La discusión sobre el incremento del salario mínimo para 2025 sigue calentando motores. La ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, anunció que el próximo 11 de diciembre se presentarán las propuestas formales de aumento, dando inicio a una semana clave para lograr consensos.
Además, reveló un tema que podría transformar varios sectores económicos: la desindexación de ciertos servicios.
La desindexación consiste en desligar el precio de productos y servicios del incremento del salario mínimo o del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Esto se hace para evitar que los aumentos salariales disparen los costos de bienes y servicios, afectando la capacidad adquisitiva de los colombianos.
Según explicó la ministra Ramírez, esta medida busca equilibrar los efectos del alza salarial. “Además de la cifra del salario mínimo, deben tomarse otras medidas como la desindexación en algunos sectores, especialmente en microcréditos, vivienda y turismo”, afirmó.
Actualmente, varios servicios están directamente atados al salario mínimo, como las consultas médicas con particulares, servicios de peluquería y cuidado personal, y la reparación de vehículos.
Por otro lado, algunos precios están indexados al IPC, como los arriendos, el transporte intermunicipal y los servicios de comunicación, incluidos el internet y la telefonía móvil.
Sin embargo, hay bienes que no están indexados ni al salario mínimo ni al IPC, como el transporte urbano, la electricidad y los combustibles, que este año han sido responsables de buena parte de la inflación.
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La propuesta del Gobierno incluye evaluar qué servicios y productos podrían ser desindexados para mitigar el impacto inflacionario. Entre los sectores que se revisarán están los precios de vivienda, productos agropecuarios y actividades relacionadas con el turismo, según detalló la ministra.
De esta manera, la titular de la cartera laboral indicó que en la discusión se tendrán que acordar que artículos y servicios podrían salir de la desindexación, para no impactar los precios de vivienda, temas de microcrédito, productos del agro y actividades del turismo.
La mesa tripartita, integrada por el Gobierno, empresarios y sindicatos, tiene como plazo hasta el 15 de diciembre para alcanzar un consenso sobre el incremento salarial. Si no se logra un acuerdo, el Ejecutivo tendrá que fijar el aumento por decreto antes del 30 de diciembre.
“Si no llegamos a consensos, convocaremos sesiones extraordinarias. Nuestro objetivo es construir una cifra que beneficie a los trabajadores sin afectar el empleo ni la competitividad empresarial”, aseguró Ramírez.
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