa se calcula con base en los precios internacionales del petróleo y se aplica a las empresas con una renta gravable igual o superior a 50.000 UVT ($2.353.250 millones).
La modificación principal radica en el aumento de los puntos adicionales que se suman a la tarifa general del impuesto de renta, dependiendo del precio promedio del petróleo crudo de referencia Brent.
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Es decir, la reforma propone aumentar la sobretasa del 15% al 20% cuando el precio promedio del petróleo crudo de referencia Brent supere el percentil 60 de los precios promedio mensuales de los últimos 120 meses.
Ante esto, la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP), el gremio de las petroleras, manifestó su profunda preocupación ante la propuesta de aumentar la sobretasa del impuesto de renta al petróleo, “una medida que podría comprometer severamente el futuro energético y económico del país”.
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El gremio recuerda que, en 2022 el Gobierno nacional promovió una reforma tributaria que incluyó, “sin el respaldo de un análisis técnico riguroso, una sobretasa al petróleo de 5, 10 y 15 puntos adicionales al impuesto de renta, justificada en los altos precios internacionales” (para ese año promediaron los 100 dólares por barril, precios que actualmente han bajado a cerca de los 70 dólares, lo cual es incoherente con el incremento en la sobretasa que se propone).
La ACP detalló que fruto de dicha decisión, este sector hoy tiene una tasa efectiva de impuesto de renta de hasta el 50%, mientras otros no llegan siquiera al 30%, “lo cual evidencia un claro ejemplo de inequidad tributaria”.
Ahora, la reforma, conocida como Ley de Financiamiento, aumentaría la sobretasa del impuesto de renta para la exploración de petróleo hasta en 5 puntos porcentuales, llevándola hasta el 20%.
“Esto implicaría un impuesto de renta del 55% para la industria, además del pago de regalías, derechos económicos, contribuciones sociales, ambientales y demás aportes que esta realiza, desbordando con ello su capacidad contributiva y desincentivando sus inversiones en el país”, se lee en el comunicado.
La ACP enfatizó en que, para la industria, esta medida supone un nuevo cambio en las reglas de juego que pondría en riesgo la sostenibilidad económica de los proyectos e incidiría en menor inversión exploratoria y de desarrollo, por lo cual, también en nuevas reservas y producción futura.
“Como consecuencia de la reforma de 2022, las inversiones exploratorias se han reducido en un 57%, lo que ha llevado a que las inversiones voluntarias caigan a mínimos históricos. Aquí es importante considerar que, si no se hubiera debilitado al sector, no se necesitaría Ley de Financiamiento”, afirmó Frank Pearl, presidente ejecutivo de ACP.
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Agregó que esta tendencia se agrava con nuevas cargas impositivas, por lo que, con este panorama, se vislumbra el final de la actividad exploratoria en Colombia a partir del 2030, en razón a que incrementos adicionales a la sobretasa inviabilizaría la exploración.
La justificación de la ponencia para este aumento se basa en la capacidad del sector petrolero para contribuir más al Estado, considerando su alta rentabilidad y su dependencia de recursos no renovables. Se argumenta que esta medida no afectará la viabilidad económica del sector, ya que la sobretasa solo se activa en periodos de precios altos.